Thomas Greg & Sons se pronunció sobre la reciente decisión de la Cancillería de no firmar el contrato para la elaboración de pasaportes, pese a que el secretario general de la entidad había adjudicado el contrato. 

En la misiva, dirigida a Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, la compañía le pidió a la Cancillería justificar por qué no se continuará con el proceso. 

En la misiva, Ana María Gómez, obrando como representante legal de la UT Pasaportes 2023, señala que "teniendo en cuenta que se encuentra en firme y gozan de presunción de legalidad los actos administrativos referenciados en el asunto, y vencido el plazo señalado en el pliego de condiciones para la suscripción del contrato, sin que a la fecha el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores hubiere hecho manifestación alguna". 

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Ante esta situación, la compañía solicitó a la Cancillería "efectuar de manera inmediata los movimientos presupuestales que viabilicen la celebración y ejecución del contrato, los cuales son perfectamente válidos y posibles a la luz de la normatividad vigente y de los recursos disponibles y proceder a adoptar las medidas necesarias para la formalización del contrato derivado de los actos, esto es, proceder con la suscripción del contrato en la plataforma Secop II”.

Finalmente, en el comunicado la Unión Temporal sostiene que "no es cierto que los mencionados actos administrativos se encuentren viciados y, por el contrario, ellos se apegan estrictamente al ordenamiento jurídico, fueron expedidos por el funcionario competente siguiendo los procedimientos legales pertinentes, están debidamente motivados y persiguen garantizar el interés general y los derechos fundamentales de los colombianos”.

Ese pronunciamiento se dio, luego de que el canciller Murillo señalara que no se firmaría el contrato, al considerar que en este nuevo convenio se habría "originado en situaciones que consideramos irregulares”.

Explicó que en el proceso administrativo iniciado para la elaboración del documento “no se siguieron unos criterios que planteábamos como Gobierno, y es la pluralidad de los oferentes, y obviamente la transparencia y la competencia en este proceso”.

"Se percibe que se hicieron unos pliegos de condiciones que realmente no garantizaron la competencia. Ahí se originó toda la controversia que se vive hoy", dijo Murillo.

Críticas de parlamentarios

Varios congresistas advirtieron que la postura de la Cancillería llevaría a que la nación pueda ser demandada por segunda ocasión por Thomas Greg & Sons, y ello implicaría el riesgo de una condena millonaria que terminaría pagándose del presupuesto oficial.

La representante Juana Carolina Londoño preguntó el alcance de la determinación de Salazar de adjudicar el contrato, y adicionalmente lanzó críticas a las actitudes del canciller Álvaro Leyva, quien está suspendido por tres meses por la Procuraduría por las irregularidades que se habrían presentado cuando decidió declarar desierta la primera licitación de pasaportes.

“Hemos visto mucho desorden administrativo, pocas respuestas por parte del canciller Leyva, llevamos un año y medio tratando que nos responda las preguntas sobre la licitación. Y tristemente hemos visto durante este año y medio escándalos reiterados por nombramientos de personas que no cumplen con los requisitos diplomáticos”, dijo Londoño.