A TRAVÉS de un documento, el Centro Democrático, partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, dio a conocer 12 razones para inaplicar el fallo de 2012 contra Colombia.
El primero de ellos es que se desconoce el Uti possidetis iuris, la decisión del Libertador Simón Bolívar para que, tras la Independencia, se respetaran los límites fijados por la Corona Española, que había concedido a la Nueva Granada-Colombia el título sobre el archipiélago sin excluir porciones del mar.
Además, el Protocolo de Intercambio de Ratificaciones del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, aceptado y firmado por ambas partes en 1930, establece, en el segundo párrafo, que el archipiélago se extiende al oeste hasta el Meridiano 82. El párrafo no se restringe al territorio insular, sino que comprende todo el archipiélago.
El tercer punto está relacionado a “esa nota era legal al tenor del poco desarrollado derecho del mar de la época, que en la materia solamente obligaba a respetar tres millas de mar territorial, lo cual no se afectó”.
El documento también establece que no hay razón para negar que la nota encajaba en el Derecho Consuetudinario, pues en cuanto los tratados entre los países no violaran el respeto a las tres millas de mar territorial, la costumbre era acatarlos.
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Según el escrito, la Corte viola el principio de los elementos sociales en la consideración de equidad. En efecto, pretendió despojar a Colombia de una porción de mar que ha sido fuente histórica de manutención de pescadores raizales del archipiélago.
También se establece que Colombia renunció al título que tenía sobre las Islas Maíz en la costa de Nicaragua. Otro punto de interés es que la Corte “de manera ilegal desmembró el archipiélago histórico de San Andrés”, que hace parte de Colombia.
Asimismo, se asegura que el país suramericano ha ejercido efectividad en ese mar del cual pretende despojarle. “Ha reaccionado oportunamente cada vez que Nicaragua ha pretendido tomar decisiones en contra”.
El texto plantea que Colombia ha ejercido seguridad militar en ese mar y que ha sido aprehensiva para cuidar la reserva ambiental Sea Flower.
“Los pescadores raizales tienen un derecho natural, jamás contrario al derecho positivo o legislado, para realizar pesca artesanal en cualquier mar de su vecindad. Para esto no se necesita de un nuevo Tratado entre Colombia y Nicaragua”, afirmó el Centro Democrático.
Por último, destacó que sencillamente, los límites de Colombia están incorporados a la Constitución.