Tras conocerse el fallo de la Corte Constitucional que declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales por  las fallas en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las exguerrillas de las Farc.

El alto consejero presidencial del posconflicto, Emilio Archila, aseguró que el compromiso del Gobierno del presidente Iván Duque, en torno a la implementación y seguridad de los excombatientes ha estado desde el primer día. 

Archila aseguró que "este es el proceso de desarme que ha presentado menor grado de afectación, por cada mil personas. En el proceso inmediatamente anterior, el del presidente Juan Manuel Santos, se registró once muertos por cada mil reincorporados". 

Del mismo modo detalló que desde la administración de Duque, se ha logrado diminuir al 30% los homicidios de los reincorporados, sin embargo "la meta es cero, ni una sola muerte". En este sentido aseguró que rechaza el fallo de la Corte.

"Por eso no compartimos los criterios que hayan llevado a qué hay un estado de cosas Inconstitucional. En este momento hay 17 entidades del orden nacional que desde hace meses y años trabajan en la protección de las excombatientes". Dijo Archila quien agregó que "hay más de 171 personas condenadas por los asesinatos a los excombatientes.

Por otro lado comentó que por parte de la UNP pasaron de 600 a más de 1.800 hombre dedicados a los esquemas de protección y seguridad para los acogidos al acuerdo de Paz. 

Finalmente aseguró que la corte desconoce los avances que se han hecho desde hace dos años y recalca que " la Corte indica que en la mesa técnica de seguridad se deben acelerar los procedimientos para reaccionar a los anuncios de emergencia y eso ya se traía y la JEP lo reiteró, ahora lo haremos con mayor énfasis". 

En cuanto los 25 municipios que la Corte pide mayor protección, el consejero aseguró que hay 3.000 excombatientes en los antiguos espacios territoriales y "para ellos hay un batallón dándoles seguridad, lo otros excombatientes están en 500 municipios del pais, en este sentido los esquemas de seguridad son coordinados con las autoridades locales".

Fallo de la Corte Constitucional

El fallo del alto tribunal consideró que los "derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz" de los antiguos rebeldes "fueron desconocidos" por entidades estatales. Teniendo en cuenta "el alto número de firmantes del acuerdo final de paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados.

Con una votación de 5 contra 4, la sala plena de la Corte adoptó este mecanismo de origen jurisprudencial que se declara en escenarios de graves violaciones de derechos fundamentales y ante la incapacidad del Estado para proteger a las víctimas. 

La Corte Constitucional ordenó al gobierno que "adopte las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el acuerdo final de paz", advirtió la magistrada Pardo.

La decisión incluye la creación de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte que verifique el cumplimiento de las órdenes emitidas en el fallo. 

También pidió a la Unidad Nacional de Protección, encargada de los esquemas de seguridad de las personas amenazadas, que revalúe el riesgo al que se enfrentan los exguerrilleros y tome nuevas medidas para evitar que los maten.

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El gobierno del presidente Iván Duque ha sido crítico del acuerdo que firmó en 2016 su antecesor, Juan Manuel Santos, con las Farc.

Cabe recordar que Duque intentó reformar el pacto de paz a través del Congreso, anclado en su rechazo al sistema especial de justicia que investiga los peores crímenes cometidos durante el conflicto de casi seis décadas con las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los exguerrilleros comparecen ante la justicia de paz, mientras son blanco de la peor arremetida de grupos que se marginaron del histórico acuerdo y otras organizaciones financiadas por el narcotráfico, que según las autoridades son los principales responsables de los crímenes contra las antiguas FARC.

Comunes celebró el fallo

El partido Comunes, el surgido de la desmovilización de la guerrilla de las FARC, celebró la declaración del Tribunal Constitucional de Colombia en la que denuncia una violación sistemática por parte del actual Gobierno del presidente, Iván Duque, de los acuerdos de paz firmados en 2016 en La Habana.

"Es una decisión importante a favor del acuerdo de paz (...). Esta declaración de la Corte prueba que el Gobierno omitió la normativa constitucional", ha señalado Pastor Alape, antiguo guerrillero de las FARC y uno de los delegados de Comunes.

Para Alape, la declaración del Constitucional "es una prueba irrefutable del fracaso" de la política de Duque bajo el eslogan 'la paz con legalidad', "una mentira que le ha costado la vida a más de 300 firmantes de la paz", ha recordado.

En esa línea se ha manifestado la senadora de Comunes Judith Simanca, alias 'Victoria Sandino', quien ha recalcado que la decisión del Constitucional no ha hecho más que corroborar lo que han estado haciendo desde un principio, que "en Colombia hay un incumplimiento sistemático del acuerdo de paz".