Un importante número de proyectos en materia de salud se han radicado en la cuarta y última legislatura de este Congreso, los cuales quedan a disposición para su estudio de las comisiones séptimas. Será un reto dar un efectivo debate a este tipo de iniciativas que en su mayoría son vitales para la población colombiana, en un período de sesiones que estará cruzado por la campaña para las elecciones parlamentarias del 2022, y que por lo tanto podría distraer la atención de los congresistas.
El senador Alexander López, integrante del partido Polo Democrático, insistió en un proyecto de ley para reducir la cotización mensual de los pensionados al régimen contributivo en salud, por lo cual pasaría del 12% al 4%.
Una iniciativa en este sentido fue aprobada por el Congreso en 2017, siendo remitida a la Presidencia de la República para su respectiva sanción, sin embargo, el entonces presidente Santos la objetó por razones de inconveniencia e inconstitucionalidad.
No obstante luego el presidente Duque recogió esta propuesta que busca favorecer a la mayoría de pensionados que ven reducida su exigua mesada pagando el 12% mensual por salud, y la incluyó en la reforma tributaria del 2019, conocida como Ley de Crecimiento Económico.
Esta norma estableció que para los años 2020 y 2021, la cotización mensual de los aportes a salud para quienes tengan pensión de un salario mínimo se reducirá del 12 al 8% y para el 2022 pasará del 8 al 4%.
Para quienes tengan pensiones hasta dos salarios mínimos el aporte a la salud para 2020 y 2021 pasará del 12 al 10%.
Por su parte la bancada del partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley por medio del cual se crea la Óptima Acreditación de Calidad en Salud de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y se crean las Entidades de Apoyo a la Salud (EAS), con el fin de promover la calidad y buenas prácticas en la prestación del servicio y transparencia en el manejo de los recursos.
Entre otras la iniciativa establece que las EPS que no cumplan con los criterios establecidos por el Gobierno nacional, Ministerio de Salud, para la Óptima Acreditación de Calidad en Salud, no podrán prestar servicios en instalaciones propias, recibirán una remuneración denominada honorarios por parte de la Adres por afiliado atendido, servirán de apoyo al Sistema, sin acceder a los recursos económicos que a través de la UPC se ha destinado para este tipo de gestiones, exigiéndoles con esto, mayor calidad, compromiso, transparencia, rectitud y honestidad en la prestación del servicio.
En tanto que el Partido Liberal con la firma de congresistas de distintas colectividades radicó un proyecto por el cual se ordena la expedición de un lineamiento de atención integral y humanizada de la muerte y el duelo gestacional y neonatal en instituciones de salud.
La iniciativa delega en el Ministerio de Salud expedir un lineamiento de atención integral y humanizada de la muerte y el duelo gestacional y neonatal aplicable a todos los actores del sistema de salud que tengan a cargo la atención materno perinatal y neonatal y de salud mental, y efectuar el seguimiento a su implementación a través de las secretarías de salud distritales, municipales y departamentales.
Se busca garantizar una atención de calidad a la mujer y las familias que afrontan la muerte de sus hijos durante la gestación, el parto o dentro de los primeros 28 días de vida tras el nacimiento.
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Más iniciativas
La senadora Victoria Sandino, del partido Comunes, radicó una iniciativa por medio de la cual se decretan medidas para la superación de las barreras de acceso a los anticonceptivos en el sistema de salud.
El proyecto indica que las citas médicas para solicitar métodos anticonceptivos, de información, prevención, diagnóstico-detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual para hombres y mujeres serán de carácter prioritario.
De igual manera contempla que el Ministerio de Salud fortalecerá y promoverá la información y el acceso a métodos anticonceptivos, a nivel nacional, generando medidas en especial en las zonas más apartadas, de conformidad con el índice de las necesidades de planificación familiar.
De otra parte, la bancada en Senado del partido Colombia Justa Libres llevó al Congreso un proyecto dirigido a regular los bancos públicos y privados de células madre de cordón umbilical y su almacenamiento como aplicación de medicina regenerativa.
La iniciativa establece que el carácter público del banco de células madre de sangre de cordón umbilical implica una donación voluntaria con consentimiento informado previo.
Asimismo este proyecto prevé que se creará el programa de promoción y publicidad de donación de células madre de cordón umbilical a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social.
De igual forma los parlamentarios de esta colectividad radicaron un proyecto que busca dictar la política pública de infertilidad, y una vez entre en vigor incluir el acceso a la naprotecnología como tratamiento así como las técnicas de reproducción humana asistida o Terapias de Reproducción Asistida (TRA).
Por su lado el Polo Democrático Alternativo junto con la firma de parlamentarios de varios partidos presentó un proyecto de ley por la cual se establece la conformación e integración de las juntas regionales y nacional de la calificación de invalidez.
El proyecto enfatiza en la necesidad de establecer un procedimiento imparcial, transparente y basado en el mérito para la escogencia de los miembros e integrantes de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
Señala también que el Ministerio del Trabajo conformará e integrará las Juntas de Calificación de Invalidez Regionales y Nacional, teniendo en cuenta una serie de criterios, entre estos tres médicos con especialización que le otorgue licencia en seguridad y salud en el trabajo y experiencia demostrada mínima de cinco años en la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de su origen y de la fecha de estructuración o experiencia relacionada.
Así como un fisioterapeuta o terapeuta ocupacional que cuente con especialización que le otorgue licencia en seguridad y salud en el trabajo y experiencia demostrada mínima de cinco años en la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de su origen y de la fecha de estructuración o experiencia relacionada, entre otros.