A RAÍZ de las polémicas políticas y jurídicas de los últimos días, en torno a actuaciones anómalas de altos funcionarios del Gobierno, sus familiares y particulares sobre presuntas gestiones por debajo de la mesa para obtener contratos o influir en decisiones oficiales, se volvió a poner sobre la mesa el eterno y desgastado debate sobre por qué en Colombia no está regulado el llamado cabildeo o lobby.

De igual manera, ayer continuó la controversia sobre cómo habría sido aprobada una proposición presentada por parlamentarios del partido En Marcha, que, en el marco de la reforma pensional, pendiente de sanción presidencial, otorgó una billonaria suma a los fondos privados de pensiones por concepto de administración de estos recursos.

En la última década, más de una decena de proyectos se ha tramitado en el Congreso, con el fin de reglamentar esta actividad, que, de acuerdo con estas iniciativas, se entiende como objeto “regular el ejercicio del cabildeo para aumentar la transparencia y la igualdad de oportunidades de participación ciudadana en la toma de decisiones en el ámbito de la Administración pública y para la promoción de causas e intereses ante las Ramas del Poder Público y los organismos del Estado”.

EL NUEVO SIGLO habló con expertos frente a por qué en Colombia esta iniciativa nunca ha podido salir adelante en el Congreso, mientras que, en muchos países de Europa, Estados Unidos, e, incluso, en algunas naciones suramericanas, ya existe un marco reglamentario sobre cómo, quién, por qué y para qué se puede realizar cabildeo de forma abierta y legal, disminuyendo así la posibilidad de actividades de corrupción, sobornos, tráfico de influencias, entre otros aspectos.

El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, aseguró que, por una parte, no hay suficiente conocimiento de lo que se desea con este tipo de proyectos, aunque plantea que el objetivo principal ha sido darle más transparencia y visibilidad a esta actividad. Por otra parte, considera que, por falta de voluntad política, ha habido muchísimas dificultades para que iniciativas como estas avancen en el Congreso.

“Creo que la actividad de cabildeo en Colombia se realiza de manera permanente y se podría beneficiar de una regulación de ese tipo”, destacó.

Además, dijo que existe “una noción relativamente débil de las ventajas que puede traer este proyecto para una democracia, que ve de manera legítima la gestión de intereses, siempre y cuando se realice de manera transparente. El hecho de que pueda ser transparente podría ayudar a darle mucha más legitimidad a esa gestión de iniciativas por parte de actores que la ejercen”.

El director de Transparencia por Colombia destacó que el país requiere mayor conciencia sobre la necesidad de visibilizar y dar un buen trámite a los conflictos de intereses en todas sus formas. “Eso se aterriza en que podamos dar en el Congreso una discusión mucho más abierta de cómo gestionar esos conflictos de interés, que muchas veces no son negativos”, destacó Hernández, quien considera oportuna una pronta regularización de esta actividad.

Intentos fallidos

Por su parte, la profesora Patricia Muñoz Yi, directora de la maestría de Gobernabilidad y Gestión Pública Territorial de la Pontificia Universidad Javeriana, manifestó que ha habido intentos fallidos en el Congreso para reglamentar esta actividad, que, a su juicio, no es nueva en el país, pero que requiere control para lograr mayor transparencia.

“La primera discusión surge sobre si necesitamos una reglamentación y, aun cuando hay voces en contra. Creo que ha venido construyéndose la idea de que esta relación de influencia y de incidencia entre los tomadores de decisión por parte de quienes tienen intereses específicos en que se legisle de una u otra manera cuando se trata del Congreso y Ejecutivo, debería ser mucho más transparente, con unas reglas preestablecidas y con unas condiciones que den lugar a la participación de aquellos actores que busquen incidir en las decisiones”, indicó.

La profesora también cree que ha habido falta de voluntad política entre los actores para que proyectos de este tipo avancen en el Congreso. Entonces, considera que la pregunta que hay que hacerse es por qué se ha acentuado esa falta de voluntad por parte de los legisladores para establecer unas normas acordadas, colectivas, claras y transparentes que le permitan conocer a todos cómo se adelanta este ejercicio de cabildeo.

“Creo que hay que lograr ese respaldo colectivo de parte de los legisladores, ya que un proyecto del cabildeo, lo que hace es transparentar lo que hoy existe, pero de manera menos pública, de manera mucho más privada y que, por supuesto, deja muchas inquietudes frente a los acuerdos y a los niveles de incidencias que están teniendo estos actores externos”, dijo.

El zar anticorrupción, Óscar Ortiz, destacó que las razones por las que este proyecto no ha tenido éxito en el Congreso es porque se ha tratado de excluir a algunos sectores, por muchos años vinculados a este ejercicio.

“Puede haber una noción excesivamente restrictiva, casi creando un privilegio, en virtud del cual solo unos pocos pueden interceder en interlocución frente al Congreso o frente al Gobierno”, manifestó.

Ortiz indicó que esa noción sería muy poco democrática. Pero, además, cree que “se trata de la restricción de quienes están habilitados para hablar con autoridades públicas, pero lo que debe ser más importante en esa interlocución no es la restricción, sino el hecho de que sea público, de que sea visible, para saber quiénes, a nombre de cuáles personas u organizaciones logran esa interlocución o no”.