Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

El pronunciamiento que haga la Corte Constitucional de aquí a mayo sobre la Ley Estatutaria de la Salud será determinante para que el entrante presidente y el nuevo Congreso se decidan a tramitar una ley ordinaria que garantice el cumplimiento de este derecho.

Así lo señaló el vicepresidente de laAsociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), Luis Alberto Martínez.

EL NUEVO SIGLO: ¿Hay algo que Acesi destaque de la reforma a la salud que ahora la Cámara estudiará?

LUIS ALBERTO MARTÍNEZ: Los hospitales públicos del país agremiados en Acesi pensamos que lo que se aprobó en el Senado realmente es una afrenta contra la salud por cuanto se reduce el núcleo esencial del derecho, se limita la acción de la tutela, los colombianos van a tener menos acceso a los servicios de salud, sigue la segmentación de la población, sigue existiendo más un negocio que la garantía del goce efectivo de un derecho, y lo más nefasto de la reforma es que legaliza y promueve la extracción de las rentas de los recursos públicos de la salud por agentes privados.

Entonces, como están las cosas es mejor que esa reforma se hunda y que en el próximo periodo legislativo pues nos sentemos y pensemos cómo tener un sistema de salud que sea garante del derecho fundamental, que avance en el cuidado integral de la salud desde la promoción hasta los cuidados paliativos con la realización y demás, y que obviamente proteja los recursos públicos aplicados a éste.    

ENS: ¿Qué garantía hay de que el entrante Congreso tramite un proyecto que responda a esas expectativas, teniendo en cuenta que es mínima la renovación en esta Corporación?

LAM: Pues por lo general las reformas que salen del Congreso son tramitadas por el Ejecutivo, confiamos en que el próximo presidente de la República realmente revise y con todas las evidencias de un sistema fallido se reorganice éste y haya una transformación estructural del sistema, y que éste avance y se garantice el derecho, que sea la jurisprudencia, ya la Corte Constitucional ha sido muy insistente en el tema.

Nosotros estamos aspirando que de aquí a mayo tiene que pronunciarse la Corte Constitucional al respecto de la Ley Estatutaria, entonces eso va a ser un avance importante y esperamos que el alto Tribunal mantenga la dirección de toda su jurisprudencia, y es que la salud no puede convertirse en una simple mercancía que se compra y se vende sino que debe ser un derecho del cual gocen los colombianos indistintamente de su categoría, de su nivel académico, de sus ingresos, de sus recursos, etc. Entonces, necesitamos que la Corte se pronuncie rápidamente y eso va a ayudar a motivar a los nuevos congresistas y al próximo presidente de la República.    

ENS: ¿La Ley estatutaria sin la ordinaria quedaría coja?

LAM: Claro, pero sí va a dar una línea muy efectiva porque la Ley Estatutaria igualmente no garantiza el derecho, ahí se sigue insistiendo en reducir el núcleo central del derecho a un simple paquete de atención, es decir, seguimos pensando que la salud es solamente la ausencia de la enfermedad, pero resulta que la salud es el resultado del bienestar que proviene de  tener algunos determinantes sociales y económicos, el tema de la educación, del agua potable, de la seguridad alimentaria y demás.

Simplemente la Ley Estatutaria reduce ese núcleo central del derecho a que nos podemos enfermar y tener un sistema que nos atienda a tiempo. No avanza en que tengamos un Estado que garantice un sistema que promueva la salud de los colombianos, que nos garantice el cuidado integral, sobre todo que se apliquen bien los recursos enormes que tiene el sistema a lo que debe ser el cuidado de la población.    

Ministerio

Martínez consideró que frente a dicha reforma el “Ministerio de Salud y de Protección Social no es el más idóneo por cuanto no está lo suficientemente contextualizado con lo que es el país en todos los territorios, es decir, que adolece de conocimientos técnicos y de cómo funciona realmente un sistema de salud que avance en la garantía del derecho. Entonces en sí tenemos serios problemas, y desafortunadamente el Congreso y parte del Gobierno nacional están cooptados por la intermediación financiera”.