La crisis de seguridad en el Catatumbo sigue cobrando vidas por el fuego cruzado en los enfrentamientos entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. A pesar de la presencia del Gobierno nacional en la zona y un despliegue militar de más de 3.000 soldados, la guerra entre los dos grupos armados ya ha cobrado la vida de más de 80 civiles, entre ellos más de una decena de firmantes de paz.

La escalada violenta se recrudeció a principios de mes, luego de diversos ataques por el control de la región de parte del Eln, que buscan fortalecer su presencia, además del dominio en las zonas productoras de coca. La situación ya había sido avisada por la Defensoría del Pueblo tanto en 2021 como en noviembre del año anterior, alertas que no fueron tomadas en cuenta desde el Gobierno.

Parcialmente, la entidad estima que en adición a las más de 80 víctimas mortales de estos enfrentamientos, cerca de 5.000 personas han sido desplazadas, siendo el municipio de Tibú y Cúcuta los principales destinos de los afectados, así como Venezuela, país que se ha convertido en una vía de escape al conflicto en el Catatumbo y en el que las autoridades han implementado operativos para evitar que las comunidades desplazadas sean víctimas de otros actores ilegales.

Las primeras caravanas partieron el pasado viernes, donde los profesores de la región abandonaron los corregimientos más afectados por esta guerra y con banderas blancas buscaban ayuda de las autoridades. Estos masivos desplazamientos están siendo monitoreados por la Defensoría, en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior a través de un puesto de mando unificado y el acompañamiento de las autoridades durante las caravanas.

Al respecto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que “la dedicación de la Fuerza Pública está dirigida a garantizar la vida, a preservar vidas que están en grave riesgo por esta acción del Eln, teniéndolos como objetivos concretos directos y contra quienes inclusive ha desarrollado acciones prácticamente ‘de cacería’, lo que resulta inconcebible en una organización que se dice guerrillera”.

Piden renuncia de mindefensa

Tras el Consejo de Seguridad realizado por el Gobierno en Tibú, que contó con la presencia de los ministros de Educación e Interior y la directora del Dapre, Laura Sarabia, la principal incógnita que se sembró fue sobre la ausencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien durante la semana pasada no emitió juicio alguno en relación con las acciones de los grupos armados en esta región del país, ni por la ruptura de los diálogos de paz con el Eln.

Fue apenas la jornada de ayer en la que Velásquez hizo presencia en Norte de Santander, luego de argumentar problemas de salud y una incapacidad médica. No obstante, su justificación no fue suficiente, puesto que diferentes actores políticos, especialmente miembros de la Cámara y el Senado de la República, pidieron su renuncia del cargo.

Y es que no es la primera vez en el que el jefe de la cartera se ve entre la espada y la pared frente a los miembros del Legislativo. Ya en el pasado fue citado a diversos debates de control político, centrados en los problemas de seguridad y orden público que justamente se estaban presentando en el departamento de Norte de Santander, además del Huila, Cauca y Caquetá.

La representante Luz Ayda Pastrana fue una de quienes solicitaron la salida de Velásquez, mencionando “el desplazamiento en el Catatumbo, la extorsión gigante en todo el departamento del Huila, el atentado en la mina en Buriticá, Antioquia, y todos los hechos de violencia que han acontecido a tan solo 18 días del año 2025. Es una vergüenza lo que está pasando con la seguridad y con la paz de nuestro territorio. Usted, ministro de Defensa, tiene la responsabilidad de que los colombianos vivamos en paz y seguros. Pero ninguna de las dos está cumpliendo”.

En simultáneo, el representante Juan Daniel Peñuela, del departamento de Nariño, pidió la salida de Velásquez, señalando que “el control del territorio no lo tiene el Estado colombiano, sino el Eln y las disidencias de las Farc, cuya confrontación está dejando una ola de barbarie y de sangre”. Además, Peñuela apuntó a una incapacidad para actuar de manera firme desde el Estado, en este caso desde la cartera de Velásquez, a quien pidió su renuncia.

Crímenes de guerra

A pesar de los señalamientos, Velásquez coordinó la jornada de labores del Ejército y demás autoridades en la región, ayudando especialmente a la evacuación de civiles. Desde allí, el ministro apuntó que gracias a labores de inteligencia “se ha confirmado el traslado del Eln de Arauca al Catatumbo, y han participado esos trasladados de Arauca en esta expedición sanguinaria que ha desatado el Eln en esta región”.

Sus palabras configuran una vez más una política en contravía de los diálogos de paz que se llevaban a cabo entre Gobierno y el grupo armado, hecho que valió para la ruptura de los mismos decretada por el presidente Petro, quien denunció crímenes de guerra por parte de este grupo. Una denuncia similar elevó el expresidente César Gaviria, quien aseguró: “En mi condición de director del Partido Liberal, me permito expresar mi conformidad con la decisión tomada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es indudable que los actos de esta agrupación, como lo dijo el Gobierno, son crímenes de guerra”.

Asimismo, desde Indepaz se ha señalado que desde el Eln “hay una orden de aniquilamiento a los firmantes, que consideran que son un estorbo. Y la decisión es o el firmante se alinea con ellos... o fuera. Solo el hecho del asesinato de firmantes en una sola jornada, es lo más grave que ha pasado. Y los que están en la mesa, todos están declarados objetivos militares”.