Álvaro Uribe es el primer expresidente colombiano en ser llamado a juicio después de que ayer un fiscal delegado ante la Corte Suprema radicó escrito de acusación como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. La decisión se produce poco después de que Luz Camargo asumiera como Fiscal General, pues en la administración de Francisco Barbosa en dos oportunidades solicitaron archivar la investigación porque, dijeron, no hay pruebas que demuestren su responsabilidad en este caso, sin embargo, fueron negadas por los jueces.

El exmandatario fue investigado porque supuestamente instruyó a su abogado para entonces, Diego Cadena, para que ofreciera dádivas y conseguirles beneficios penales a los exparamilitares en la cárcel Juan Guillermo Zuluaga y Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, para que cambiaran ante la Corte Suprema la declaración en que lo señalaron de supuestos vínculos con paramilitares. Y que además para que dijeran que el hoy senador Iván Cepeda les hizo ofrecimientos con el fin de  que inculparan a Uribe Vélez. 

Sin embargo, la Corte archivó la indagación a Cepeda y en cambio llegaron a sus manos audios de llamadas que comprometerían a Uribe con los ofrecimientos por medio de Cadena a los dos exparamilitares. El alto Tribunal abrió en 2018 la investigación al exmandatario,  que después pasó a manos de la Fiscalía debido a que renunció a la curul que en aquel tiempo ocupaba en el Senado, a nombre del Partido Centro Democrático.

En mayo de 2023, la juez 41 penal de conocimiento, Laura Barrera, negó la preclusión de la investigación que por segunda vez solicitó la Fiscalía por medio del fiscal delegado Javier Cárdenas, al considerar la juez que “existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva”.

En abril del 2022, la jueza 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Carmen Elena Ortiz, negó la petición de preclusión que presentó el fiscal delegado Gabriel Jaimes, al concluir que el ente no logró demostrar la tesis de que el expresidente de la República no cometió delito y cuestionó al organismo por no realizar "una investigación rigurosa".

La Fiscalía indicó ayer en un comunicado que el fiscal delegado ante la Corte Suprema radicó el escrito de acusación “a partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho”.

Tras ser negada por segunda ocasión la preclusión de la investigación, el proceso le correspondió por reparto al fiscal delegado ante la Corte, Gilberto Villarreal. Esto ocurrió hace tres meses, es decir cuando Francisco Barbosa estaba al frente de la Fiscalía.   

 Una vez el Centro de Servicios Judiciales del complejo de Paloquemao, en Bogotá, cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del circuito al que le corresponda el juicio, se realizará la audiencia de formulación de la acusación a Uribe Vélez.

Términos judiciales

La Fiscalía dijo que “garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo, ahora el investigado y su defensa y la agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo”.

Teniendo en cuenta la sobrecarga de procesos y trabajo de los operadores en la rama judicial en Colombia, un juicio penal puede tomar entre 2 y 4 años, cuando no hay detenido como es en el caso de Uribe, que se sumarían a los 6 años que tardó el proceso entre la apertura de la investigación y la acusación que hizo ayer la Fiscalía.

Por ello, el proceso podría caerse en agosto de 2026, si para entonces el juez no ha emitido un fallo absolutorio o condenatorio, porque  los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal prescriben a los 6 años de efectuada la indagatoria.

De resultar encontrado culpable por estos delitos el expresidente Uribe podría recibir una condena que va entre 8 y 10 años de prisión.

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Jaime Granados, uno de los abogados de Uribe, dijo poco antes de que se conociera esta decisión que “ante las noticias que circulan en medios sobre la existencia de un comunicado de prensa de la Fiscalía
 en relación con llamado a juicio a Álvaro Uribe Vélez,  esta defensa informa que no ha recibido notificación de esta decisión ni traslado de escrito de acusación. Estaremos atentos”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe dijo que “mañana (hoy) temprano procuraré dar una opinión sobre la acusación”.

Mientras que el exjefe de Estado Iván Duque mencionó su respaldo a Uribe en este trance. “Una persona que ha dado todo por Colombia, que ha luchado por nuestro país, que ha luchado por la justicia de nuestro país, que ha enfrentado con hidalguía el terrorismo”, indicó. Agregó Duque que “quienes lo conocemos, quienes lo hemos tratado y quienes lo queremos sabemos no solamente que él saldrá adelante, sino que para él salir adelante será también la demostración de que en Colombia existe verdadera justicia”.

En tanto que el Centro Democrático, el partido que fundó Uribe y es su principal líder, manifestó en un comunicado “su dolor y tristeza ante el reciente anuncio judicial sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Agregó que “como una gran mayoría de colombianos que ha creído y respaldado a Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático mantiene su firme convicción en la inocencia y honorabilidad del expresidente cuyo trabajo y legado por Colombia ha sido con amor infinito y gran compromiso de Patria”.

Finalmente, la colectividad dijo que confía en las instituciones democráticas e hizo un llamado a que se respete el debido proceso al expresidente. 
 
En tanto que la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo que “el inicio del juicio al Presidente Álvaro Uribe que es inocente y que le ha servido tanto a este país, es el complemento perfecto a este gobierno que pretende desconocer todo lo que tiene Colombia y destruir todo lo que sea valioso”.

Así mismo, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, dijo que “un país con justicia y garantías ciudadanas lo es todo. Un país sin justicia es nada y un país con su justicia politizada sería una tiranía.
Solidaridad con el Presidente Álvaro Uribe, quien tiene una trayectoria vital y decorosa en lo político y lo personal; que honra su comportamiento apegado a la ley y al respeto institucional”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, quien fue reconocido víctima en este proceso, dijo que “con mis abogados y abogadas, siempre hemos creído en la justicia. Incluso en los momentos más oscuros. Espero que la decisión que hoy toma la Fiscalía contribuya a esclarecer la verdad, y a construir la paz y la reconciliación nacional”.

En tanto que la senadora María José Pizarro, también del Pacto Histórico, dijo que “por primera vez, un expresidente es llamado a juicio penal. Nadie, por más poderoso que sea, está por encima de la Ley, señor Álvaro Uribe. Las víctimas deben gozar de todas las garantías judiciales. Exigimos que la verdad sea esclarecida”. 

Mientras que ministro de Justicia, Néstor Osuna, reaccionó señalando que “el Gobierno respeta y obedece todas las decisiones judiciales, en este caso respetamos la decisión de la Fiscal General”.