CON 26 votos a favor, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en séptimo debate el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que busca aumentar significativamente el porcentaje de transferencias a las regiones, pasando del 24% actual al 39,5%. Este avance se da tras dos días de intensas discusiones en las que se modificaron varios puntos clave de la iniciativa.
El proyecto, que ahora ha superado siete de los ocho debates requeridos, originalmente proponía que las transferencias a los departamentos, distritos y municipios representaran al menos el 46,5% de los ingresos de la nación. Sin embargo, tras intensas negociaciones con la Casa de Nariño y los diferentes actores políticos, se acordó una cifra final del 39,5% en el Senado, mientras que en la Comisión Primera se fijó en 36,5%.
El propósito central de la reforma es mejorar la descentralización de los recursos y permitir que las regiones cuenten con más autonomía para gestionar los servicios básicos, como educación, salud y agua potable. Al respecto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que el SGP tiene como objetivo general garantizar recursos para servicios esenciales y detalló que, en paralelo, se llevará a cabo una reforma a la ley de competencias, lo que implicará un traslado de responsabilidades de gestión de algunas entidades del Estado hacia los territorios.
Posteriormente, agregó el ministro, esto permitirá una mejor administración de los recursos y una mayor eficiencia en el funcionamiento de las regiones. Del mismo modo, subrayó la importancia de lograr un consenso y mantener el proyecto dentro de un marco fiscal sostenible. Esto, dentro de los acuerdos establecidos entre el Congreso de la República y el Congreso en busca de las alternativas que permitan una descentralización de recursos y la posibilidad de que municipios pequeños reciban inversión sin la necesidad de que presenten proyectos de alto impacto.
Voces a favor y en contra de la iniciativa
Durante el desarrollo de este penúltimo debate, algunos congresistas hicieron reparos a la iniciativa y no quedaron del todo conformes con lo aprobado. Inicialmente, la representante Jennifer Pedraza de la Coalición Centro Esperanza expresó su preocupación sobre el impacto de la reforma en las brechas sociales del país, especialmente en la educación y la infraestructura, ya que la descentralización propuesta por el gobierno no resolverá las desigualdades existentes ni la desfinanciación histórica de las regiones. “Las brechas en educación, agua potable e infraestructura en municipios no se solucionan con esta reforma al SGP”, señaló, añadiendo que el Gobierno promete descentralizar recursos, pero sin un plan claro para abordar los problemas estructurales de las regiones.
Por otra parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar explicó que desde el emisor existe una creciente preocupación por la reforma al Sistema General de Participaciones SGP y la manera como esto puede influir en el mercado interno. Al respecto el funcionario sostuvo que “quedan preocupaciones sobre si el año entrante se va a cumplir o no con la regla fiscal, y debo decirlo porque en las últimas semanas ha habido una preocupación muy grande en los mercados internacionales por la perspectiva de la reforma del acto legislativo que reforma la constitución y de lo que eso implica en el aumento del gasto a mediano y largo plazo cuando ya teníamos una situación que era bastante vulnerable”.
A posteriori, Villar agregó que “teníamos un ambiente complicado en materia fiscal y ya era difícil ajustar medidas. Para el próximo año, el presupuesto implica un crecimiento del 3% de gasto, pero bajando todos los gastos distintos a los intereses que debemos pagar por la deuda que se ha acumulado y las transferencias del Sistema General de Participaciones que aumentan 16%. Ya, el SGP está generando una obligación para el Gobierno de bajar los gastos desde el presupuesto general de una manera muy importante y obliga a que como se ve en el presupuesto que no fue aprobado y que el Gobierno debe sacar por decreto, la inversión pública del Ejecutivo se caiga de manera significativa. Los gastos distribuidos en la mayor parte de los sectores caen en términos absolutos para compensar el aumento de las transferencias”.