La Reforma Pensional, luego de pasar por dos debates en el Senado de la República, llegó a manos de la Cámara de Representantes, razón por la cual la Procuraduría General de la Nación convocó a los miembros de la Comisión Séptima, así como a Fedesarrollo, Asofondos, Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), para analizar desde una perspectiva técnica, cuáles son las mayores inquietudes y los puntos de discusión sobre el proyecto de ley.  

“Desde el Congreso, como del sector pensional nos solicitaron la necesidad de un espacio para intercambiar opiniones y escuchar a los técnicos de las entidades del sector de pensiones. Hoy tuvimos la oportunidad de que los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara escucharan las opiniones y los puntos álgidos donde hay discusión y análisis”, destacó al respecto, la Procuradora Margarita Cabello Blanco.

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En esta mesa de trabajo se abordaron temas claves como el umbral de cotización obligatorio, que fue acordado en el Senado en 2,3 salarios mínimos; también, el tratamiento diferencial que reduce el número de semanas para mujeres y comunidades vulnerables, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la transición demográfica del país y el impacto en el futuro de los más jóvenes, así como la necesidad de una reforma laboral y los gravámenes pensionales. 

Como conclusión de la reunión, se planteó la necesidad de una reunión con Colpensiones en la que se pueda conocer la capacidad técnica y operacional para afrontar la Reforma Pensional. Además, la necesidad de revisar las vigencias, los umbrales y la transición al nuevo modelo pensional. 

“En la Procuraduría hemos mantenido el criterio de que una buena reforma pensional se fundamente en una buena reforma laboral, lo cual implica aumentar la formalidad, el crecimiento en el empleo, mayor capitalización y ahorro de los colombianos”, agregó la Procuradora. 

Finalmente, la jefe del Ministerio Público le pidió a la Comisión Séptima de la Cámara no gravar las pensiones de los ya pensionados, ya que existe el aporte solidario y el pago de salud, y aumentar estos impuestos, podría “ser regresivo e inconstitucional”.