UNA SOLICITUD al Ministerio de Relaciones Exteriores hizo ayer la Procuraduría General de la Nación para dar continuidad al proceso de licitación para el suministro de pasaportes.

La petición se hizo después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenara el proceso, en medio de constantes denuncias por irregularidades.

Como se sabe, la audiencia pública debió realizarse el 1 de agosto; sin embargo, no fue posible, en vista de que fue interpuesta una acción popular, en la que se argumentó vulneración de intereses y derechos colectivos a la libre competencia, moralidad administrativa y patrimonio público. Por tal motivo, el procedimiento para escoger a la compañía encargada de suministrar el documento quedó suspendida.

Ahora, al ser rechazada la acción popular, el Ministerio Público solicitó al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dar continuidad al proceso, alegando que “el ente de control no encuentra razón para que el proceso licitatorio siga suspendido”.

También argumentó que, de no dar continuidad al procedimiento, podría haber obstáculos “en el normal desarrollo de la prestación del servicio con la entrega de pasaportes”.

La advertencia

Hace poco más de cinco días, la Contraloría se pronunció en torno a este caso haciendo una clara advertencia.

Al respecto, Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, advirtió que podría haber “intermitencia” o “parálisis” en la expedición de este documento, tanto en Colombia como en el exterior, ya que el proceso de licitación no se había completado.

El funcionario aseguró que ante las acciones de la administración “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.

Por lo tanto, instó al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, “en el ejercicio de la licitación pública referenciada, adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al Estado y se cumpla el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”.

Como es ya sabido, la adjudicación de los contratos para la expedición de pasaportes fue suspendida, en virtud de las irregularidades denunciadas por los organismos competentes. En aquella oportunidad, la Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones a Cancillería.

Por su parte, la Contraloría General de la Nación dijo que ante las denuncias hizo un estudio minucioso de la situación, encontrando que el 31 de julio ocurrieron dos hechos que calificaron como contradictorios, los cuales afectaron sobremanera el proceso de licitación.

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Se produjo el informe del Comité Evaluador del proceso de Licitación Pública LP-001-2023, que recomendó al ordenador del gasto adjudicar “por una parte, la licitación a un proponente que se encuentra habilitado en todos los componentes del presente proceso y se considera idóneo para la ejecución del contrato. Por la otra, el mismo día, se expide la Resolución número 5778, por medio de la cual se suspende el proceso de la licitación pública No. LP-01-2023".

Además, se conoció que la acción popular que fue radicada ante el Tribunal Administrativo Sección 14 de Cundinamarca, fue rechazada. “En resumen, el proceso licitatorio se mantiene suspendido sin que el Fondo haya expuesto a este ente de control una justificación distinta a la de su capacidad legal para mantener la suspensión”.

Esto ocurrió

La suspensión del proceso de licitación para la emisión de pasaportes en Colombia y en el exterior fue decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, hace casi un mes.

Dicha determinación deriva de las denuncias hechas por un grupo de empresas que competían en medio de la licitación, en torno a que las condiciones para llevar a cabo el proceso de escogencia favorecían a la compañía Thomas Greg and Sons.

“Para asegurar el respeto de los principios de la contratación estatal y especialmente el interés público, así como para garantizar la seguridad jurídica del proceso y de la futura contratación, se considera necesario suspender el proceso”, destacó la resolución 5778 del 31 de julio, la cual fue emitida por la Cancillería, firmada por firmada por el secretario de Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez.