UN FUERTE debate causó en la plenaria del Senado de la República, el proyecto de acto legislativo que plantea la descentralización de los recursos regionales en el Sistema General de Participación. Con la ponencia del senador del Ariel Ávila, de la Alianza Verde, explicó al respecto que “urge la descentralización porque la mayoría del territorio nacional está por encima del promedio de índice de pobreza monetaria; desde el año 2023 la pobreza multidimensional se concentró en zonas como el corredor del Pacífico entre Tumaco Nariño a Riosucio en el Chocó, el corredor entre el sur de Bolívar, sur de Córdoba y Catatumbo, así como también en la región de los llanos orientales. En Norte de Santander el índice de homicidios supera el 14% que se registra en Bogotá, y lo mismo ocurre en departamentos como los llanos orientales, Putumayo y Nariño, tienen el doble e incluso el triple de la tasa que tiene Bogotá”.
A nivel de educación, Ávila advirtió que se presentan enormes diferencias entre regiones “con las pruebas ‘Saber 11’, este es el apartheid geográfico que les decía porque además de tener problemas de grupos armados, drogas, violencia pobreza e inequidad, salen los estudiantes peor preparados y la diferencia es inmensa en comparación con los resultados de las mismas pruebas en las ciudades capitales. Las tasas de defunción infantil son más altos en las regiones de densidad étnica, prevalencia ambiental y áreas no municipalizadas en comparación con las grandes ciudades”.
Posteriormente, el congresista sostuvo que “en el marco de los acueductos dispuestos en las regiones donde hay grupos armados ilegales, pobreza, estudiantes mal preparados, alta tasa de homicidios, mortalidad infantil que se presentan en las mismas regiones compuestas por los corredores del sur, corredores del Pacífico, llanos orientales, Nariño y Norte de Santander. Grupos como el Eln controlan los corredores del sur y la frontera con Venezuela; las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ controlan el oriente colombiano, el Cauca y Nariño en donde aumentaron los cultivos ilegales en regiones donde la pobreza supera los índices comparativos en el interior del país y se están apoderando de la región de los llanos orientales.
No obstante, el Clan del Golfo controla las regiones de la Costa Atlántica, aunque los registros de cultivos ilícitos son bajos, sin embargo, es por esa región a través de la cual sale toda la droga en lanchas y semisumergibles hacia Centroamérica, México o Haití. Entonces las regiones, municipios y departamentos tienen un cóctel bastante peligroso porque en medio de la pobreza se suma la violencia, los cultivos de cocaína, minería ilegal, grupos armados ilegales, organizaciones criminales, inequidad, baja capacidad institucional, y polos de desarrollo legal ausentes. Ese es el círculo vicioso de lo que yo llamo el apartheid geográfico que se presenta en Colombia”.
Iniciativa entre el respaldo o el espaldarazo
Uno de los hechos que trascendió en medio de la presentación del informe de ponencia, el senador Ariel Ávila anunció que hubo un acuerdo para establecer el porcentaje de participación que la Nación debe transferir a las regiones “el fin de semana estuvimos trabajando con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, y llegamos a siete acuerdos en los que establecimos: el porcentaje a aumentar es 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación, es decir que pasamos del 46,5% al 39,5% al bajarlo en siete puntos, pero que está muy por encima de lo que son las proyecciones del Sistema General de Participación”.
Así mismo, Ávila agregó que “esto no se hará en una transición de 10 años, sino que lo aumentamos a 12 años; además reforzamos el tema de la ley de competencias, ya que no habrá acto legislativo que entre en vigencia, sino hay ley de competencias aprobada y la vamos a discutir en este Congreso seguramente para la legislatura de 2025; luego se incluye la financiación de mínimo dos años de escolaridad en educación preescolar y dos años de educación superior con la concurrencia del Gobierno nacional; se reduce a seis meses el tiempo de presentación de la ley de competencias para que tengamos un año y medio para discutirla; se incluye como principal objetivo el marco de cierre de brechas”.
También dijo que: “Respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo reiteramos que no se va a quebrar el Estado porque no vamos a meter duplicidad de funciones, hay departamentos que están pagando el PAE con los recursos de regalías. La ley de competencias lo que establece es que sí se transfieren recursos a los municipios y departamentos, la Nación no va a hacer inversión en obras que son netamente de la competencia de los entes territoriales, así es que no va a haber duplicidad de funciones. Pero para eso, con la aprobación de este acto legislativo en 2028 se invertirán $108.4 billones, lo que significa que sin este proyecto se invertirán más $110.0 billones de pesos. La transición no va a ser de un golpe, sino gradual, obviamente que a medida que pasan los años se va aumentando con un crecimiento suave y controlado por la Nación y que nos garantiza que estamos dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo; además en cuanto al peso de los Ingresos Corrientes de la Nación en el PIB - Producto Interno Bruto estimado entre el 17,1% hasta máximo un 18,2% y eso varía según las reformas tributarias”.
Organizaciones económicas se pronuncian
A la iniciativa del Congreso de que con el cambio en el Sistema General de Participaciones (SGP), se gire a las regiones el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de 12 años, una propuesta de ANIF sugiere que ese cambio en las transferencias pase de 23,8% a 35% de los ingresos corrientes en el mismo plazo.
“Nuestra sugerencia permitiría que las transferencias aumenten de forma gradual y en línea con la reducción anticipada en el pago de servicio de la deuda para los próximos años. Adicionalmente, al establecer un piso y un techo, la fórmula ayudaría a que los entes territoriales tengan los recursos suficientes para asumir nuevas competencias, pero con un monto acotado”, explicaron desde ANIF.
Esa propuesta de ANIF, surge ante la avalancha de críticas que la propuesta inicial he recibido de los gremios y de sectores políticos e incluso de entidades como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que advirtió que ese monto que en principio superaba transferencias del 46%, pondría la deuda de la Nación por encima del límite máximo establecido por la ley (71%).
Resalta el centro de pensamiento, que “siguiendo los principios de responsabilidad y prudencia fiscal, el acto legislativo debe ajustar y revisar la fórmula de incrementos del SGP. Una mala calibración de la fórmula de descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas de interés, que no solo afecten la capacidad de endeudamiento del Gobierno y otras entidades de orden subnacional, sino del sector privado, afectando así el crecimiento, la inversión y el empleo en todo el país”.