ESTA SEMANA el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que no hay restricción para hacer bombardeos a grupos criminales, dejando abierta la posibilidad de que en este Gobierno se empiece a usar esta herramienta después de la suspendiera por la posibilidad de que se pueda afectar a la población civil o haya menores de edad en los campamentos de los grupos delincuenciales. Qué significa este cambio en la estrategia ofensiva de las Fuerzas Armadas y que efecto podría tener para recuperar el orden público en varios territorios. EL NUEVO SIGLO consultó expertos.

El entonces senador Gustavo Petro y sus sectores políticamente afines fueron muy críticos por los bombardeos en el gobierno de Iván Duque porque en algunas de estas operaciones resultaron muertos menores de edad que fueron reclutados por las disidencias de las Farc.

En noviembre 2019, las Fuerzas Armadas realizaron un bombardeo en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá, contra un campamento de las disidencias de las Farc en el que perecieron siete menores de edad que habían sido reclutados. Ello fue motivo para que la oposición, en ese momento encabezada por Gustavo Petro, impulsara una moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien semanas después renunció al cargo ante la inminencia de que fuera aprobada por el Congreso.

El entonces presidente Duque explicó sobre los menores que murieron en bombardeos a campamentos de grupos delincuenciales, que “claramente la responsabilidad ante el DIH en ese tipo de situaciones está en quienes han hecho esos reclutamientos ilegales”. Advirtió también que todas las operaciones militares deben descartar afectaciones a la población civil.

Recién llegó este Gobierno, el 25 de agosto 2022 el ministro de defensa Iván Velázquez anunció que “los bombardeos deben ser suspendidos, vamos a evaluar el momento específico en el que como una directriz específica se pueda disponer, pero hacia allá es a donde debemos tender”. Agregó que “hay que privilegiar siempre la vida sobre la muerte y no se pueden desarrollar operaciones que pongan en peligro la población civil y en la condición de los menores forzosamente reclutados que estas acciones en esta dirección deben concluir”.

Dos días después el presidente Petro reiteró que “no van a morir más niños bombardeados en Colombia. A mí me preocupa más que maten a los niños reclutados”.

Además de evitar eventuales afectaciones a la población civil y menores de edad reclutados, otra razón que explicaría la decisión del Gobierno de suspender los bombardeos es su política de paz total, que contempla negociar con las guerrillas acuerdos de paz y con los grupos multicrimen el sometimiento a la justicia.

Sin embargo, la política de paz del Gobierno avanza en medio de vicisitudes sin resultados en la reducción de la violencia en las regiones. Adelanta negociaciones con el Eln y el Estado Mayor Central de las Farc; sin embargo, estas organizaciones no han suspendido las acciones criminales y son múltiples las denuncias de violaciones al cese el fuego al que se comprometieron.

Con las bandas multicrimen el Gobierno no ha podido avanzar en conversaciones, mientras que crecen en su accionar delincuencial. En días pasados el Clan del Golfo la emprendió a gran escala contra la población civil en Antioquia, y en la respuesta se enfrentó con el Ejército en violentos choques armados que cobraron la vida de cinco militares.

Como consecuencia, el presidente Petro lanzó una advertencia al Clan del Golfo, lo que explicaría por qué el Gobierno analiza reactivar los bombardeos: “Vamos a responder (…), no son capaces de desmantelarse, como lo hemos solicitado, serán destruidos por el Estado”.

En tanto que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo esta semana que se puede bombardear a los grupos criminales. “La disposición es no se puede bombardear cuando se tiene conocimiento de la presencia de menores en un campo. Lo cual significa que, si la inteligencia acredita que no existen menores, esa restricción tampoco existe. No es la prohibición del bombardeo en absoluto, esa es una operación que es admitida”.

Implicaciones del anuncio

El director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, dijo sobre la afirmaciones del ministro de Defensa de que hay la posibilidad de reactivar los bombardeos, que “creo que reformularon la estrategia porque Petro como gobierno entró con una lógica de una paz total y una mesa amplia de negociación, pero la realidad lo ha ido llevando a que ya no son las guerrillas a las que él pertenecía, que tenían una plataforma ideológica, sino que hoy están asociadas al narcotráfico y minería ilegal, lo que llamamos portafolio de economía ilegal. Entonces reformulan la estrategia y creo que esa va a ser la política de aquí en adelante, más zanahoria y garrote, y ser selectivos en la negociación”.

Rosanía explicó que “el bombardeo está regulado dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, y el gran problema en su momento era que en Colombia no había una definición clara si había un conflicto armado interno o no. En eso se ha venido avanzando porque todo lo que fue la línea del uribismo hablaba de amenaza del terrorismo y no hacía reconocimiento del conflicto. Juan Manuel Santos transforma eso porque jurídicamente iba a ser un problema a futuro, sobre todo ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Hoy Colombia ya tiene ese marco dentro de un conflicto armado interno y eso permite que haya el bombardeo”.

Por su parte el exsenador y experto en seguridad Alfredo Rangel Suárez dijo que “el Gobierno nacional nunca ha debido suspender los bombardeos contra los campamentos de los grupos criminales. Ese ha sido un instrumento que ha dado muy buenos resultados para el desmantelamiento de esos grupos en muchas regiones del país, inclusive para dar de baja a cabecillas muy importantes, como lo fueron algunos de los principales de las Farc como el ‘Mono Jojoy’, ‘Raúl Reyes’ y ‘Alfonso Cano’”.

Rangel dijo que el argumento con el cual el Gobierno suspendió los bombardeos, “que para proteger a los menores de edad, eso ha tenido consecuencias muy perversas porque ha incrementado el reclutamiento de menores de edad, que han sido cooptados por estos grupos para poner a esos menores de edad en los campamentos como una garantía de protección frente a los bombarderos de las Fuerzas Militares”.

Dijo también que “ahora el Gobierno de una manera muy extraña va a autorizar los bombardeos solamente contra el Clan del Golfo, no contra los grupos guerrilleros, cuando no ha cambiado nada de las circunstancias por las cuales el Gobierno argumentó la suspensión de esos bombardeos”.

Difícil diferenciar menores de edad

Mientras que el académico Óscar Palma, quien fue investigador del Centro de Estudios Estratégicos para la Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, dijo que “a lo largo de la historia del conflicto, sobre todo en años recientes, se ha demostrado que el poder aéreo es una capacidad importante en la lucha contra los actores armados”.

Recordó que varios éxitos en contra de las Farc y otras organizaciones fueron alcanzados por la utilización de los bombardeos estratégicos. “Creería que tiene mucha lógica volver a este tipo de estrategias para la lucha contra los grupos Armados en Colombia”.

Dijo también Palma que “entiendo que la línea del Gobierno haya sido no recurrir a este tipo de instrumentos, pero creo que la necesidad misma del panorama nos demuestra que se debe, por lo menos, considerar esta posibilidad”.

Agregó que “el Ministerio ha dicho que se realizarán estos bombardeos cuando se garantice que no existen en las zonas menores de edad, personas de 12 a 17 años, pero eso va a ser una de las grandes dificultades de la estrategia. Puede no ser fácil lograr determinar con gran certeza: personas de 12 y 13 años puede ser evidente a los ojos que son menores de edad, pero de 15 para arriba es muy difícil establecer una diferencia”.