La restitución de tierras a las víctimas del conflicto va a todo vapor: Sabogal | El Nuevo Siglo
Martes, 9 de Julio de 2013

En el año y medio de actividades de la Unidad de Restitución de Tierras, su director Ricardo Sabogal afirmó que el proceso para devolver las propiedades arrebatadas por los grupos armados ilegales a los campesinos va a buen ritmo.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, Sabogal dijo que a la fecha se tramitan 7.000 solicitudes que corresponden a 300.000 hectáreas en todo el país.

El funcionario indicó que 400 sentencias han sido resueltas a favor de los campesinos, mientras que los jueces de restitución tienen en su poder 2.000 casos.

Los departamentos de Córdoba, Tolima, Antioquia, Cesar,  Bolívar y Norte de Santander, son las regiones donde más demandas se han presentado según la Unidad.

Sabogal precisó que las amenazas que se vienen presentando por parte de grupos despojadores vienen siendo atendidas por el grupo especial de la Policía que fue designado por el Gobierno para garantizar el éxito del programa.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el balance de la Unidad a la fecha?

RICARDO SABOGAL:En este momento el proceso de restitución  de tierras marcha a todo vapor a lo largo y ancho del país. Estamos con oficinas de la Unidad de Restitución en 17 departamentos más afectados. En esos mismos departamentos hay Jueces de la República y magistrados que ya están conociendo causas. En 86 zonas donde hay condiciones de seguridad  los trámites de restitución se están adelantando, llevamos más de 7.000 trámites con un poco más de 300.000 hectáreas. De esas reclamaciones los jueces tienen un poco más de 2.000 casos y están empezando a dictar sentencias, ya tenemos más de 400 casos resueltos que para nosotros eso es muy significativo.

ENS: ¿Cuál es la región donde se han presentado más restituciones?

RS:Tenemos varias sentencias en Córdoba, en Tolima, en Antioquia, en el Cesar, en Bolívar, Norte de Santander, varios departamentos del país ya tienen sentencias.

ENS: ¿Cuál es la meta en restitución por parte del Gobierno?

RS:Nosotros vamos a tramitar el 100 por ciento de las solicitudes de restitución que podamos adelantar en aquellas zonas donde hay condiciones de seguridad.

ENS: ¿Cómo ha afectado el proceso los grupos armados ilegales?

RS:Hay personas que se oponen al proceso de restitución que normalmente son aquellos que se robaron los predios. Ellos envían panfletos, amenazas, muchas formas que usan para entorpecer el proceso. El Gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional de Protección tiene un programa de protección a los reclamantes que se ha venido incrementando con la Fuerza Pública a través de la Policía, también tienen un equipo muy grande liderado por un General que brinda seguridad en el tema de restitución.

ENS: ¿Cómo ha sido el trabajo de identificación de los predios arrebatados que aparecen legalizados?

RS:La Superintendencia para nosotros es uno de nuestros mejores aliados institucionalmente. Es quien tiene los registros de propiedad, quien tiene los títulos, ellos están trabajando de la mano de la Unidad, nos están ayudando a hacer estudios. En los Montes de María nos ayudaron con un estudio muy importante y eso ha servido de insumo para presentar las demandas. Normalmente una demanda que se presenta ante un juez de restitución tiene un trabajo que tiene detrás muchas instituciones.

ENS: ¿Sigue el déficit de jueces de restitución de tierras?

RS:Los jueces se van instalando en la medida en que van llegando más demandas. Empezamos con 24 jueces. Este año llegaron 15 más y en un  mes vamos a pedir más jueces.

 

La meta

La Intención del Gobierno Nacional es restituir cerca de 300.000 hectáreas a campesinos víctimas de la violencia en el país, lo cual hará en un lapso de 10 años. Además de la restitución de predios el programa gubernamental integra proyectos productivos y subsidios para ayudar al retorno de las familias desplazadas.

Según la entidad,el 36,25 por ciento de los reclamantes que se ha presentado con solicitudes a la Unidad de Restitución de Tierras, afirma ser víctima de la guerrilla; el 32,46 por ciento sostiene que lo es de los paramilitares y el resto, de otras organizaciones criminales o de testaferros.