ANTE LA circulación de panfletos en varias poblaciones de los departamentos de Arauca y Casanare, en los que grupos armados ilegales imponen ‘normas’ y ‘manuales de convivencia’ a la población civil, la Defensoría del Pueblo rechazó de manera contundente su contenido e instó a los entes competentes a establecer si son o no verídicos.
De igual forma, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, es necesaria la intervención institucional en los territorios que son blanco de la circulación de ese tipo de volantes: “Porque lo que debe primar es la seguridad, la protección y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales individuales y colectivos de los habitantes de las regiones que podrían estar en riesgo por el accionar manipulador, impositivo, intimidante y violento de los actores armados al margen de la ley”, sostuvo.
Asimismo, llamó a las organizaciones armadas ilegales comprometidas con los procesos de paz vigentes con el Gobierno nacional a respetar a las comunidades, a no involucrarlas en el conflicto armado, así como a mantener vigentes los principios del derecho internacional humanitario (DIH), cuyo eje central es el respeto por la vida.
“Ninguna estructura armada organizada puede estar por encima del Estado social y democrático de derecho e imponer sus ‘normas de convivencia social’ y amenazar a los moradores. Los panfletos de grupos armados ilegales no pueden arrodillar a las comunidades ni al Estado”, enfatizó el defensor del Pueblo.
La Defensoría también llamó a las comunidades de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales a poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho que represente riesgo para su vida e integridad, libre movilidad o cualquier derecho fundamental.
Los equipos en territorio de las Defensorías Regionales de Casanare y Arauca, luego de poner en conocimiento la situación de vulnerabilidad en la que están los pobladores por cuenta de los panfletos, han convocado y llevado a cabo reuniones con autoridades nacionales y locales, con la finalidad de que pongan en funcionamiento medidas que garanticen la protección efectiva de las personas.