Piden que se anule fallo de falta de seguridad de ex-Farc | El Nuevo Siglo
El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, espera que la Corte tenga en cuenta las medidas que ha tomado el Gobierno para la protección de los desmovilizados de las Farc.
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Miércoles, 23 de Marzo de 2022
Redacción Política

Para lograr que las acciones en la seguridad de los excombatientes de las ex-Farc se consoliden y sean un objetivo común, es necesario que se parta de la realidad. Así lo señaló el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, al revelar que el Gobierno nacional solicitó a la Corte declarar la nulidad de la sentencia SU-20, que declara el estado de cosas inconstitucional en la protección de los exintegrantes de la entonces guerrilla de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz a finales de 2016. 

Archila explicó que “si bien la sentencia SU-020 de 2022 no ha sido notificada ni publicada, la Corte Constitucional, mediante Comunicado 01 del 27 de enero de 2022, informó a la opinión pública que la sentencia ‘resuelve’ declarar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por un presunto ‘bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de los excombatientes’”. 

El Consejero dijo que este Gobierno ha avanzado en medidas para la protección de los desmovilizados y se refirió, en ese sentido, al informe de la Defensoría del Pueblo en el que se recogen los esfuerzos que se han hecho sobre el particular.  

“Por eso, es tan importante que la Corte considere lo que la Defensoría enseñó y que no se quede en sus apreciaciones iniciales”, expresó Archila.  

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en un informe que le solicitó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la seguridad de los excombatientes en proceso de reincorporación, dijo que “del seguimiento que la Defensoría ha hecho a todo ello, con múltiples instrumentos, hemos verificado que, para cada tema, el Gobierno ha hecho explícita su intención de cumplirlos, se ha trabajado para contar con planeaciones de largo plazo y se han obtenido resultados”. 

De igual manera, señala el informe de la Defensoría del Pueblo que “… se ha construido una estrategia robusta de prevención y protección en el marco de un concepto de seguridad humana integral”.  

El defensor Carlos Camargo destaca que “luego de que el consejero Archila expidiera el Plan Estratégico para la Seguridad de Excombatientes, el cual está constituido por ocho líneas estratégicas, se ha avanzado en todos los frentes con el compromiso de todas las entidades del Estado en la seguridad de esta población, aún en las difíciles condiciones derivadas de la existencia de grupos armados y los esfuerzos que se han precisado derivados de la pandemia”.


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Como consecuencia, en la solicitud que le hizo el Gobierno a la Corte para que declare la nulidad del estado de cosas inconstitucional en la seguridad de los exintegrantes de la entonces guerrilla de las Farc, se señalan las diferencias entre las apreciaciones del alto Tribunal y el informe defensorial. 

Por ejemplo, mientras la Corte en su sentencia indica que no se registran avances en la seguridad de los excombatientes, la Defensoría del Pueblo en su informe indica que “…al evaluar la dinámica del fenómeno en el tiempo se evidencia que desde el año 2017, el número de muertes violentas de excombatientes ha ido disminuyendo cada año en comparación con el anterior”. 

El fallo 

A finales de enero pasado, la Corte acudió de nuevo al estado de cosas inconstitucional al declararlo por el que consideró bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc, violencia que ha dejado más de 300 asesinatos.  

Con esta ya son ocho las ocasiones en las que el alto Tribunal adopta la figura en casos en que determina que las omisiones de las autoridades tienen como consecuencia la vulneración masiva de los derechos fundamentales de un grupo amplio de personas, como ocurrió en el que dictó por el desplazamiento de población.  

El fallo de la Corte se desprende de cinco tutelas que llegaron a sus manos, presentadas por firmantes del Acuerdo de Paz de Nariño y Guaviare, quienes exigen el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz, pues en estos territorios hay presencia de grupos armados al margen de la ley, por lo que piden protección del Estado. 

El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, dijo que en la noche del pasado domingo “fue asesinado el firmante de paz Domingo Mancilla Cundumi, en Guapi, Cauca. El asesinato de los firmantes de paz son crímenes cuya responsabilidad es directamente del Estado y la falta de voluntad política del gobierno Duque para implementar el Acuerdo de Paz”. 

Según Indepaz, en lo corrido del presente año han sido asesinados nueve firmantes del Acuerdo.