El Gobierno reiteró en los últimos días que radicará en la tercera legislatura, que comienza el próximo sábado, un segundo proyecto de reforma de salud, luego del que se hundió en abril pasado. La iniciativa llega también con polémica a bordo, porque no ha sido suficientemente consensuada, porque repite varias de las propuestas drásticas que llevaron a su hundimiento y porque la crisis del sector en estos momentos requiere más medidas para ahora que para dentro de uno o dos años, según lo han manifestado muchas voces.

El pasado martes, durante el XV Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, el presidente Petro defendió el proyecto de reforma a la salud para hacer ajustes de fondo al servicio y al sistema que fijó la Ley 100 de 1993.

“Reformar la Ley sí es indispensable, y el camino que yo creo debería ser el de la garantía del derecho: garantizar el derecho universal a la salud, a la pensión, a la educación", sostuvo el jefe de Estado. 

En tanto que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, advirtió en su participación también en  el Congreso de Hospitales y Clínicas, que “el Gobierno no presentará ningún proyecto de reforma a la salud que no sea conciliado”.

Añadió que “no vamos a legislar en contra de los privados (...) El giro directo que tanto gestionó la ACHC (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas), tiene que seguir en aumento”.

El pasado 4 de abril, la reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado en su tercer debate, tras una polémica por más de un año que se dio en el Congreso y por parte de distintos sectores por los alcances de la iniciativa, que para partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical ponía en peligro el sistema que se ha construido por más de tres décadas. 

Dicho proyecto eliminaba las EPS; también hacía que el Estado, por medio de la Adres, asumiera el manejo y control de los recursos del sistema, con el propósito de pagar directamente a los hospitales e IPS los servicios prestados, proceso que hoy lo realizan estas empresas que el Gobierno quiere que desaparezcan, porque considera que son un ´palo en la rueda’ para que los recursos fluyen.

Petro culpó a algunos congresistas por el hundimiento del proyecto e insistió en su tesis de que el Congreso no quiere hacer las reformas que necesitan los colombianos. “¿No es hora de la reforma? Congresistas a quienes los intermediarios privados del dinero público les pagan sus campañas quieren impedir toda reforma. Es el pueblo el perjudicado”, exclamó el mandatario.

Luego, el 9 de mayo, Petro anunció que “nos toca presentar de nuevo el proyecto con mensaje de urgencia, buscando que antes de que terminen estas sesiones (el pasado 20 de junio) se apruebe en comisiones y pasar a plenarias". Sin embargo, esto quedó en apenas un anuncio, porque era claro que no había ambiente para la reforma, y menos que se tramitara con mensaje de urgencia.

Además, era un momento definitivo para que el Gobierno se concentrara en sacar adelante la reforma pensional que estaba en peligro de hundirse, como efectivamente lo logró.

El inconveniente que podría tener de entrada este segundo proyecto de reforma a la salud del Gobierno es que no ha sido socializado ni concertado con las fuerzas políticas que no son afines a la Casa de Nariño. Sí se hizo con seis EPS, con las cuales se logró un acuerdo sobre el texto y el papel que tendrán en el nuevo sistema que se propone como gestoras de salud y vida; además, ha sido presentado en algunos de sus aspectos en encuentros regionales por el Ministerio.

Ateniéndose a lo que dijo el ministro Jaramillo, que “el Gobierno no presentará ningún proyecto de reforma a la salud que no sea conciliado”, lo que tendría que ocurrir es que la iniciativa no sea radicada este 20 de julio, sino que el titular de la cartera se siente con los partidos de oposición e independientes para buscar un consenso sobre el texto que propone la Casa de Nariño. Está por ver si ello ocurre.

También está de por medio la crisis de la salud, que exige soluciones inmediatas que no las puede ofrecer la reforma que se busca, pues como mínimo su trámite tomaría este semestre. 

Actualmente se presenta en el sector un problema financiero por el importante desfase que se registra entre los recursos que entrega el Estado a las EPS por servicios y medicamentos no previstos en el plan de beneficios y lo que realmente les cuesta; también hay incertidumbre por la intervención de la Superintendencia a siete de estas empresas, las cuales suman más de 22 millones de afiliados; así como que Compensar, Sura y Salud Bolívar pidieron al órgano de control aval para poder liquidarse por los problemas financieros.

Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, dijo a EL NUEVO SIGLO que “pronto va a haber un apagón dentro del sistema. ¿Qué quiere decir el apagón?: si la plata se agota, nadie va a seguir prestando los servicios de salud”.

Agregó que lo que se ve venir es que “vamos a tener un semestre en donde todo el mundo va a estar volcado a la reforma al sistema de salud, que hoy no hay consensos, nadie sabe para dónde vamos con la reforma y si esta resuelve los problemas que hoy tenemos”.

Aspectos de la iniciativa

Del proyecto que presentará el Gobierno se sabe que tiene 47 artículos e insiste en varios aspectos que tenía la primera iniciativa, como es que la estatal Adres recaudará todos los recursos fiscales y parafiscales que deben ingresar al Fondo Único Público de Salud, los administrará y asumirá como pagador único del sistema.

Igualmente se mantiene el modelo de salud que será preventivo, predictivo y resolutivo basado en atención primaria. Igualmente, insiste la reforma en crear el Consejo Nacional de Salud, como instancia de dirección del sistema, adscrito al Ministerio.

Así mismo, el proyecto que presentará el Gobierno mantiene la forma como se define el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Para ello el Ministerio tomará en cuenta las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de
Operación del Aseguramiento en Salud y del Consejo Nacional de Salud.

Establece que el valor de la UPC se determinará mediante estudios técnicos, que consideren ajustadores de riesgo en función de la edad, el sexo, ubicación geográfica, las condiciones epidemiológicas y socioeconómicas de la población.

La nueva iniciativa mantiene también la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida. Igual dice que las que actualmente se encuentran operando en el sistema seguirán haciéndolo hasta por dos años.

Otros proyectos 

Adicional al proyecto del Gobierno se espera que sean radicadas al menos otras cuatro iniciativas de reforma a la salud en la legislatura que viene. Una de éstas es de 21 asociaciones médicas y científicas que se aglutinaron en el grupo de Acuerdos Fundamentales.

Entre las disposiciones que contempla este texto está que “el Gobierno nacional asignará al sector salud un porcentaje creciente anual, en términos reales, del Presupuesto General de la Nación. En ningún caso este porcentaje será inferior al mayor valor entre el IPC causado y el del incremento del salario mínimo legal vigente”.

Igualmente, el movimiento Pacientes presentará un proyecto; así como el denominado Pacto por la Salud, integrado por varios exministros, puso su texto en manos de los ocho senadores de la Comisión Séptima autores de la ponencia de archivo de la primera iniciativa de reforma del Gobierno.

Dichos ocho senadores vienen trabajando desde entonces en un proyecto que radicarán en la nueva legislatura.