En Senado y Cámara hacen tránsito un importante número de proyectos que, de convertirse en ley, de alguna manera pueden terminar impactando a los gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles que se posesionarán el próximo 1°de enero, ya sea a ellos directamente o la función que desarrollarán.

Por ejemplo, la bancada del Partido Conservador presentó un proyecto que está en la Comisión Primera de la Cámara a la espera de ponencia para primer debate, que tiene como fin que en la elección de los personeros a cargo de los concejos no se haga por concurso de méritos, como está establecido, sino mediante convocatoria pública.

Según los impulsores de la iniciativa, de esta forma “las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados”.

Si esta iniciativa llega a ser ley,  los entrantes  concejos iniciarán el proceso de los personeros a mediados de 2027 por medio de convocatoria pública, para que luego la elección la hagan los concejos que comiencen el 1° de enero de 2028.

Igualmente, hay un proyecto de la bancada conservadora en la Comisión Primera de la Cámara pendiente de ponencia para primer debate, el cual busca modificar el monto de los honorarios de concejales de municipios de quinta y sexta categorías.

Argumenta la iniciativa que entre los 1.103 municipios con los que cuenta el país, 41 son de quinta categoría y 967 de sexta, que son precisamente las localidades que obtienen menores ingresos y tienen más necesidades.

Ocurre que los concejales de los municipios de quinta y sexta categorías devengan por sesión menos de un salario mínimo. Lo que se propone es que ganen igual que los de los municipios de cuarta categoría. 

Si este proyecto se convierte en ley de la República, beneficiará a los integrantes de los concejos de municipios de quinta y sexta categorías que se posesionen el 1° de enero próximo.

Además, parlamentarios de la Alianza Verde presentaron un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de trabajo de las inspecciones municipales de policía.  Para este propósito se propone usar recursos del Fonset (Fondos de Seguridad Territorial) para adecuar de mejor manera los despachos.

La iniciativa establece que los inspectores de policía, que en el país son entre 6 mil y 7 mil, pasarán a llamarse inspectores municipales o distritales de seguridad y convivencia.

El proyecto fija que los alcaldes podrán usar hasta el 10 % de los recursos del Fonset en la financiación de salarios, implementos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento de las inspecciones.

Si esta iniciativa se convierte en ley, les corresponderá a los alcaldes que se posesionen el próximo 1° de enero mejorar las condiciones de las inspecciones de policía.

También hay un proyecto que busca fortalecer institucionalmente los municipios PDET, es decir, los 170 que fueron identificados en el Acuerdo de Paz para hacer inversión social y económica, porque han sido los más afectados por el conflicto armado.

Se plantea en el proyecto que durante la duración del programa PDET estos municipios puedan adquirir un estatus especial y transitorio denominado Categoría Especial de Paz, que será empleada como método de focalización y priorización de políticas públicas con el objetivo de dirigir los esfuerzos del aparato estatal en estas localidades.

La iniciativa fue presentada por algunos parlamentarios que ocupan las curules de paz en la Cámara y espera ponencia para primer debate en la Comisión Primera de esta corporación. 

En caso de convertirse en ley será un instrumento para el desarrollo que estará a la mano de los  alcaldes de los 170 municipios PDET que se posesionen el 1° de enero.

Otras iniciativas 

En la plenaria de la Cámara espera segundo debate un proyecto de ley que presentó el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, para reglamentar la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores por iniciativa de los ciudadanos.

El parlamentario Cadavid señala que con la actual figura se ven vulnerados los derechos de los ciudadanos que emprenden procesos de revocatoria, dados los vacíos jurídicos existentes.

Entre las disposiciones que plantea este proyecto se prohíbe, entre otros, a los alcaldes, gobernadores, a sus gabinetes, secretarios, subsecretarios y administradores de empresas públicas del orden municipal o departamental y gerentes de entidades descentralizadas, realizar cualquier pronunciamiento público sobre la iniciativa de revocatoria, incluyendo menciones en redes sociales. 

Si este proyecto es aprobado por el Congreso, la normatividad aplicará a los entrantes gobernadores y alcaldes, quienes luego de cumplir un año en el cargo (el 1° de enero de 2025) pueden ser objeto de la revocatoria del mandato, según lo que establece actualmente la ley.

En la Comisión Primera del Senado hay un proyecto de ley que presentó el partido MIRA, pendiente de ponencia para primer debate, que modifica la Ley 617 de 2000,  al crear una incompatibilidad de doce meses a los alcaldes después de la terminación del período o de la aceptación de su renuncia, para tomar parte en las actividades de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. 

Los impulsores de este proyecto señalan que en este momento hay un vacío que permite a los alcaldes renunciar al cargo y dedicarse a hacer política en épocas electorales.

Una situación de este tipo, como se recordará, se presentó en las pasadas elecciones regionales con Daniel Quintero, quien renunció a la Alcaldía de Medellín en plena campaña electoral para apoyar a su candidato Juan Carlos Upegui.

Si esta iniciativa es aprobada como ley de la República, aplicará a los alcaldes que se posesionen el próximo 1° de enero, haciendo que si renuncian no puedan participar o hacer política en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026 y las regionales de 2027.

Mientras que en la Comisión Tercera de la Cámara espera ponencia para primer debate un proyecto de ley que radicaron el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y la de Agricultura, Jhénifer Mojica Flórez, con el propósito de poner un límite en la tarifa del impuesto predial unificado cuando se haga el incremento por efecto de la actualización catastral.

Por ejemplo, la iniciativa establece que para predios urbanos con destino de vivienda o comercial, cuyo valor catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos, el incremento por actualización catastral puede ser hasta del 50 % del monto liquidado el año inmediatamente anterior.

La Ley 44 de 1990 establece que “el impuesto predial unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder el doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior”.

Si este proyecto es aprobado, impactará a los alcaldes que se posesionen en enero, en el caso de los municipios donde se haga la actualización catastral, pues recaudarán menos recursos por este impuesto.