Es poco probable que la reforma política que discute el Congreso se alcance a implementar plenamente en las regionales del próximo año, pero sí lo sería en las legislativas y presidenciales de 2026. Sin embargo, las polémicas que ha generado y críticas a varias de sus disposiciones, hacen a muchos pensar si la iniciativa significa un avance o un paso atrás. 

El pasado miércoles el proyecto de reforma que presentó la administración Petro al Congreso fue aprobado en tercer debate en la Comisión Primera de Cámara, y el afán en este momento del Ejecutivo, junto con la coalición de gobierno, es que cumpla la primera vuelta en este periodo legislativo que finaliza el próximo 16 de diciembre –de lo contrario, la iniciativa se hundiría–, y que a partir de marzo próximo surta los cuatro restantes debates. 

El jefe de la cartera del Interior, Alfonso Prada, resaltó el apoyo de la Cámara en sacar adelante la reforma.

“Nos complace mucho esta confianza y quedamos preparados y listos para el cuarto y último debate de este período de legislatura en la Cámara de Representantes”, señaló el ministro del Interior.

Seguramente en las dos semanas que quedan el proyecto será aprobado gracias a las mayorías que tiene el Gobierno en el Congreso; sin embargo, persisten algunas críticas a aspectos claves de la reforma, no solo de la oposición sino también de expertos como la Misión de Observación Electoral (MOE).

Uno de los puntos más polémicos es que establece que los funcionarios de elección popular solo podrán ser sancionados por fallos judiciales, con lo cual la Procuraduría perdería la facultad que le dio la Constitución. 

El argumento del Gobierno es que con ello se está adecuando la normatividad al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció frente al caso que presentó en 2014 el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, frente a la destitución que le aplicó la Procuraduría. 

En días pasados la procuradora, Margarita Cabello, señaló que "no es posible pensar que solo un juez penal es el único que puede sancionar a los funcionarios de elección popular". 

El Senado había hundido esta disposición; sin embargo, la Cámara lo acaba de revivir. 

También hay polémica después de que se aprobara en Cámara que la financiación de las campañas será 100% estatal. Transparencia por Colombia ha advertido que es una medida bien intencionada, pero que podría generar problemas, habida cuenta que en varias oportunidades se han presentado demoras de los anticipos que ya contempla la ley, como se vio en las pasadas elecciones para algunos candidatos en las circunscripciones especiales de paz.

Otros puntos polémicos 

La reforma política aprueba por una vez el transfuguismo a los corporados (congresistas, diputados, concejales y ediles) que quieran cambiar de partido sin incurrir en doble militancia. No tendrán que renunciar a la curul un año antes, como lo establece la ley, sino seis meses previo a la inscripción de candidatos.

Esta disposición es criticada porque algunos consideran que no se justifica propiciar el transfuguismo en un mismo proyecto en donde se dictan algunas medidas para el fortalecimiento de los partidos.

En el Centro Democrático piensan que con esto se buscaría fortalecer el partido de gobierno, la coalición del Pacto Histórico, sonsacando a políticos de otras colectividades. 

También se suprime la incompatibilidad de un año a los congresistas para ser ministros o desempeñar otros cargos públicos. 

Colectividades como el Centro Democrático consideran que con ello el Legislativo pierde independencia, pues un parlamentario difícilmente se daría la pela de criticar al gobierno si tiene la perspectiva de ser nombrado ministro. 

En tanto que la MOE se refirió, entre varios reparos al proyecto, sobre limitar a tres periodos la permanencia en corporaciones públicas.

“Independientemente sobre lo positivo o negativo de limitar el número de periodos consecutivos en una misma corporación pública, la modificación al artículo 126 de la Constitución no genera ningún efecto práctico por la cantidad de años que aún podría permanecer en el cargo un congresista”, resalta la MOE.

Puntos a favor

Se ha destacado del proyecto de reforma política aspectos como promover la democracia interna en los partidos, al establecer que los afiliados deben ser consultados para la escogencia de candidatos en las elecciones.

Otra disposición que se ha visto con buenos ojos es que se reduce de más de 30 años a más de 25 años la edad mínima para ser senador. 

Sin embargo, la Cámara no avaló la propuesta de reducir de más de 25 años a más de 18 años para ser representante.

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El Código Electoral 

Los últimos días fueron tormentosos para el proyecto de reforma al Código Electoral que presentó el registrador nacional, Alexander Vega, con el Consejo Nacional Electoral, pues le llovieron críticas al Gobierno por darle mensaje de urgencia. 

Fue tal el alboroto, incluso en la coalición oficialista, que el ministro del Interior, Alfonso Prada, retiró dicho mensaje de urgencia. 

Esta reforma fue aprobada en el anterior Congreso, pero se cayó en la revisión de la Corte Constitucional por vicios de trámite, como es que se votó en sesiones extras, lo que está vedado para leyes estatutarias. 

Gustavo Petro en campaña se comprometió en apoyar este proyecto si llegaba a la Jefatura de Estado, como efectivamente lo ha hecho, incluso dándole mensaje de urgencia con la intención de que se alcance a implementar en las elecciones regionales del 2023. 

Empero esta idea no le salió bien al Gobierno, pues en las filas de la coalición, especialmente de la Alianza Verde, pidieron retirar el mensaje de urgencia porque consideran inconveniente aprobar sin una discusión a fondo un proyecto de esta importancia y que cambiaría las reglas de juego poco antes de las próximas elecciones. 

Días antes de que el Ejecutivo aceptara retirar el mensaje de urgencia, la representante por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, dijo en un debate en el Congreso que “¿El Gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. Así que, de nuevo, a Alex Vega no hay que pagarle ningún favor, ningún favor. Yo, desde la bancada Verde, no me voy a prestar para que nos embutan, me perdona el término, el Código Electoral en tres semanas. Es una falta de respeto y este Congreso no lo puede aceptar”. 

La MOE también consideró inconveniente el mensaje de urgencia a esta reforma porque, subrayó, es necesario el análisis a fondo de las normas que gobernarán los procesos electorales durante los próximos años.

Hay también varias observaciones al texto de la reforma, como Transparencia por Colombia, que manifiesta preocupación porque en el artículo 372 se exime de responsabilidad al candidato cuando se encuentre que uno de sus aportantes está inmerso en una prohibición legal o constitucional para financiar campañas.

También generó polémica un parágrafo del artículo 89 en la ponencia para primer debate, según el cual “podrá tramitarse la corrección del componente sexo de los menores de edad a partir de los cinco años”.

Autorreforma del Congreso  

Una cascada de proyectos se presentó en este nuevo Congreso desde el pasado 20 de julio en la llamada autorreforma, en aspectos como disminuir o frenar el crecimiento del salario de los congresistas, rebajar el número de curules y reducir el receso legislativo. 

Sin embargo, todo apunta a que estas iniciativas quedarán en nada en el actual período legislativo. 

La reforma constitucional que presentó el Centro Democrático para reducir el sueldo de los congresistas a partir del 2026, y mientras tanto gravar con un impuesto de 20% sus emolumentos, todo indica que se hundirá porque le faltan dos debates en la Cámara para cumplir la primera vuelta. 

Este proyecto también contemplaba la reducción de curules. Sin embargo, por un acuerdo que hizo el Centro Democrático con otros partidos, se decidió retirar ese artículo. 

También se hundiría en la Comisión Primera de Cámara la reforma constitucional que impulsó Cambio Radical para reducir el receso legislativo, de tal forma que después de las vacaciones de diciembre los parlamentarios vuelvan a sesiones el 16 de enero, y no el 16 de marzo, como hoy ocurre.