UNA POLÉMICA jurídica se suscitó ayer entre el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), luego de conocerse el contenido de una carta que el presidente Gustavo Petro envió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para respaldar el Acuerdo de Paz de 2016.

En la misiva que llegó a la oficina del secretario general de dicho organismo internacional, António Guterres, el jefe de Estado lanzó algunos dardos a la JEP, haciendo especial referencia a sus obligaciones. Al respecto, aseguró que “esquivarlas o eludirlas” acarrearía sanciones.

“Habrá un empeño adicional para que la Jurisdicción Especial para Paz (JEP), tribunal internacionalizado, se consolide como modelo, referente, para y de todas las naciones del mundo. De allí que ponga el suscrito de presente que la JEP habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia en los términos consignados en el Documento Oficial S/2017/272 del Consejo de Seguridad. Permítaseme recordar entonces el principio conditio sine qua non que hará de la JEP un referente universal”, fue parte del controvertido mensaje del mandatario nacional en la carta.

También dijo al secretario general de la ONU que la JEP “deberá tener en cuenta toda la competencia personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada”.

Además, destacó que el órgano de justicia transicional deberá aplicar el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal.

“Igualmente deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía cuando haya lugar a ella en los términos pactados y al tenor del articulo 6(5) del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949”, establece la misiva de Petro a la ONU.

Asimismo, destacó que “por ningún motivo podrá limitar o condicionar la JEP el derecho a la verdad. Derecho inalienable del país todo y de las víctimas del conflicto armado interno. Habrá de tomarlo y asumirlo como es y corresponde: un derecho ius cogens, norma imperante de orden público imposible de eludir. El esquivarlo o eludirlo conllevaría responsabilidades”.

El presidente Petro manifestó que la JEP debe tener presente el principio universal nulla poena sine lege.

“El Tribunal para la Paz, JEP, deberá tener en cuenta que es órgano de cierre de la Jurisdicción Especial. Propiciaré sin escatimar esfuerzo que la Jurisdicción Especial para la Paz cumpla su gran cometido: la paz como derecho síntesis”, señaló el jefe de la Casa de Nariño en la misiva.

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Por último, destacó que como presidente de Colombia y como representante del Estado “manifiesto una vez más que haré cumplir el Documento Oficial S/2017/272 del Consejo de Seguridad”.

Respuesta de la JEP

Horas más tarde de conocerse el contenido de la carta de Petro a la ONU, la JEP, a través de su presidente, magistrado Rodrigo Vidal, se pronunció, exigiendo respeto a la autonomía e independencia de dicho organismo.

“El ‘Acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera’ creó un órgano judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), independiente de todos los poderes públicos. La JEP está encargada de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas con ocasión del conflicto armado y ocurridas hasta el 1 de diciembre de 2016”, establece el comunicado.

Además, destacó que solo se han sometido a lo establecido en la Constitución Política.

“Desde sus inicios, la JEP ha tomado decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos, únicamente sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de derecho”, según la misiva hecha pública por el magistrado Vidal.

También resaltó que el hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz “no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP”.

Además, hizo referencia a que quienes estén sometidos a dicho organismos tienen diferentes mecanismos para debatir las decisiones que desde ella sean tomadas.

“Los ciudadanos, las instituciones y las personas sometidas a la JEP tienen distintos mecanismos para controvertir las decisiones de la jurisdicción, tal como lo contemplan las normas que regulan a la Jurisdicción Especial para la Paz y el ordenamiento constitucional colombiano”, indica el documento.

Resaltó que dichas alternativas siempre han estado a disposición de los ciudadanos sometidos a la jurisdicción.

“Esas opciones siempre han estado abiertas. Esto es muy distinto a que una persona o institución ejerza tutoría sobre las decisiones y el funcionamiento de la Jurisdicción. Respetar el ‘Acuerdo final de paz’ es también respetar la autonomía de la JEP”, destacó la JEP, por medio de la misiva.

Las críticas del canciller Álvaro Leyva

La carta del presidente Gustavo Petro en la que menciona a la JEP se da a conocer apenas una semana después de las críticas que hiciera el canciller Álvaro Leyva a dicho organismo de justicia transicional ante la ONU.

“Se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores.

Adicionalmente, destacó que existe la necesidad de hacer una revisión exhaustiva sobre el funcionamiento de la jurisdicción, con la intención de perfeccionarlo.

Es que, de acuerdo con Leyva, la JEP no ha considerado otras voces, igual de importantes, para ampliar relatos que den con la verdad en torno a los hechos que investiga.

“Se ha limitado la comparecencia de quienes tienen derecho a esta justicia especial (...) se ha condicionado el relato de la verdad, cerrando e impidiendo el paso a que esta, la verdad, llegue plenamente a la JEP y a conocimiento de las víctimas y de la opinión pública en general”, destacó.

Como se sabe, el 13 de julio, en medio de la presentación del anterior informe de la Misión de la ONU, el canciller Leyva sugirió que la JEP debería admitir a paramilitares.

De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, tanto las Farc como el Estado colombiano pudieron utilizar a favor de la implementación de los Acuerdos de Paz recursos propios del Derecho Internacional Humanitario.

“Es importante que la JEP se ajuste a lo acordado en 2016, de tal forma que se ciña a las penas advertidas y acordadas en La Habana. En virtud de ser este un acuerdo con partes contratantes, estas podrían recurrir a instrumentos consignados en el Derecho Internacional Humanitario para hacer valer principios y perfeccionar textos que garanticen la paz”, dijo en aquella oportunidad.