EN LA Cámara de Representantes avanza la discusión del nuevo proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno nacional. Bajo ese orden de ideas, y según lo señalado por el ministro de Salud Guillermo Jaramillo esta propuesta fue concertada con todos los gremios que integran ese sector, sin embargo, esto al parecer no es del todo cierto y pese a ello el proyecto fue presentado.

Como se sabe, la ponencia de archivo fue negada y el proyecto pasa a debate, pero en este sentido algunos congresistas han manifestado que el articulado debe ser objeto de cambios, al respecto el representante Jairo Humberto Cristo de Cambio Radical sostuvo que “somos 21 congresistas los que tenemos que definir el futuro de la salud de 50 millones de colombianos en los próximos años y no veo cómo este proyecto puede marchar sin más fuentes de financiación”.

Posteriormente, el congresista manifestó que “este proyecto se está presentando con un odio en contra de quienes manejan el sistema actualmente. El sistema sí tenía falencias en la ley 100, pero para implementar un nuevo sistema de salud hay que pensar en las fuentes de financiación, porque el proyecto propone un sistema de salud resuelto en la atención primaria, pero sin soluciones en la baja y alta complejidad porque no estima recursos para esto”.

Asimismo, dijo que “el proyecto es el mismo que el de la primera legislatura y no soluciona la problemática de la salud, los reparos que han tenido los diferentes actores no han sido escuchados, el gobierno llegó a acuerdos con las EPS, pero no con los beneficiarios del servicio, no da un plan de beneficios para los usuarios, no establece los recursos para la atención primaria los cuales toma de la UPC, aumentando de manera gradual, pero no establece otras maneras de financiación y la infraestructura hospitalaria también serán tomados de la Unidad de Pago por Capitación y no de otros recursos de financiamiento. Se debe retomar el Consejo Nacional en Salud y mejorar las funciones de Adres y ejercer control financiero para evitar que los recursos de la salud lleguen a paraísos fiscales”.

Una reforma que no convence

De igual manera, el representante Víctor Salcedo del Partido de La U explicó que “este partido le presentó un documento técnico al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo en donde le hacíamos unas observaciones relacionadas con esta reforma. Nos llama la atención la financiación progresiva y dijimos que del Producto Interno Bruto por lo menos un punto podría ser destinado a los recursos de la salud”.

Señaló que “la UPC debe ser definida desde el punto de vista técnico y cuáles son los argumentos para modificarla, se debe revisar las funciones de las gestoras de salud, las auditorías selectivas de Adres y los modelos de contratación, tampoco son claras las funciones y la forma como se establecen las redes integradas de salud, la centralización de los recursos de salud no están bien argumentados y tampoco se estructura una sostenibilidad financiera y establecer mecanismos claros y eficientes”.

Del mismo modo, puntualizó que “llevamos dos años discutiendo que la salud no es un negocio, pero mirando el articulado se deja claro que aquí hay unos temas con ánimo de lucro y más cuando en Colombia hay una gran inversión de la empresa privada en el sector salud. Además de llamar la atención sobre los anuncios de Invima ante la escasez de medicamentos”.

Por su parte, la congresista Betsy Pérez afirmó que “hay que hacer claridad en el procedimiento que se está llevando a cabo en esta reforma porque la ley 1751 de 2015 estableció la salud como un derecho fundamental y este proyecto modifica en aspectos fundamentales como el manejo de recursos, la atención pública del servicio, cambios en el modelo de seguridad social”.

“Estos cambios se deben hacer por una ley estatutaria y no por una ley ordinaria, pero si el gobierno insiste en continuar con este proyecto la Corte Constitucional podría declararlo inexequible porque mantiene medidas regresivas en contra de los usuarios. No se conoce si las direcciones nacionales de salud a nivel territorial están preparadas para asumir el cubrimiento en salud de todos los usuarios, así como las demás responsabilidades porque el fortalecimiento de estas entidades se tarda más de cinco años y este proyecto espera hacerlo en dos años”, mencionó Betsy Pérez.