LA VIOLENCIA política continúa aumentando en el país, como una manifestación más de la crisis de seguridad y orden público que se viene registrando en todo el territorio

Ayer la Misión de Observación Electoral (MOE) dio a conocer un informe en donde da cuenta de las afectaciones que se han registrado en lo corrido del año contra la dirigencia política.

La organización no gubernamental comenzó manifestando su más sentida preocupación por la desaparición, el domingo pasado, de la concejala del municipio de Argelia (Cauca), Sandra Milena Mosquera Buitrón, del partido Alianza Verde.

Los cabildantes son, hasta el momento, el actor político que más ha estado en la mira de los criminales.

De hecho, la MOE rechazó y condenó los asesinatos de los concejales Carlos César Camacho, de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño; Bryan Duván Medina Ospina, de Viterbo (Caldas), y Carlos Arturo Londoño Marín, de Tuluá (Valle del Cauca), todos ellos del Partido Conservador; igualmente los de John Fredy Gil Franco, de Jamundí (Valle del Cauca), y de Eduardo Cedeño García, de San Vicente del Caguán (Caquetá), pertenecientes a los partidos MAIS y Liberal, respectivamente.

Según la directora de la misión, Alejandra Barrios, “de acuerdo al seguimiento que esta organización hace a los casos de violencia política, en los primeros cuatro meses de 2024 se registraron 58 hechos de violencia contra funcionarios públicos electos en octubre del año pasado, mientras que, en ese mismo periodo de tiempo en 2020, fueron 13 el total de los hechos que se presentaron contra los mandatarios recién posesionados, lo que significa un incremento del 346 %”.

De acuerdo con la misión, la situación de violencia no solo afecta a los liderazgos políticos, sino que también se presenta en un contexto de recrudecimiento de las acciones de los grupos armados ilegales que afectan la vida y seguridad de la población.

En particular, en el mismo periodo señalado, la MOE registró 858 acciones armadas o de amedrentamientos por parte de grupos armados ilegales en 26 departamentos, lo que representa un incremento del 91 % respecto a los primeros cuatro meses del 2023. Estos hechos se han concentrado particularmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca y Nariño.

La organización no gubernamental trajo a colación, por ejemplo, que entre el 18 y el 26 de mayo miembros del llamado ‘Bloque Occidental del Estado Mayor Central’ (EMC) llevaron a cabo al menos 24 acciones armadas que afectaron a la población civil en los departamentos de Cauca y el Valle del Cauca.

Por otro lado, el 24 de mayo en la zona rural de Remedios (Antioquia), los enfrentamientos entre el ‘Clan del Golfo’ y el EMC, en alianza con el Eln, resultaron en un total de 13 muertos. Y finalmente, el domingo pasado, en la vereda Las Palmeiras, del municipio de San José del Fragua (Caquetá), se produjeron enfrentamientos entre grupos disidentes de las Farc, específicamente de las estructuras ‘Carolina Ramírez’ y la estructura ‘Comandos de la Frontera’, que dieron como resultado once víctimas fatales, entre ellas dos menores de edad.

“Estos eventos subrayan la necesidad de que en los diálogos con los distintos grupos armados ilegales se ponga como primer lugar de la discusión el respeto por la vida y la dignidad de la ciudadanía, los liderazgos y los procesos organizativos de los territorios”, señaló Barrios.

La crisis de orden público en todo el país y su grave afectación a la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública viene recrudeciéndose desde el año pasado. Tanto el Congreso como la Procuraduría como la Fiscalía han denunciado el aumento del accionar de los grupos armados ilegales, incluso de aquellos que están en cese el fuego en el marco de procesos de paz con el Gobierno.