Hoy será radicado en el Congreso el proyecto con el que el Gobierno quiere darle un vuelco al sistema electoral que existe en el país. Según establece el primer artículo de dicho documento “este acto legislativo tiene por objeto incorporar en la Constitución ajustes en materia de financiación estatal de las campañas políticas, la regla general de listas cerradas a cargos de elección popular y los principios de democracia interna de los partidos”.
El presidente del Senado, Roy Barreras, explicó que entre otros, la reforma “contiene lista cerrada, paridad de género, financiación estatal, autoridad electoral independiente, es decir, arrancar el clientelismo de raíz y el régimen de compra y venta de votos, que es el sistema clientelar que es el que está establecido en Colombia, para pasarlo a listas cerradas, financiadas por el Estado y cerradas a la penetración del narcotráfico y la corrupción”.
Del mismo modo incluiría un artículo de transfuguismo político, lo cual le permitiría a los congresistas cambiarse de partido sin incurrir en doble militancia o en cualquier otra sanción.
Para Barreras este proyecto contiene mecanismos novedosos para combatir la corrupción y las clientelas políticas, que son las que operan durante los comicios nacionales y regionales cada cuatro años.
Esta propuesta había sido planteada originalmente con el Acuerdo de Paz que se firmó con las Farc, en donde además se creó una comisión de expertos para dar luces sobre cómo debería funcionar el sistema político.
Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió a las listas cerradas dentro de la reforma: “No necesariamente quienes aspiraron por los partidos hacen parte de su historia, de su ideología, de sus programas y esto también está ligado a la ausencia de listas cerradas y a la forma como se ha ido diseñando el sistema electoral, que no permite tener partidos fuertes, coherentes, con listas cerradas, con perspectiva de género y todos estos detalles, incluida la posibilidad de que haya un ajuste en la militancia de los partidos mismos; la vamos a llevar al Congreso”.
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Financiación
Entre los objetivos que se pueden destacar del borrador de la reforma política está que se buscará centralizar la financiación de las campañas desde el Estado, sin la posibilidad de que agentes externos hagan parte de ese proceso. Según el documento así se distribuiría esa financiación: “el 30% se distribuirá en partes iguales entre todos los partidos inscritos, el 40% será para los partidos dependiendo del número de curules obtenidas en la última elección al Congreso, el 10% será para todas las colectividades según el número de escaños en concejos municipales, lo mismo para asambleas departamentales, el 5% para las mujeres elegidas, con la condición de que eso se deberá invertir en estrategias para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en política, y lo mismo sucederá para el caso de los jóvenes”.
De acuerdo con el documento impulsado por el Pacto Histórico: “El Estado entregará estos anticipos para la financiación de las campañas electorales a cargos y corporaciones públicas de elección popular, con por lo menos dos meses de anticipación a la fecha de las elecciones”.
Sobre la financiación anual de los partidos políticos se establece que esta se realizará por medio del Fondo Nacional de Financiación Política, y debe ser equivalente al 0,4% del Presupuesto Nacional.
Periodos
Otra de las propuestas que se establece en la reforma política que impulsará Gustavo Petro es que los congresistas, concejales o ediles no podrán estar en su cargo más de tres periodos. Así mismo, los partidos y movimientos políticos que sumados hayan tenido una votación del 15%, podrán presentar una lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.
Si se llega a concretar esta reforma política, se acabarían las listas abiertas o el voto preferente. Es decir, los votantes tendrán que elegir un partido o movimiento y no un candidato en particular; esto aplicaría para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes.
Así, los partidos o coaliciones podrán decidir quiénes son sus candidatos, el orden y número de integrantes para ocupar las curules del Congreso de la República. Sobre el material publicitario en las elecciones populares se aclara que no se podrán entregar ni exigir donaciones, dádivas o regalos para ejercer el derecho al voto, pero sí material propagandístico.