SENDAS ADVERTENCIAS hicieron ayer las entidades que hacen parte del Ministerio Público, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, sobre las políticas que viene adelantando el gobierno Petro en torno a la infraestructura vial y los trámites de comercio exterior. Esta última manifestó su preocupación por la inestabilidad jurídica en contratos de concesiones viales, en situaciones como cuando se ve afectado el cierre financiero debido a que por protestas de los ciudadanos no funcionan los peajes.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el anuncio del ministro de Transporte, William Camargo, sobre lo que sería la terminación anticipada del contrato de concesión vial ‘Autopistas del Caribe’, porque no logró el cierre financiero.

El ministro dijo a mediados de febrero pasado que “el recaudo que habían logrado los otros peajes y alimentaba la subcuenta, ya no permite cubrir la pérdida de ingresos del peaje de Turbaco. Se ha generado un hueco inmenso que botó al piso, literalmente, la posibilidad de que esa concesión se haga”.

El peaje de Turbaco no operó entre 2021 y 2023 por protestas de la comunidad que se opone a su cobro. Desde agosto del año anterior se reactivó el cobro en categorías III, IV y V y se mantienen suspendidas las categorías I y II.

La Defensoría del Pueblo advirtió que el no cobro de los peajes o no permitir su instalación dificulta el cierre financiero de cualquier contrato en la materia y abre la puerta a su inestabilidad jurídica, lo que afecta la credibilidad y los proyectos entre el sector público y los empresarios.

Para la entidad, “lo dicho por el ministro, además, pone en entredicho la financiación de obras de infraestructura vial que no podrán ser fondeadas en su totalidad con recursos del erario público. Y si continuamos hablando de inestabilidad jurídica en los contratos, conduce a un retraso de las obras que impactan directamente los derechos económicos y de movilidad de la población”.

Agregó la Defensoría del Pueblo que la carencia de infraestructura conlleva la falta de impulso de sectores económicos, como el turismo, el de la agricultura, entre otros.

“El deterioro de los corredores viales y su no mantenimiento afectaría las logísticas portuaria, industrial y comercial, lo que repercutiría en los precios de los productos que consumen los colombianos”, manifiesta la Defensoría del Pueblo.

Desde la entidad se cuestionó si habrá contribución para el cierre financiero de los proyectos que pueden ser afectados por medidas de no cobro o no instalación de peajes, “¿cuál será el esquema de financiación que se plantee como alternativa a las alianzas público-privadas?, ¿de dónde saldrán los recursos necesarios para continuar el desarrollo de infraestructura de conectividad?”, dijo.

Procedimientos en comercio exterior

En tanto que la Procuraduría advirtió en desarrollo de una acción preventiva que se desconocen estudios con los aspectos técnicos y operativos sobre los cambios que quiere implementar el Gobierno en los procedimientos de importación y comercio exterior, por lo que los consideró inviables.

La Entidad alertó sobre la inconveniencia de aprobar la modificación al Decreto 1165 de 2019, que ofrece seguridad jurídica a los usuarios aduaneros, a los que se pretende hacer declarar de manera anticipada las mercancías que van a recibir, las que planean exportar o las que trasladan a zonas francas.

Advirtió que adoptar esa medida sin un estudio técnico de impacto regulatorio y sin un plan operativo que permita establecer las ventajas de exigirles una declaración previa podría provocar congestiones en los lugares de arribo, dada la capacidad actual de los puertos y aeropuertos y las restricciones de tipo humano y logístico para atender el flujo de operaciones.