Con más preguntas que respuestas, los colombianos llevan más de 20 días cuestionando, indagando y dando a conocer su posición frente al operativo realizado por el Ejército Nacional en el sector conocido como Alto Remanso, zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo), donde fallecieron 11 personas que fueron presentadas como posibles integrantes de un grupo de las disidencias de las Farc.

Con el paso del tiempo aumentó el escepticismo, luego de que algunas organizaciones sociales del municipio sostuvieron que entre los abatidos habría civiles y no ‘guerrilleros’. No obstante, durante los últimos siete días las reacciones se multiplicaron, desde investigaciones periodísticas hasta citaciones para funcionarios del orden nacional para que expliquen lo sucedido.

Incluso, fue tanto el impacto que generó esta operación militar que ha sido tema prioritario no solamente para organismos jurídicos, sino en las corporaciones públicas como el Congreso y la Presidencia.

En este sentido, EL NUEVO SIGLO hace un recuento de las peticiones, comentarios y réplicas relacionados con este ejercicio militar en Puerto Leguízamo, sobre el que, como se dijo, hay más preguntas que respuestas.

Ámbito jurídico

Días después de conocerse los comunicados de organizaciones sociales, distintos organismos nacionales e internacionales se refirieron al caso.

Inicialmente, la Oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de Naciones Unidas exigió a la Fiscalía General de la Nación que realice “una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” y que “se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado colombiano a “continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas y a tomar las medidas necesarias para reparar este daño, incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y sus comunidades”.

De otro lado, la Fiscalía envió un equipo de 30 agentes especializados al sector para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió en Alto Remanso. Aunque no hay información completa de estas labores, primeros reportes de la entidad investigadora aclararon que no hubo capturas durante el operativo, “ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo”, esto debido a varios informes de prensa que detallaron la detención de cuatro supuestos integrantes de las disidencias.

En tanto que la Procuraduría recibió el informe de las Fuerzas Militares donde hay información completa sobre esa operación, y será el ente de control el que determine si abre o no una investigación frente al caso. Vale recordar que el pasado 30 de marzo, la entidad pidió a las Fuerzas Militares que se presenten copias sobre las órdenes para adelantar el operativo, ya que se preguntan sobre la posible “afectación a civiles”.

No obstante, desde el Gobierno nacional insistieron en la legitimidad de esta actividad militar en Putumayo. “La operación tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas, miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio (…) este se efectuó con todos los protocolos estipulados por el Derecho Internacional Humanitario”, expresó el presidente Iván Duque.

A su vez, el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, manifestó en entrevista con Noticias RCN que “fue una operación planeada y acompañada por una inteligencia dominante dirigida contra una estructura criminal, el GAOR 48”, e indicó que quienes estaban allí eran ‘combatientes’ y no civiles, un comentario que fue rechazado por varios dirigentes políticos y sociales del país.

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Entorno político

Dentro del ambiente político, la situación cada vez es más compleja, tanto así que un grupo de 30 representantes a la Cámara, la mayoría de la bancada de oposición, radicaron esta semana una propuesta de moción de censura contra el ministro Diego Molano, quien deberá explicar a fondo lo que sucedió.

Aunque el ambiente esté dividido y exista la posibilidad de destitución de su cargo, esta opción aún sigue siendo lejana, debido al gran respaldo de la bancada oficialista a las instituciones, tal como quedó plasmado en la moción de mayo del 2021, en medio de las manifestaciones sociales que fueron permeadas por múltiples actos de violencia.

Sin embargo, desde los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, La U, MIRA y Colombia Justa Libres exigen al Gobierno nacional que explique detalladamente lo sucedido, ya que de confirmarse las versiones extraoficiales, no les quedará otra opción más que avalar dicha petición, como ocurrió en 2019, cuando el entonces ministro Guillermo Botero fue acusado de planear y ejecutar un operativo donde fallecieron menores de edad. Sin embargo, Botero renunció en los días posteriores y esta opción fue archivada.

Pese a todos los cuestionamientos en el Congreso, Molano señaló que entregará las pruebas que demostrarán la legitimidad del operativo. “Vamos a atender esas decisiones que se dan dentro del control político, se darán todas las explicaciones operativas de una operación legítima en contra de un grupo delincuencial, los elementos materiales probatorios están en la Fiscalía y la Inspección General del Ejército está realizando una investigación interna”, dijo el jefe de cartera.

Vale mencionar que la Comisión de Paz del Senado hará una sesión descentralizada desde Puerto Leguízamo (Putumayo) el próximo 20 de abril, con el fin de escuchar a las comunidades, y en donde se espera que participen varios funcionarios del Gobierno.

Insumo electoral

Finalmente, el operativo militar realizado en el municipio putumayense también sirvió de insumo dentro de la campaña electoral. A falta de seis semanas para que se realice la primera vuelta presidencial, los candidatos también dieron su opinión al respecto.

El aspirante de Centro Esperanza, Sergio Fajardo, fue uno de los más críticos con el Gobierno nacional; de hecho, en anteriores días radicó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que se faciliten las mínimas garantías de imparcialidad y rigurosidad en la investigación, ya que sostiene que “la pérdida de confianza en las instituciones le está haciendo un daño inmenso a nuestra democracia. Se pone en juego la legitimidad institucional”, trinó.

Entre tanto, el aspirante por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, cuestionó las declaraciones del ministro Molano e indicó que “en mi Gobierno el honor será el eje de la fuerza pública, el mérito será el camino del ascenso y las armas defenderán libertades y derechos”.

Mientras que Federico Gutiérrez, candidato de Equipo por Colombia, comentó: “Las Fuerzas Armadas tienen y seguirán teniendo como norte el respeto riguroso a los DD.HH. Serán fundamentales en el fortalecimiento de la seguridad y el mejor aliado de la comunidad. Pido a las autoridades investigar con urgencia las denuncias sobre lo ocurrido en el Putumayo”, comentó.

Finalmente, el candidato de Salvación Nacional, Enrique Gómez, señaló que aunque se debe ahondar en las investigaciones, “la información mostrada no ha sido validada y es claramente parcializada, esa no es forma de tratar a nuestras instituciones (…) hay unos procedimientos legales y unas pruebas por practicar, el derecho al debido proceso le cabe a la institución”.