EL AGRAVIO a uno de los afluentes más importantes del país fue consignado en el Caso 05, que da prioridad a la situación territorial del norte de Cauca y del sur de Valle del Cauca. A través del mismo auto, la JEP ha escuchado las declaraciones hechas por integrantes del inexistente Bloque Calima de las AUC, quienes han confesado alianzas entre dicha organización y miembros de la fuerza pública para la desaparición de cuerpos de víctimas en las aguas del Cauca entre los años 2000 y 2004.
“Esta información ha sido confirmada en diversas fuentes como versiones libres realizadas en Justicia y Paz, informes y narraciones de las víctimas”, manifestó la JEP, a través de un comunicado, en el que señala que las trasgresiones a la naturaleza representan una grave violación a los derechos humanos.
Es importante recordar que dicho organismo acreditó territorios en el proceso judicial en medio de investigaciones como las del Caso 05 y las del Caso 02, este último encargado de priorizar la situación territorial en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño).
En torno al Caso 05, “fue el primero en el que se reconoció como crímenes de guerra las afectaciones graves a la naturaleza cometidas en desarrollo del conflicto armado”, destacó la JEP.
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Falsos positivos
La Sala de Reconocimiento de la JEP dio a conocer una nueva fase de priorización, la cual contempla la ruta de trabajo nacional en el Caso 03. La intención es “establecer las presuntas responsabilidades de altos mandos del Ejército Nacional, de agentes de Estado no integrantes de la fuerza pública, y de civiles, por los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate”.
Dicha instancia implementa un mecanismo de trabajo paralelo que, según expertos de la JEP, va de arriba hacia abajo. “A través de ella busca verificar si los patrones macrocriminales determinados por la JEP fueron replicados en otros territorios y si respondieron a factores comunes de alcance nacional en el que estarían comprometidos altos mandos militares”, destacó el organismo.
Esto quiere decir que la JEP está lista para ascender en la cadena de mando militar, a la vez que continúa las pesquisas de los seis subcasos que fueron priorizados inicialmente en el Norte de Santander, Antioquia, Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila, así también como en el subcaso conjunto del cementerio de Las Mercedes de Dabeiba.
“Con esta metodología, no se atribuirá responsabilidades a altos mandos militares, basándose única y exclusivamente en su jerarquía o posición de mando. Por el contrario, se busca garantizar que toda imputación que se haga a altos mandos militares y civiles esté debidamente sustentada con la evidencia judicial sobre su participación directa o indirecta, activa u omisiva, en el desarrollo de la práctica criminal”, informó la Jurisdicción Especial para la Paz.