LUIS GILBERTO Murillo, canciller (e), dijo en la Comisión Segunda de la Cámara, que lo citó ayer a debate de control político, que se estudian medidas jurídicas para echar atrás la adjudicación de la licitación para el suministro de pasaportes que hizo el entonces secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por lo que fue declarado insubsistente.

“Desde mi llegada, yo estaba en la observación de los prepliegos que no genera ningún derecho, dado que lo que perseguía la Cancillería y el Gobierno era mayor cantidad de oferentes para el principio de pluralidad. En el proceso se presentaron 19, es decir que se logró su objetivo, y 550 observaciones. El estudio serio de esas observaciones requería mayor tiempo en el cronograma. Suspendí para hacer el estudio con seriedad de esas observaciones, para evitar que sucediera lo que se había planteado en la primera licitación”, sostuvo Murillo.

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Agregó que ante las quejas de algunos que la primera licitación no fue objetiva ni competitiva porque supuestamente se había hecho a la medida de uno de los oferentes, “por eso se necesitaban estudios serios y estábamos ahí para institucionalmente volver a la normalidad del proceso”, dijo Murillo.

Explicó el canciller (e) que “devolví las competencias a Secretaría; y el secretario que ya estaba renunciado, quien tenía la orden de no tomar ninguna decisión al respecto. Él ha dicho en sus manifestaciones públicas que fue inconsulto para poder suspender esa licitación. Esa resolución es en el tema jurídico, que un subalterno revoca el acto de un jerárquico superior que genera ilegalidad”.

De la misma manera, Murillo mencionó que “cuando se hace esta publicación, el proceso de esa licitación está completamente cerrado, no era algo que tenía que retrotraerse y ahí también hay otra irregularidad. Lo que hicimos nosotros de manera seria para proteger el bien jurídico del Estado es elevar las consultas necesarias para tomar las mejores decisiones”.

Críticas de parlamentarios

Varios congresistas advirtieron que la postura de la Cancillería llevaría a que la nación pueda ser demandada por segunda ocasión por Thomas Greg & Sons, y ello implicaría el riesgo de una condena millonaria que terminaría pagándose del presupuesto oficial.

La representante Juana Carolina Londoño preguntó el alcance de la determinación de Salazar de adjudicar el contrato, y adicionalmente lanzó críticas a las actitudes del canciller Álvaro Leyva, quien está suspendido por tres meses por la Procuraduría por las irregularidades que se habrían presentado cuando decidió declarar desierta la primera licitación de pasaportes.

“Hemos visto mucho desorden administrativo, pocas respuestas por parte del canciller Leyva, llevamos un año y medio tratando que nos responda las preguntas sobre la licitación. Y tristemente hemos visto durante este año y medio escándalos reiterados por nombramientos de personas que no cumplen con los requisitos diplomáticos”, dijo Londoño.

Mientras que el representante John Jairo Berrío afirmó que: “la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes citó en siete oportunidades al canciller Álvaro Leyva, pero nunca se presentó. Y me preocupa muchísimo el asunto de la licitación porque el Estado se está viendo abocado a una demanda millonaria por 117.000 millones de pesos sobre un proceso que está adjudicado, no está cerrado porque esos son asuntos internos de ustedes y deberán resolverlos, y no veo el argumento jurídico del por qué se suspende”.

A lo cual, Murillo indicó que “trabajamos de una manera seria para abordar este proceso y no le tenemos miedo a que el Estado pelee demandas. Quién ha dicho que porque usted lo amenazan con una demanda no la va a pelear, pero tenemos que hacerlo bien y vamos a estudiar lo que sea más conveniente para la sociedad colombiana”.

Además, el canciller aseguró que no está en riesgo el proceso de elaboración de pasaportes.

Entre los congresistas que criticaron el proceso de licitación se encuentra el senador David Luna, quien dijo por X que “una decisión con aire dictatorial”, tras la salida del secretario de la cancillería.

La representante Jennifer Pedraza también indicó que “este gobierno no le dio otra opción al funcionario distinta a cumplir la ley de esta manera, adjudicando al de siempre”.