El país carece de una verdadera política criminal, lo que se refleja en la demagogia punitiva, señaló Hermes Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia).

Agregó que los políticos, en el Congreso o gobernantes, culpan a los jueces por los problemas de seguridad en las ciudades, cuando los operadores judiciales no tienen otra opción que regirse por la Constitución y las normas que el legislador le ha dado.

EL NUEVO SIGLO: A propósito de las amenazas que se conocieron supuestamente de la primera línea a un juez, ¿las audiencias virtuales se podrían prestar para hacer este tipo de intimidaciones? 

HERMES DARÍO LARA ACUÑA: Desde la Corporación de Jueces y Magistrados estimamos que una de las situaciones que más afectan la administración de justicia precisamente es la debilidad normativa en relación con temas como, por ejemplo, las audiencias en el Sistema Penal Acusatorio.

Hay aspectos que no están suficientemente regulados ni permiten un verdadero ejercicio independiente y autónomo de la función judicial, porque quedan en el aire situaciones como las pruebas, como la probable manipulación que se dé en ellas en las audiencias virtuales y algunos otros aspectos que generan esa clase de dificultades. 

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la virtualidad permite mayor celeridad en algunos de los trámites y actuaciones procesales. Pero sí considero que en el tema probatorio y en el tema directamente de la verificación de los testigos y la práctica de pruebas, debería darse todo el sistema obligatoriamente de manera presencial; y de manera excepcional, como por ejemplo con las personas privadas de la libertad de alta peligrosidad, que se puedan tomar sus testimonios por vía virtual. 

Todo lo demás debería ser de orden presencial, por lo menos en el tema penal. 

ENS: ¿Qué opinión tiene la Corporación por la tensión que se presenta desde los gobernantes y la ciudadanía frente a los jueces, porque muchas veces los responsabilizan por decisiones que consideran laxas sobre los delincuentes?

HDLA: Los jueces estamos constituidos en Colombia para ser garantes de los derechos fundamentales de las personas y ejercer, en el caso penal, una función frente a la iniciativa de la Fiscalía para condenar o no condenar a una persona. 

Uno de los problemas que hay es la demagogia punitiva o la falta de contenido de una verdadera política criminal. Muchos son testigos de la ambivalencia de la normativa que, por ejemplo, en el Congreso se habla de la paz total y negociación con grandes estructuras criminales, como si no hubiera sido posible que el Estado colombiano las atacara y las enfrentara, como ha sucedido con muchos otros agentes desestabilizadores de la democracia. 

Pero a la vez se pretende por políticos achacar problemas que son propios de la seguridad de los ejecutivos, tanto municipales como departamentales y a nivel nacional, a los jueces, cuando la rama judicial no tiene posibilidad de hacer más que cumplir la Constitución y aplicar las penas y los procedimientos que el legislador le da. 

Esta situación lleva a que podamos afirmar que no hay política criminal en Colombia. Lo último que hemos visto en estos años es que hay que delinquir al por mayor para poder tener beneficios de ley, como son todos los acuerdos que se han tenido con las diferentes organizaciones delincuenciales, y que la ciudadanía está expuesta por falta de una política seria del Estado para enfrentar la delincuencia. 

No hay creación de jueces, no hay una política carcelaria seria, cada ministro de Justicia entra diciendo lo que le conviene a cada presidente. Si las cárceles están llenas es culpa de los jueces, si están vacías es también culpa de los jueces. El caos que arman los políticos en la legislación penal es muestra de esa falta de seriedad con la que se tocan los asuntos de orden punitivo.

ENS: ¿Tienen los jueces seguridad para desarrollar esta labor? 

HDLA: Ese tema y otros son el déficit de atención que el Estado tiene para con los jueces. Tenemos una rama judicial muy débil y un órgano de administración de la rama judicial con poca capacidad para enfrentar diferentes temas, como la seguridad de los jueces.