EL GOBIERNO le ha correspondido hacer varias licitaciones para grandes contratos, algunas de las cuales han generado controversia, como una para proveer los servicios de internet del SENA por más de 1 billón de pesos y otra para los operadores del servicio de salud a los docentes del Estado, dos procesos que fueron revocados. Sin embargo, ninguna ha sido tan polémica y ha producido tantas consecuencias como la de los pasaportes, por cerca de $ 600.000 millones.

La respectiva licitación fue declarada desierta por la Cancillería en medio de reclamos porque solo había un proponente, debido a que varias empresas se retiraron aduciendo irregularidades en el proceso.

Por estos hechos, la Procuraduría abrió una investigación al canciller Álvaro Leyva; en tanto que la semana pasada se conoció que el Gobierno le pidió la renuncia a la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Martha Lucía Zamora.

La administración Petro se encontró con que el anterior Gobierno prorrogó en tres oportunidades un contrato que suscribió en 2019 con la Unión Temporal Pasaportes 2019: en el año 2022, del 28 de junio hasta el 7 de julio; del 8 de julio hasta el 31 de octubre; y del 1 de noviembre hasta el 30 de diciembre.

La Cancillería señaló que “con lo anterior, se evidencia que, durante la administración pasada, no se adelantó el proceso licitatorio, a pesar de ser conocidas las fechas de terminación de dicho contrato, y se procedió a prórrogas y adiciones”.

Entonces el Ministerio, a cargo de Álvaro Leyva, justificó que “para mantener la prestación del servicio una vez que se posesionó la administración actual, era evidente la necesidad de continuar con las prórrogas y adiciones mientras se tramitaba el proceso licitatorio, quedando como última prórroga posible hasta el 02 de octubre de 2023, dado que el contrato no permite adición alguna por agotamiento de recursos presupuestales”.

La licitación

El 24 de mayo pasado, el secretario general del Ministerio de Relaciones, José Salazar, en calidad de representante legal del Fondo Rotatorio de esta cartera, profirió el acto administrativo mediante el cual ordenó la apertura del proceso de licitación pública No. LP-0001-2023 para “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”.

La Procuraduría le puso la lupa a esta licitación debido a los reclamos de algunas de las empresas que participaban, de Colombia, México, Portugal, Francia y Alemania, por supuestas falencias en el proceso para favorecer supuestamente a Thomas Greg & Sons, que ha tenido este contrato en los últimos 16 años.

En mayo pasado, el procurador Delegado Segundo para la Vigilancia de la Función Pública, Fernando Grillo, advirtió que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores “no ha dado respuesta a una serie de observaciones hechas por el Ministerio Público y que tienen que ver con el pliego de la licitación y las condiciones de participación”.

Indicó, además, el órgano de control que la Cancillería tampoco ha dado respuesta a las empresas participantes que también hicieron observaciones relacionadas con criterios de ponderación establecidos en el pliego de condiciones.

Como consecuencia de las observaciones del órgano de control, la Cancillería en junio pasado suspendió esta licitación, “con la finalidad de analizar el conjunto de observaciones allegadas”, explicó dicho Ministerio.

Posteriormente, el 31 de julio, por segunda vez la Cancillería suspendió la licitación, días después de que en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca radicaran una acción popular porque para la persona que la presentó, los términos que se exigían a los proponentes vulneraban la libre competencia.

El pasado 17 de agosto, la Contraloría General también llamó la atención sobre este asunto, pues tras hacer un seguimiento alertó que “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.

Dijo que entre las situaciones que pueden presentarse está la parálisis o al menos intermitencia en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

El pasado 13 de septiembre, la Cancillería decidió declarar desierta esta licitación y abrir un nuevo proceso; al tiempo que declaró la urgencia manifiesta con el fin de poder hacer un contrato de manera directa por un año y, así, evitar una parálisis en el servicio de pasaportes.

Demandas e investigaciones

El pasado 20 de septiembre, la Procuraduría General ordenó la apertura de una investigación disciplinaria al canciller y al secretario general del Ministerio por las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación, al parecer, “habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria”.

De igual forma, la entidad advirtió que Leyva y Salazar pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

Por otro lado, los socios de Thomas Greg, agrupados en la unión temporal Pasaportes 2023, iniciaron un proceso contra la Nación de conciliación extrajudicial por $ 120.000 millones, alegando perjuicios por la licitación declarada desierta.

El pasado 30 de noviembre, la Procuraduría adelantó la audiencia de conciliación solicitada por Thomas Greg, con la presencia de los apoderados de la empresa y de la Cancillería.

Sin embargo, al anunciarse la semana pasada que Zamora no seguirá al frente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se vino a saber que está enfrentada con el canciller por las diferencias que tienen sobre cómo afrontar la demanda de Thomas Greg.

El canciller dice que no hay razón para conciliar, pero Zamora piensa que hay que hacerlo porque si se va a pleito habría gran probabilidad de que la Nación pierda el caso.

Incluso hay versiones de que el 27 de noviembre, se encontraron en la Oficina Jurídica de la Presidencia el canciller y Zamora, y que, presuntamente, éste le reclamó airadamente por su postura de conciliar en el caso.

El primero de diciembre, Zamora publicó en X que “reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado”.

No obstante, el presidente Petro terció en X que “no hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados”. Leyva también sostuvo que no trató con términos desobligantes a Zamora.

El pasado 7 de diciembre, la Procuraduría abrió una indagación contra funcionarios de la Cancillería, aún por determinar, por los presuntos malos tratos a Zamora.

Así mismo, la funcionaria al confirmar su renuncia dijo a medios que supo de una reunión en París de varias personas para hablar de la licitación, entre ellas supuestamente Jorge Leyva, el hijo del Canciller.

“(Las reuniones) se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel (y) de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…), yo soy servidora pública, tengo una información que me dijeron que no he corroborado en ningún momento”, dijo Zamora a W Radio.

Como consecuencia, la Fiscalía abrió una investigación y citó a declarar a Zamora el pasado 5 de diciembre. El fiscal a cargo del caso dispuso de varias actividades investigativas para verificar si alguna de las actuaciones relacionadas con la referida licitación constituye una conducta delictiva.

Por su parte, Juan Losada, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, produjo un comunicado sobre la licitación de pasaportes. Acerca de la presunta reunión en París, indicó que, en cumplimiento de una comisión de servicios, “viajé a la ciudad de París entre los días 4 a 10 de noviembre de 2023, para continuar con la tercera sesión de negociaciones” sobre la modernización del convenio de extradición entre Francia y Colombia. “Durante algunos días me encontré con Jorge Leyva Valenzuela, quien me honra con mi amistad. Bajo su guía visité varios lugares de interés, turístico e histórico”.

Aseguró el funcionario que “en ningún momento de mi viaje, tuve conversación relativa al proceso licitatorio para la elaboración de pasaportes ni con Jorge Leyva ni mucho menos con cualquier tercero”.

Por otra parte, la Procuraduría realizó el pasado lunes una inspección a la sede de la Cancillería para recolectar el material probatorio en la investigación que se adelanta al canciller por la licitación de los pasaportes.