Las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara de representantes tienen previsto abordar mañana en sesión conjunta darle el primer debate al proyecto de ley por medio de la cual se reglamenta la prisión perpetua para los abusadores y asesinos de niños.
En esta sesión dichas células legislativas procederán a votar la ponencia positiva para primer debate de esta iniciativa gubernamental, que busca reglamentar la reforma constitucional que en este sentido aprobó el Congreso de la República el año inmediatamente anterior.
La ponencia positiva para el primer debate de este proyecto está firmada por el senador Miguel Ángel Pinto y el representante a la Cámara por Córdoba, Jorge Enrique Burgos.
El pasado 16 de marzo el Gobierno presentó con mensaje de urgencia este proyecto con el cual se busca establecer los puntos a tener presente cuando se imponga la pena, es decir, "su condición de excepcionalidad, el control automático de la sanción, la revisión de la misma y cómo se va a aplicar. Es reglamentarla y que quede claro cuándo se aplica, cómo, quién la debe imponer y las garantías en estos procesos", dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios.
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La cadena perpetua, según lo aprobado en la reforma constitucional, se aplicaría a quienes sean declarados culpables de violación sexual contra los menores de edad y cuando se cumplan una serie de factores que agraven la comisión del delito.
Así mismo, el Gobierno nacional dijo que la revisión de la cadena perpetua a los 25 años sería una posibilidad, y si un juez considera que hay elementos de resocialización en el condenado, impondría una pena alternativa.
No obstante "la revisión en ningún momento podrá llevar a una reducción de la pena que sea inferior a los 50 años o 60 años, es decir, en ningún momento un violador o asesino de niños podrá tener una pena inferior a los 50 años de pena efectiva en Colombia", aseguró el ministro Palacios.
Por su parte, la reforma constitucional que introdujo en el sistema penal la cadena perpetua para abusadores de niños es materia de estudio por parte de la Corte, la cual debe establecer si es exequible o si una sanción de este tipo sustituye la Carta Política.