Tras la decisión de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de condenarlo por parapolítica a más de siete años de cárcel, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, a través de un video en su cuenta de Twitter, aseguró que apelará la decisión del alto Tribunal.

El dirigente político quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos y fue procesado por el presunto apoyo electoral que habría recibido entre 2001 y 2007 de parte de grupos paramilitares.

El exgobernador respondió en una declaración en la que reiteró que es “inocente” y afirmó que continuará “dando la cara a la justicia”, confiado en que se reconozca su inocencia en segunda instancia.

“He sido víctima de falsos testigos cuyas declaraciones han dado lugar a una decisión en primera instancia que me afecta a mí y a mi familia. Apelaré a la segunda instancia donde se demostrará mi inocencia”, afirmó en un video en el que también recordó que estuvo “injustamente privado” de su libertad por tres años y tres meses.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia determinó la condena a 7 años y 11 meses de prisión en centro carcelario y multa de 7.749,65 salarios mínimos e inhabilidad vitalicia para ocupar cargos públicos.

Dicha instancia lo declaró responsable del delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

Expresó la Corte, mediante un comunicado, que “para la Sala, la valoración conjunta de los medios de prueba efectuada evidencia sin lugar a dudas los acuerdos a que llegó con comandantes de grupos de autodefensa, para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado de la República y a la Gobernación del departamento de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007”.

as, sino porque también podían asegurarle votos. A cambio, el exfuncionario se puso a disposición de estos grupos ilegales.

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La decisión mayoritaria, con registro de un salvamento de voto, concluyó que el exsenador Ramos Botero “no fue un instrumento utilizado por otras personas para la obtención de los fines que tanto él como las organizaciones paramilitares perseguían, fueron actos planeados que se gestaron a través de las distintas reuniones consolidadas durante varios años a partir de 2001, conforme lo dieron a conocer los testigos de cargo analizados”.

Para la Sala Especial de Primera Instancia, también quedó demostrado que el excongresista prestó “su concurso para que la Ley de Justicia y Paz fuera más benévola para los aludidos grupos ilegales, como se discutió en el Legislativo para el año 2005. En ese orden, es claro que asistió conscientemente a la reunión de Bellanita, pese a no contar con autorización legal del gobierno nacional para adelantar acercamiento, diálogos o negociaciones con grupos al margen de la ley”.

Agregó el alto Tribunal que “está probado el compromiso que adquirió el acusado con la organización en la reunión. Iván Botero le dio a conocer el interés de Vicente Castaño en que hiciera uso de su liderazgo en el Congreso de la República para que la Ley de Justicia y Paz les fuera más favorable, confirmado por Pablo Hernán Sierra García, otro de los jefes paramilitares presentes, aseverando que se obligaron a trabajar el proyecto como se conoció posteriormente, y la Ley de Justicia y Paz efectivamente contribuyó a las pretensiones de las Auc, pero la Corte Constitucional el 18 de mayo de 2006 tumbó la sedición”.

Finalmente, la Sala Especial de Primera Instancia del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria declaró que no procede la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria. Sin embargo, dispuso que Ramos Botero siga gozando de su libertad hasta tanto quede en firme esta sentencia en su contra.