BAJO LA lupa de la Procuraduría General de Nación quedó el proyecto de decreto que fomenta la organización y movilización de campesinos, cuyo polémico borrador fue publicado en días recientes por el Ministerio de Agricultura.

El ente de control manifestó una “gran preocupación” por la propuesta, al considerar que en sus consideraciones no se hace referencia al derecho fundamental de protesta y reunión, lo cual está contemplado en el artículo 37 de la Carta Magna.

“El mencionado proyecto tampoco hace referencia a la libre asociación contemplada en el artículo 38 de la Carta Política, el cual establece el derecho de los ciudadanos para unirse y constituir asociaciones libremente para la realización de un proyecto común”, manifestó el ente de control.

Entretanto, el ente liderado por la procuradora Margarita Cabello considera alarmante la expedición de un que “excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular, para un sector específico de la Nación, unos derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto a los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio”.

El Ministerio Público trata de aclarar cómo es que el Gobierno nacional impulse un decreto oficial, con el aparente objetivo de defender, por medio de movilizaciones sociales, el proyecto de reforma agraria.

“En ese aspecto, el texto no es claro, sin embargo, uno de los argumentos presentados en el borrador es que se realiza un ‘llamado a la movilización y organización campesina’, y que se crearán comités municipales como ‘mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria’”, destacó el órgano de control.

También planteó la duda sobre si el Ejecutivo destinará recursos para que los campesinos puedan participar en movilizaciones. Esto, ya que el borrador publicado por el Ministerio de Agricultura establece que “todas las entidades de todos los sectores administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.

Procuraduría también reconoció la relevancia de sus observaciones, en virtud de que dicho decreto podría representar una violación a la Constitución Política, si es expedido.

“La expedición del decreto podría implicar una violación a nuestra Constitución Política, al reglamentar, promover -y tal vez costear- la movilización de un sector específico de la sociedad para que apoye una política gubernamental, aun cuando existen mecanismos y autoridades facultadas para, por un lado, asegurar que este grupo de personas ejerza sus derechos a asociarse, manifestarse y participar en política y, por otro, a que el Gobierno Nacional avance en la reforma agraria que propone”, destacó el ente de control.

En tal sentido, se invita al Ejecutivo a reconocer y garantizar la debida protección a los derechos del sector campesino, utilizando los canales institucionales que ya existen

“Por un lado, evitaría la multiplicidad de espacios que superen la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de acuerdos, y por el otro, avanzaría en la mejora de las relaciones sociales y en el fortalecimiento de la confianza institucional, a partir de consolidar los principios democráticos y la armonización de elementos de diálogo en la toma de decisiones de las diferentes ramas del poder público, bajo el postulado de la protección de la pluralidad y la diversidad que reconoce nuestra Constitución”, destacó.

El decreto

Tras la publicación del borrador del referido decreto, la polémica en torno a ella no ha parado de crecer.

La ministra Jhennifer Mojica explicó que, según el texto, las comunidades campesinas gozarán de autonomía política. La intención es defender “las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades en el proceso de reforma agraria”.

“Lo que queremos es generar un proceso de participación y movilización que ya existe, pero de manera articulada con las instancias públicas del Gobierno Nacional que nos permite fluir con una mayor eficacia a las demandas sociales y a las priorizaciones en materia de reforma agraria”, manifestó la ministra.