El Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas reveló este martes su más reciente informe sobre Colombia, en el que advierte que aún en pandemia este flagelo ha continuado, y se lamentó de que “no existe una política integral” para prevenir este crimen.
De acuerdo con la ONU, el informe responde a la obligación establecida en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la cual Colombia es Estado parte, aunque se aclara que no se refiere a los hechos registrados durante el paro nacional en desarrollo.
Para su elaboración se indica que fueron recogidos datos e informaciones transmitidas por las autoridades nacionales y por fuentes independientes.
“Al Comité le preocupa que las desapariciones forzadas continúen ocurriendo en el Estado parte, incluso en el contexto de la covid-19, sin que hasta la fecha se haya adoptado una política integral para prevenirlas”, dice el documento.
De acuerdo con el Comité de la ONU, en el país se registran 84.330 casos de adultos desaparecidos y 9.964 niños y niñas registrados por la Fiscalía General de la Nación, aunque precisa que una de las preocupaciones radica en “la ausencia de datos claros y fiables sobre el número total de desaparecidos” en el país.
También señala que durante sus debates, los miembros del Comité expresaron “preocupación por las denuncias repetidas y creíbles de personas detenidas a las que no se les ha permitido comunicarse con sus familiares y abogados”.
Y agrega que muchos de los detenidos fueron retenidos durante protestas que se desarrollan en el país, por ello “el Comité urge a Colombia a que garantice que todos aquellos que son privados de su libertad tengan acceso a una defensa y pueden comunicarse con sus parientes o con la persona que deseen”.
También se identifica como una limitante para frenar este flagelo “la falta de activación inmediata del Mecanismo de Búsqueda Urgente”, para los analistas de la ONU se está convirtiendo “en un procedimiento administrativo sin un resultado efectivo”.
Al respecto, sostiene que se le pide al Gobierno de Colombia que garantice que “cuando se tiene noticia de una desaparición la búsqueda se iniciará de oficio y sin dilaciones en todos los casos”.
Por otra parte, lamentó las demoras en la identificación y devolución de los restos de personas desaparecidas, en particular de más de 24.000 cadáveres inhumados sin identificar en cementerios públicos.
Igualmente, sostiene que hay más de 4.000 cuerpos de víctimas de desaparición forzada que todavía faltan por identificarse entre más de 10.000 que se han exhumado.
Para el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, los problemas en el manejo y protección de los cuerpos de personas no identificadas han provocado su pérdida, mezcla o destrucción, situaciones que se han exacerbado con la pandemia.
En ese sentido, cuestiona el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto se tiene testimonios de familiares de personas desaparecidas que le informaron a ese organismo el hallazgo de cuerpos pero esa entidad no inició acciones para su inspección judicial y su identificación.
Asimismo, apuntó a que las campañas para la obtención de muestras genéticas son frecuentemente insuficientes e inaccesibles sobre todo en zonas rurales y que no todas las muestras recogidas han sido procesadas e incluidas en el Banco de Perfiles Genéticos.
En ese sentido, se advierte que Colombia tiene pendientes “numerosos retos y desafíos en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas”.
El documento concluye con una exhortación al Gobierno colombiano para que “adopte una política pública integral para prevenir las desapariciones forzadas, construida sobre la base de las obligaciones que emanan de la Convención y tomando también en cuenta las directrices sobre covid-19 y las desapariciones forzadas adoptadas por el Comité y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias”.