LA DISCUSIÓN por la restricción al porte de armas con salvoconducto que han establecido los últimos gobiernos está nuevamente en el centro de la palestra, a raíz del pico de inseguridad urbana, particularmente en Bogotá, como se ha visto por atracos a gastrobares y el accionar de fleteros y sicarios. Esta semana se radicó un proyecto de ley para que esta limitación al derecho de los ciudadanos a tener con qué defenderse sea temporal y por una razón plenamente justificada.

El citado proyecto fue radicado por el representante Juan Carlos Wills, quien dijo que se debe permitir “que quienes puedan y tengan la capacidad de protegerse por ellos mismos puedan hacer uso de este porte de armas”.

Agregó el parlamentario del Partido Conservador que “los delincuentes están llenos de armas, y la gente de bien, los comerciantes, los empresarios, no tienen la posibilidad hoy con un arma en su casa, con un permiso de porte, no la pueden sacar a la calle porque hay un decreto presidencial que se los prohíbe. Entonces están tranquilos los ladrones porque saben que la gente no está armada, que no hay forma de que los ataquen a ellos”.

Dijo que de esta forma tampoco “hay un mensaje persuasivo para que los ladrones no lleguen a robar a todos los lugares, como estamos evidenciando”.

Wills enfatizó que “la legislación tiene que ser clara y está por encima de la ley que un decreto presidencial”.

Remarcó que “es de manera excepcional que puede el presidente restringir el porte de armas si hay una situación de orden público que lo amerite. Y que él por la situación que está pasando en algún lugar del país, puede de manera excepcional sacar un decreto prohibiendo el porte de armas por un tiempo determinado. No como viene haciendo carrera este decreto que es cada año la renovación, y la gente que hoy paga un permiso para portarla, paga su arma para poder portarla y tenerla en cualquier lugar del país, pues no lo puede hacer”.

El decreto

Desde el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) está prohibido vía decreto el porte de armas de fuego, solo autorizando un permiso a personas que tengan la seguridad amenazada. Así ha operado en líneas generales de forma similar hasta hoy, tras acoger la medida la administración de Iván Duque y ahora la de Gustavo Petro.

A finales del 2015, Santos dijo al prorrogar la medida en 2016, que “los resultados que nos ha dado la Policía en cantidad de vidas que se han ahorrado por esa decisión, una decisión que habíamos tomado y que tenía como plazo el 31 de enero de este mes que se va a terminar, el resultado es positivo”.

Por medio del Decreto 2267 del 29 de diciembre de 2023, el Gobierno prorrogó en 2024 la restricción al porte de armas de fuego con salvoconducto. La medida cobija a 632.000 armas en todo el país que tienen permiso de porte. De ellas, a 6.827 se les otorgó permiso especial de porte a pesar de la restricción.

Opiniones divididas

EL NUEVO SIGLO consultó la opinión de conocedores en el tema si debe mantenerse a los ciudadanos la restricción al porte de armas en el país o levantar la medida considerando los altos niveles de inseguridad que se presentan en distintas ciudades.

Andrés Nieto, exsubsecretario de seguridad en Bogotá, dijo que hay tres puntos de análisis, el primero de los cuales es que “los países que tienen autorización de porte y uso de armas como Estados Unidos, especialmente unos estados, han demostrado que no hay una gran efectividad en la reducción del crimen, pero sí en el aumento en la violencia”. Agregó que las armas no terminan siendo solo activadas para la defensa personal frente a la delincuencia, sino en su mayoría en casos por temas de convivencia familiar o ciudadana.

Añadió el experto que el problema en Colombia no son las armas legales “sino las ilegales, y es que a hoy a pesar de que está suspendido el porte, se estima que hay alrededor de 632.000 armas registradas formalmente, pero hay alrededor de 3.523.000 ilegales”.

En tercer lugar, advirtió que “este país no ha podido regular las armas traumáticas o de fogueo, llevamos 3 años esperando el registro total, la huella balística y que las autoridades Policía y Fiscalía tengan acceso a esa base de datos”.

Nieto finalizó resaltando que “la teoría de seguridad plantea que una sociedad que tiene circulación de armas, no es que sea más segura sino, al contrario, que fracasó la política de seguridad y que el ciudadano no tiene otra opción que armarse para intentar defenderse porque el Estado no pudo hacerlo”.

Mientras que Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), expresó que “la legítima defensa es un derecho constitucional y, por supuesto, que los ciudadanos necesitan medios para defenderse ante la probada incapacidad del Estado de proveer las condiciones de justicia y de seguridad, que son las que disuaden a los delincuentes”.

Sin embargo, señaló que es importante que ese tipo de medidas no se tomen sin las respectivas precauciones porque “un arma de fuego al igual que cualquier otro instrumento que pueda causar daño involuntario a un tercero, pues tiene que tener una serie de controles, de requisitos, que permitan probar la pericia de quien va a portar el arma, su estado de salud mental, su capacidad de responder ante una situación de riesgo para que no vaya a causar un daño a quien no lo está amenazando”.

Mientras que el general (r) Héctor Darío Castro, quien fue subdirector de la Policía Nacional y es presidente del Colegio de Generales de la Policía, dijo que “al expedir el salvoconducto se debe hacer una revisión y quizá crear una categoría especial de salvoconducto cuando se considere que la persona efectivamente necesita el arma para ejercer una defensa, cuando el Estado no es capaz de darle esa protección”.

El general (r) Castro advirtió que “generalizar el porte sí es un problema que hay que pensarlo porque hay muchos homicidios que se presentan por intolerancia. La forma de reaccionar en nuestro país desafortunadamente no es la más sensata, una persona que recibe alguna ofensa verbal, una persona que lo cierra con un carro y va con el arma, pues hay algunos que reaccionan y la utilizan, y eso genera una situación incontrolable.

Derecho a defenderse

Tras la serie de atracos a mano armada a restaurantes y panaderías en los últimos días en la capital de la República, el director de la seccional Bogotá de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Juan Orrego, pidió que “a las personas que tienen salvoconducto para portar armas se les permita hacerlo, porque hoy hay una restricción que la verdad resulta en una gran ventaja para los delincuentes porque saben que a donde vayan, nadie les va a responder”.

Mientras que la senadora uribista María Fernanda Cabal dijo que “el derecho a la vida es también el derecho a la legítima defensa. El porte legal de armas debe ser el resultado de un proyecto de ley impulsado por todos los partidos que creemos en la seguridad y el orden”.