EN MOMENTOS en que el proyecto de reforma a la salud se da por hundido, la atención se centra en la modificación al sistema de pensiones en el país, iniciativa que va en segundo debate en la plenaria del Senado, pero que completa más de un mes sin haber arrancado la discusión en firme.

Tras una estrategia de los partidos de oposición e independientes para afectar el quórum deliberatorio, como medida de presión para que el Gobierno acepte concertar el alcance de la iniciativa, y luego de un desgastante proceso de discusión sobre los impedimentos, se esperaba que esta semana que termina empezara el análisis de fondo.

Sin embargo, por distintas presiones políticas, el surgimiento de más impedimentos y los debates de moción de censura, a la par del alud de reacciones sobre la propuesta de constituyente que lanzó el presidente Gustavo Petro, no se cumplió ese objetivo y todo quedó para después de Semana Santa.

¿Cuál es el panorama de la iniciativa? ¿Qué implicaciones tendrá el concepto de la Contraloría alertando sobre los vacíos en materia de cuantificación fiscal? ¿El Gobierno aceptará concertar o insistirá en una ponencia oficialista que tiene amplia resistencia en las mayorías de la plenaria?

Sobre la reforma pensional y su aval fiscal, la Contraloría General de la Nación se pronunció recientemente, advirtiendo que la iniciativa incumple con ese Marco Fiscal, algo con lo que muchos congresistas concuerdan.

“La Contraloría General de la República consideró que el proyecto de reforma pensional, en trámite en el Congreso de la República, trae de por sí grandes avances sociales, pero resulta imperativo que no vaya a afectar el cumplimiento de la regla fiscal”, aseguró el ente de control.

El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, se pronunció. “A la Contraloría le preocupa, de llegarse a aprobar la reforma, el equilibrio de las finanzas para garantizar que la regla fiscal en el mediano y largo plazo no se vaya a ver afectada, porque generalmente cada año se debe aportar un promedio del 19 % del Presupuesto General de la Nación para cubrir el déficit de las pensiones públicas que el Estado tiene la obligación de garantizar a aquellos ciudadanos que durante toda la vida laboral han hecho de manera juiciosa un aporte a las pensiones”, dijo el funcionario.

Sobre los riesgos que corre el Estado de aprobarse esta reforma, tal y como lo plantea el órgano de control fiscal en su último informe, EL NUEVO SIGLO habló con tres senadores para conocer su opinión.

Alfredo Deluque, senador del Partido de la U; Sol Berenice Bedoya, congresista de la Alianza Verde, y Beatriz Lorena Ríos, de Colombia Justa Libre, fueron consultados por este diario para responder dos preguntas claves: ¿La advertencia de la Contraloría sobre el problema de costo fiscal de la reforma pensional puede llegar a que esta iniciativa se hunda? ¿Cree que el Gobierno terminará cediendo en cuanto a bajar el umbral de tres salarios mínimos de cotización exclusiva para Colpensiones?

En torno al primer interrogante, Deluque manifestó que, tal y como la plantea el Gobierno, “la reforma pensional es muy peligrosa, porque puede dejar sin piso a futuro las pensiones de los jóvenes de hoy. Solo darle la posibilidad a este Gobierno, y a cualquier otro, de que maneje $405 billones que hoy constituyen el ahorro de los colombianos en esa materia, es muy peligroso”.

Además, destacó que “se puede volver plata de bolsillo. La Contraloría tiene razón en su advertencia, más si se tiene en cuenta que el supuesto aval fiscal del Gobierno es bastante incierto, pues la reforma, en vez de reducir el hueco fiscal, lo agranda”.

Sobre este tema manifestó: “¡Qué problema en que ha metido el presidente Petro a su ministro de Hacienda al hacerlo emitir avales fiscales sobre unas reformas que no son sostenibles fiscalmente!”.

En torno a la segunda pregunta, fue enfático al decir que “el Gobierno debería apoyar la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, no solamente porque es más conservadora en materia del umbral, sino que también le da la responsabilidad del manejo del ahorro pensional a una institución como el Banco de la República, lo cual le da garantías al sistema. Yo creo que esos dos puntos son los que más atención deben causar en la opinión pública. A pesar de ello, veo muy difícil que eso suceda, pues toda su reforma está basada en estimaciones que hace en el umbral de 3 smlm”.

Las líneas rojas

Para la senadora Bedoya, la reforma pensional podría terminar hundida en el Congreso, sobre todo por los duros cuestionamientos que ha recibido el aval fiscal del proyecto. Sobre ello y respondiendo a la primera pregunta emitida por EL NUEVO SIGLO, destacó que “lo primero que hay que hacer es tener el aval fiscal y que todos se pongan de acuerdo para tener viabilidad; si no, es complicado”.

En torno a si el Gobierno podría bajar el umbral de tres salarios mínimos de cotización exclusiva para Colpensiones, dijo que “esa es una línea roja que desde el inicio el presidente Gustavo Petro trazó”, así que cree que “el Gobierno no tiene ningún interés de cambiarlo ni consensuar. Norma Hurtado tiene una alternativa con una de tres años y el Gobierno no lo conciliaría”.

Por su parte, la congresista Ríos, sobre el pronunciamiento de la Contraloría, indicó que ese ente ratifica lo que desde el Senado han advertido.

“Como autora de la ponencia de archivo de la reforma pensional, lo he venido manifestando en los distintos escenarios y será parte de mi sustentación dentro del debate que comenzará en los próximos días. El proyecto de ley no tiene entre sus objetivos llevar a más colombianos a confiar en el sistema y ahorrar para la vejez; eso significa que nuestros artistas, deportistas, campesinos y líderes religiosos seguirán excluidos del sistema de protección para la vejez”, dijo.

Pero también sostuvo que “el cumplimiento de la regla fiscal se ve claramente afectado en el largo plazo, pues el proyecto de ley nos lleva a triplicar el déficit de Colpensiones. Esto hace absolutamente inviable el sistema, que, como está diseñado, no será sostenible en el 2070, o incluso antes”.

En referencia a la posibilidad de bajar el umbral, indicó que desde el primer momento esa discusión ha estado y estuvo en tránsito en la Comisión Séptima del Senado y la posición del Gobierno es que el umbral es una “línea roja” que no modificará; inclusive, consideraron inicialmente que fuera de cuatro salarios mínimos.

“Antes del concepto de impacto fiscal entregado después de la radicación de la ponencia positiva por senadores del Gobierno, presenté proposición para llevarlo a dos salarios, pero hoy con las cuentas más detalladas es claro que este proyecto es inconveniente para el país, deja sin pensión a los jóvenes, desmejora las condiciones de los trabajadores y tampoco resuelve la falta de protección social para los adultos mayores pobres. En el 2052, de acuerdo con los cálculos actuariales del mismo Ministerio del Trabajo, vamos a tener más adultos mayores fuera del sistema, hablamos de 4 millones de personas”, manifestó.

Los ‘micos’ de la pensional

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, también habló de inconvenientes en torno a la reforma pensional. De hecho, ha enumerado una lista con lo que para ella son los ‘micos’ del proyecto.

Uno de ellos es que “la reforma pensional le libera al Gobierno caja en el Presupuesto General. El Gobierno tendría entonces nuevos recursos para gastar ahora. En 2025, Petro recibiría 4,2 billones de pesos; en 2026 recibiría 5,2 billones de pesos”.

También destacó que el Ejecutivo pretende decidir dónde y cómo invertir los ahorros y rendimientos de los colombianos, mediante facultades extraordinarias.

Además, considera que “la reforma aumentaría el pasivo pensional de los colombianos en más de 50 puntos porcentuales. Fedesarrollo y ANIF proyectan que alcanzaría más del 180 % del PIB”, por lo que advierte que “esta deuda tendrá que ser pagada por los futuros jóvenes. Patea el bolín hacia adelante. Gastamos ahora lo que otros colombianos tendrán que pagar”.

La senadora uribista también considera que “la creación de un fondo de ahorro a cargo de Colpensiones genera preocupación. La entidad no tiene experiencia invirtiendo recursos y hay dudas sobre que el dinero no se convierta en más gasto estatal, destruyendo el propósito de ahorro. Apoyamos la idea de que sea el Banco de la República el que lo administre. El ahorro de los colombianos no puede quedar en manos de políticos”.