La Superintendencia de Sociedades decretó el inicio del proceso de liquidación de ICM Ingenieros S.A.S. y de Intec de la Costa S.A.S., dos de las cuatro empresas que conformaban la Unión Temporal Centros Poblados, involucrada en el escándalo de corrupción para llevar internet a las zonas rurales del país.

Esto significa que decretan el embargo y secuestro de todos los bienes, deberes y derechos de propiedad de estas sociedades, susceptibles de ser embargados.

En octubre del año pasado, esta entidad ordenó someter al grado de control a estas sociedades, que es el mayor grado de supervisión que ejerce esta autoridad.

Señala la Contraloría que en el caso de ICM Ingenieros este proceso empieza con un activo reportado de $62.289.140.000, a 31 de diciembre de 2020, el cual “deberá ser ajustado con base en el valor neto de liquidación y será determinado realmente al momento de aprobarse el inventario de bienes por parte del juez del proceso”, asegura el auto.

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Y en Intec de la Costa el proceso empieza con un activo reportado, a 31 de diciembre de 2020, de $50.462.056.000.

Esta orden de la Supersociedades se da alrededor de un año después de que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) caducara el contrato con Centros Poblados.

La empresa Omega Buildings Constructora, que hacía parte de la Unión Temporal Centros Poblados, que participó en el caso de corrupción para llevar internet a colegios en zonas rurales, sigue envuelta en problemas.

La Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal a esta compañía por irregularidades en la revisión y ajuste de diseños por un contrato de mejoramiento de una vía en el municipio de Chalán, en Sucre, en su condición de contratista desde el 30 de junio de 2020 hasta el 27 de octubre de 2021. Esta es una vía terciaria ubicada en un municipio PDET que fue priorizada en el marco de la implementación del acuerdo de paz.