En concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación pidió exonerar del servicio militar obligatorio a los integrantes de las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y ROM, certificadas por el Ministerio del Interior.

Hasta el momento, esa exoneración cobija a los miembros de los pueblos indígenas, de acuerdo con la Ley 1861 de 2017 que reglamenta el servicio de reclutamiento,

En su concepto, el Ministerio Público señaló que la norma solo hace referencia a los individuos que pertenecen a los pueblos indígenas, con lo cual el legislador incumplió el deber de conceder igual reconocimiento y respeto a los diferentes grupos étnicos del país.

Indicó, además, que esa exclusión carece de una razón suficiente, pues en el cuerpo de la norma y en sus antecedentes legislativos no se encontró una argumentación dirigida a justificar dicha determinación.  

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Para la Procuraduría, esa omisión del legislador genera una desigualdad negativa, pues mientras los miembros de grupos indígenas no deben obligatoriamente prestar el servicio militar o pagar la cuota de compensación respectiva, las personas pertenecientes a otros grupos étnicos diversos sí tienen dichos deberes.

Además, advirtió que la norma demandada genera “un escenario de desigualdad por razones de raza, contrario a lo ordenado por el artículo 13” de la Constitución.

Por ello, la Procuraduría pidió a la Corte declarar la inexequibilidad de la expresión “indígenas” contenida en la norma demandada, entendiendo que se deben incluir a los individuos que acrediten su integridad cultural, social y económica, con relación a las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras o ROM certificadas por el Ministerio del Interior.