Fue aprobada en una maratónica jornada por parte de las comisiones primeras la prórroga de la Ley 418, una de las dos herramientas jurídicas que requiere el Gobierno en el marco de su política de paz para adelantar conversaciones con los grupos armados para su desactivación. En el caso de esta norma, calza principalmente a una eventual negociación con el Eln, por el estatus político que le reconoce la administración Petro.

La Ley 418 de 1997 ha sido invariablemente prorrogada por los distintos gobiernos desde ese año, dejando así abierta la posibilidad de dialogar con los grupos armados al margen de la ley en aras de lograr la esquiva paz en Colombia. La norma vence este año, por lo cual es vital para el Ejecutivo que se apruebe de aquí al 16 de diciembre, cuando finaliza el primer periodo de esta legislatura. 

Precisamente la primera semana de noviembre próximo se reabrirá en Caracas (Venezuela) la mesa de conversaciones con el Eln con miras a llegar a un eventual pacto de paz, después de un acuerdo que suscribieron hace unos días el Gobierno y esa guerrilla. 

Entonces, la Ley 418 ofrece el marco dentro del cual se podrán realizar las conversaciones con este grupo guerrillero. 

La otra ley que requiere el Gobierno para su política de paz está dirigida al sometimiento de los grupos armados ilegales de gran impacto, dedicados a actividades criminales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. 

Con estas organizaciones no habrá negociación sino acogimiento a la justicia, a cambio de algunos beneficios penales y otros, como que puedan quedarse con un 10 % del valor de los bienes que han obtenido de su actividad ilegal, según lo que se ha conocido del borrador del proyecto, que de acuerdo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, están terminando de confeccionar. 

A pesar de que la aprobación de la prórroga de la Ley 418 estaba garantizada para el Gobierno porque su coalición de partidos tiene las mayorías, hubo fuerte debate en temas como las facultades excepcionales al presidente, el servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio y la posibilidad de que a las disidencias y la reincidencia Segunda Marquetalia se les diera estatus político en unas eventuales conversaciones. Esto último fue descartado.

El ministro Prada dijo que “aquí, no solamente se define la paz total y se define la seguridad humana, sino que además se incorporan elementos como la vinculación de los acuerdos a los planes de desarrollo. Se vincula un nuevo concepto que son los comisionados de paz regionales, las regiones de paz, la posibilidad de los acuerdos parciales que se vayan realizando tanto a nivel regional como a nivel nacional”. 

El jefe de la cartera del Interior explicó que también “creamos el Gabinete de Paz como una instancia de gobierno estable dedicada a los temas de paz en concreto y a la implementación. También, logramos la aprobación de un servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio”.

El ministro del Interior puntualizó que “abrimos también la segunda posibilidad de de paz total, hemos hablado de los acuerdos con los grupos que tienen estatus político, pero aquí claramente creamos un marco que nos permite avanzar al diálogo para realizar acercamientos hacia el acogimiento o a la transformación hacia el Estado de derecho de organizaciones criminales de alto impacto”. 

Agregó que se define allí y se identifica cuál es el camino por el que “vamos a transitar para que, unido a las negociaciones de carácter político, este acogimiento de carácter judicial nos va a llevar seguramente a la paz en el territorio, a la paz social y a la protección de la vida de los colombianos”.

La norma fija que una vez se inicien los diálogos con los grupos al margen de la ley, se suspenderán las órdenes de captura. Asimismo contempla que se crearán regiones de paz en municipios en que actualmente se adelantan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que han sido los más castigados por el conflicto armado.

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Discusión 

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentó una proposición para “eliminar el parágrafo transitorio que pretende entregar unas facultades excepcionales al presidente de la República”, pues insistió en que “esa competencia tiene unos requisitos constitucionales”.

Por su parte el senador David Luna, de Cambio Radical, dijo que  “propusimos ajustes que fueron acogidos, en especial que la Nueva Marquetalia se someta a la justicia ordinaria por incumplir el Acuerdo de Paz con Farc”.

En tanto que la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo que presentaron varias proposiciones que no fueron acogidas. “El Eln ya no es un grupo insurgente desde que un exguerrillero quedó como presidente. El presidente Petro ya los representa a ellos y por lo tanto, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ellos ya no son grupo insurgente, son más bien grupos paramilitares, y por lo tanto tendrían que ser tratados como delincuentes”, dijo.

Tampoco fue acogida una proposición que presentó el Centro Democrático sobre el cuidado de los niños y los secuestrados en manos del Eln, pues señaló la colectividad que en estas negociaciones los insurgentes no dan cuenta de su paradero.

Valencia dijo que lo que más le preocupa de lo aprobado en la prórroga de la Ley 418 es “la incorporación automática como política pública de todo lo que se ha firmado. Lo que nos dice este Gobierno es que cualquier acuerdo parcial o total de paz que se haya firmado, se vuelve política pública y por lo tanto compromete a todas las ramas”.