La administración de Gustavo Petro tiene la intención de presentar su iniciativa para la rama, con los propósitos fundamentales de dar mayores respuestas a la ciudadanía, que sea más eficaz en la lucha contra la corrupción, la impunidad, mucho más rápida, más accesible y más tecnológica. La Casa de Nariño creó una comisión con 34 expertos que hagan aportes sobre los cambios que se requieren
 

La fallida reforma de Santos

El primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos logró sacar adelante en el Congreso esta reforma, que contemplaba medidas de descongestión; eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura, reemplazándolo por una estructura gerencial y disciplinaria; suprimía la ineficiente, como es considerada por muchos, Comisión de Acusaciones de la Cámara; establecía una fórmula en el juzgamiento de congresistas y altos funcionarios para que tuvieran doble instancia en la Corte Suprema.

Además, esta reforma garantizaba recursos de inversión por 2 billones de pesos en 6 años para el sector justicia, en temas como mejoramiento de la infraestructura e implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, la puesta en marcha de la oralidad y la descongestión judicial.

Resultado

En enero del 2013 el entonces presidente Santos devolvió al Congreso la reforma, pues se negó a promulgarla por los ‘micos’ que se incluyeron en la conciliación por parte de algunos parlamentarios.

Al explicar Santos las razones por las cuales entonces no promulgó la reforma a la justicia, dijo sobre la etapa de conciliación que “en esta última instancia, la comisión decidió sesionar sin la presencia del ministro de Justicia y del Derecho; hicieron los cambios que a bien tuvieron, y solo le informaron al ministro de éstos después de 10 horas de discusión, cuando ya, por razones de tiempo, había muy poco por hacer”.

Añadió el entonces mandatario que “infortunadamente −y después de todo este gran esfuerzo−, el Gobierno ha detectado que se introdujeron unos cambios que en nada favorecen a la justicia y la transparencia y, en particular, algunos que son verdaderos micos”.

Entre los ‘micos’ que incluyeron de forma inconsulta los 12 conciliadores, estaba que en la sala que se creaba en la Corte Suprema para investigar y juzgar a los parlamentarios, le agregaron investigar y juzgar a gobernadores, embajadores, ministros y generales.

El ministro de Justicia que radicó el proyecto el 16 de noviembre de 2011 fue Germán Vargas Lleras.

Equilibrio de poderes

Tras la fallida reforma de 2012, el entonces presidente Santos impulsó el proyecto de acto legislativo denominado Equilibrio de Poderes que radicó el 30 de septiembre de 2015, que hacía ajustes en materia de justicia y en lo electoral, derivando en el Acto Legislativo 02 del 2015.

Resultado

Esta reforma eliminó la reelección del presidente de la República, del procurador General de la Nación, del defensor del Pueblo, del contralor general de la República y del registrador Nacional.

De igual forma, eliminó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, creando en su lugar la comisión de aforados para investigar y acusar a los magistrados de las altas Cortes, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al Fiscal General. Estaba integrada por cinco miembros elegidos por el Congreso por ocho años.

La reforma de Equilibrio de Poderes también otorgó una curul en la Cámara a los raizales de San Andrés, retirando la que tenían los colombianos en el exterior. Amplió el radio de la silla vacía en corporaciones a los congresistas, concejales y diputados que fueran condenados por delitos dolosos contra la administración pública y los mecanismos de participación democrática.

En el bloque de justicia esta reforma eliminó el Consejo Superior de la Judicatura, creando el Sistema de Gobierno y Administración judicial en cabeza del Consejo de Gobierno Judicial y de la Gerencia de la Rama Judicial.

También en materia de justicia hizo ajustes en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, incluyendo la audiencia pública.

Posteriormente, la Corte Constitucional en el estudio de exequibilidad de la reforma de Equilibrio de Poderes tumbó la mayor parte del componente sobre la justicia, pues dejó viva la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al concluir que suprimirla afectaba el principio de autonomía y autogobierno que la Carta del 91 le garantizó a la Rama.

Igualmente, el alto Tribunal tumbó la comisión de aforados, dejando de esta manera viva la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, pues determinó que “el régimen de investigación, acusación y juzgamiento de los magistrados de altas cortes y del Fiscal General de la Nación contenido sustituyó el eje definitorio, separación de poderes y autonomía e independencia judicial”.

El ministro de Justicia que radicó el proyecto que derivó en la reforma de Equilibrio de Poderes fue Yesid Reyes Alvarado.

El intento de Duque

Una de las primeras reformas que promovió Iván Duque fue la de justicia, que proponía un nuevo modelo de administración y gobierno con la creación de una Comisión Interinstitucional de la Rama, una Dirección General compuesta por un Consejo Directivo y un gerente. Además, instituía la Comisión de Carrera Judicial.

Igualmente, la iniciativa legislativa de ese gobierno planteaba cambios para descongestionar los despachos y agilizar la justicia, como la obligatoriedad de las sentencias de unificación, la desjudicialización de asuntos para ser resueltos por particulares y autoridades administrativas, así como la habilitación del arbitraje legal.

Además, este proyecto de reforma contemplaba la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura; prohibía que la Corte Constitucional anunciara sus fallos a través de comunicados de prensa; hacía cambios en la tutela; y creaba la comisión de aforados.

Sin embargo, el texto aprobado hasta el segundo debate en la plenaria del Senado de la República, mantenía el Consejo Superior de la Judicatura y no le dio cabida a la comisión de aforados, superviviendo la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes.

Se aprobó también implementar una comisión interinstitucional para hacer seguimiento al cumplimiento de las reformas al sector justicia, en donde estarían el Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la República.

Resultado

El 5 de diciembre del año 2018, integrantes del entonces Partido de gobierno, el Centro Democrático, anunciaron que la reforma de justicia se hundió por falta de tiempo, pues no fue agendada en esa oportunidad en la Comisión Primera de la Cámara para su tercer debate. Por normatividad tenía que cumplir los cuatro debates antes del 16 de diciembre de ese año, cuando el Congreso finalizaba el periodo legislativo.

Dicha reforma fue radicada por la entonces ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien durante el trámite del proyecto tuvo roces con distintas bancadas, incluso con las que integraban la coalición de gobierno. Por ello el hundimiento de la iniciativa legislativa le costó la continuidad en el cargo, y no tuvo otra que presentar su carta de renuncia al entonces presidente Iván Duque.