El proyecto de reforma política que discute el Congreso revivió el debate sobre si la financiación de las campañas debe ser totalmente por parte del Estado o mixta, como esto último pasa, permitiendo aportes privados, tanto de personas naturales como jurídicas. La iniciativa que presentó el Gobierno contemplaba lo primero, sin embargo, lo que se aprobó en primer debate dejó las cosas como están. Hoy en la plenaria del Senado, en segundo debate, se dará un nuevo pulso en este asunto. 

La semana pasada, en sesión plenaria, el Senado empezó la votación del acto legislativo de reforma política. Fue aprobado el primer artículo, que dispone cambios referentes, entre otros, a que los candidatos que participen en consultas deben tener al menos seis meses de militancia; se define la paridad de género entre hombre y mujer; y define que quien renuncia a la curul, debe hacerlo igual al partido. 

Así mismo, aprobó el artículo segundo, referente a la democracia interna de los partidos, en donde además se determina que existan los mecanismos de elección democrática de sus directivas.

El tema en el que no se logró un acuerdo es el referente a la financiación de las campañas; por un lado, se propuso acoger la propuesta original del proyecto, que sea netamente estatal, y por otro, que sea preponderantemente estatal. Aunque el artículo tercero se puso a votación, no hubo consenso. 

La financiación de las campañas políticas es uno de los temas que más preocupan en materia de transparencia electoral, porque por esa vía pueden ingresar recursos de dudosa procedencia, en tanto que frente a la mayoría seguramente de origen lícito, podrían significar compromisos que posteriormente deriven en pago de favores a los aportantes, por ejemplo a través de contratos.

Por ello son muchos los que piensan que es preferible que el Estado haga un esfuerzo y financie 100 % las campañas, pero esto tiene el problema de la estrechez de los recursos públicos, así como que los dineros se entreguen a tiempo a los candidatos, pues por ejemplo en las elecciones parlamentarias de este año aspirantes a las curules de paz en la Cámara se quedaron esperando los anticipos que pidieron.

En el trámite de la reforma política fueron acumulados cuatro proyectos de acto legislativo, incluyendo el del Gobierno. 

Al respecto, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate una modificación al artículo 110 de la Constitución, señalando que “el Estado concurrirá a la financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley. Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con personería jurídica o por grupos significativos de ciudadanos serán financiadas de manera anticipada a la contienda electoral, preponderantemente con recursos estatales y aportes privados”.

Precisamente esto último es el principal cambio en la Constitución que aprobó la Comisión Primera del Senado en la reforma política en materia de financiación de las campañas, cuando dice que será “preponderantemente con recursos estatales”. 

Sobre el particular la Constitución dice que las campañas políticas “serán financiadas parcialmente con recursos estatales”.

Es decir, el texto aprobado hasta el momento lo que hace es que el Estado pase a financiar en su mayor parte las campañas, lo que se entendería debe ser más de la mitad. El resto puede provenir de donaciones de los privados. 

El proyecto que radicó el Gobierno de reforma política modificaba los dos primeros incisos del artículo 109 de la Constitución Política y establecía que  “el Estado concurrirá a la financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley. El financiamiento de las campañas electorales de partidos políticos, movimientos y grupos significativos será exclusivamente estatal bajo el sistema de anticipo del 50 % y el restante 50 % se realizará por reposición de votos”.

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Diversas posturas

La Misión de Observación Electoral (MOE) elaboró un estudio acerca de cómo se comportó la financiación de campañas en las pasadas elecciones legislativas. En el caso de Cámara, indicó que según el reporte que hicieron los candidatos en el aplicativo Cuentas Claras, “en su mayoría, lo invertido proviene de recursos propios de los candidatos (44 %) y de donaciones de los particulares (37 %), en especial de personas naturales. Lo demás habría sido financiado por las organizaciones políticas (14 %) y créditos del sector financiero (5 %)”.

Añade la MOE que para las campañas de Senado la fuente más importante de ingresos fueron los recursos propios de los candidatos (29 %); seguida de las donaciones de los particulares (28 %), sobre todo personas naturales; los recursos de las organizaciones políticas avalistas (18 %) y los créditos de entidades financieras (17 %). También se registraron ingresos por concepto de anticipos estatales.

El resto de la financiación estatal será pagada por la vía de la reposición de votos obtenidos, tanto en las legislativas como en las presidenciales de este año.

En tanto que el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “el proyecto de ley está proponiendo una financiación 100 % estatal. Nos hemos opuesto a esa opción, en primer lugar porque ya hoy en día la ley dice que la financiación política debe ser preponderantemente pública, lo que no se cumple en la realidad por varias razones, entre otras porque el financiamiento público a través de anticipos es muy demorado, es muy complicado, necesita de una gran cantidad de procedimientos”.

Agregó Hernández que “lo que hemos visto en la práctica es que se demora demasiado en llegar para financiar las campañas a tiempo y eso entonces hace que se requiera el financiamiento privado”.

Por ello concluyó que si no hay alguna manera de resolver que esos mecanismos de financiamiento público sean más ágiles y “al mismo tiempo estamos prohibiendo el financiamiento privado, lo que estaríamos haciendo es más difícil la participación en política, sobre todo de aquellas organizaciones, movimientos o expresiones políticas que no tienen previamente un recurso como lo puede hacer un partido político ya organizado. Entonces esto sería un factor adicional de inequidad”. 

Sobre el tema también se pronunció la MOE  en un documento que entregó para una audiencia pública que se realizó en días pasados en la Comisión Primera del Senado sobre cinco proyectos radicados de reforma política.

Para la MOE, “el modelo de financiación de campañas políticas debe ser exclusivamente público”, aunque para ello hizo varias observaciones, como que “no puede hablarse de la figura de financiación a través de reposición de votos en un modelo de financiación exclusivamente estatal, pues la entrega de los recursos debe darse en el inicio de la campaña y por ende se convierte en el único mecanismo de financiación”.

Por ello propone que se deben entregar los recursos destinados a las campañas una vez queda en firme la inscripción de las candidaturas.

Agrega que en la financiación exclusivamente pública de las campañas surgen dudas, por ejemplo cómo se distribuyen los recursos, si debe ser igualitarios o proporcionales. Además señaló que se debe prever cómo funciona el modelo de financiación pública cuando se presentan coaliciones.

Misión Electoral Especial

Uno de los estudios que se han hecho más a fondo sobre el sistema de partidos y electoral en el país, lo realizó en 2017 la Misión Electoral Especial que convocó el gobierno de la época con expertos para que hicieran un diagnóstico y propuestas con el fin de un proyecto de reforma política y electoral. 

Dicha Misión recomendó “mantener el modelo de financiamiento mixto que existe actualmente en Colombia, aunque garantizando un mayor porcentaje de financiación pública (directa e indirecta) para el funcionamiento de las organizaciones políticas y para las campañas electorales, reduciendo a la vez  la financiación de origen privado”.