El ministro del Interior, Alfonso Prada, destacó la reforma política que en segundo debate aprobó el Senado. “La paridad, la alternancia y la universalidad son la esencia del proyecto”, afirmó. También puso de relieve la lista cerrada y la financiación de las campañas preponderantemente estatal. Sin embargo, hay quienes consideran que el proyecto está también pensado para que sirva en la estrategia de los partidos hoy mayoritarios de cara a las elecciones regionales del 2023.

Esta situación para algunos sería contradictoria frente a uno de los logros de la Constitución del 91, como es propender porque los congresistas se especialicen en su función y para ello tengan dedicación exclusiva, así como que cumplan el periodo de cuatro años para el que fueron elegidos.

Precisamente la prohibición a los congresistas de tener otro empleo, además del generoso salario que devengan, busca que se dediquen exclusivamente a la función de hacer leyes y perfeccionar las que están vigentes, así como ejercer control político al gobierno de turno.

El proyecto de reforma política suprime la incompatibilidad de un año que hoy tienen los congresistas, tras la renuncia, para aspirar a otro cargo en el sector público, sea en el gobierno, gobernador, como alcalde e incluso diputado y concejal.

Aunque es poco probable que un congresista renuncie para aspirar en las siguientes elecciones a ser concejal o diputado, sí es atractivo, de aprobarse en la reforma política la eliminación de la incompatibilidad de un año, dejar la curul y ocupar un ministerio, para el caso comenzando en el actual gobierno, o ser candidato a gobernador o alcalde en los comicios de octubre del 2023.

Eliminar esta incompatibilidad de un año a los congresistas que renuncien se sentiría en las elecciones regionales de octubre del 2023, pues se dice que varios parlamentarios analizan las posibilidades que tendrían de llegar a una gobernación o a la alcaldía de una ciudad capital.

De acuerdo con la norma vigente, hasta el próximo 28 de octubre tienen los congresistas para renunciar a su curul y poder aspirar en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023 a esos cargos regionales. 

Sin embargo, si es desmontada en la reforma política la inhabilidad de un año, los actuales parlamentarios podrían seguir en sus curules hasta el 28 de junio del 2023, cuando arranca la inscripción de candidatos y listas a las elecciones territoriales del 2023.

Rodolfo Hernández presentó esta semana renuncia a la curul que ocupa en el Senado, es decir, que no depende de lo que suceda con la reforma política, pues dejará el Congreso un año antes de las elecciones regionales, en las que se presentaría  a la Gobernación de Santander con el mayor chance de ser elegido después de ser alcalde de Bucaramanga y sacar en junio pasado más de 8 millones de votos en segunda vuelta en su aspiración presidencial.

Sin embargo, no se ha escuchado de otros parlamentarios que consideren renunciar a su curul este mes para, teniendo en cuenta la incompatibilidad de un año, ser candidatos en las elecciones regionales del 2023.

Es posible que varios senadores y representantes se quieran lanzar a las elecciones regionales del próximo año, sin embargo, estarían confiados en que la reforma política será aprobada con la disposición que les permitiría quedarse hasta el 28 de junio en la curul.

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La estrategia

Los partidos empezaron a trazar la táctica de cómo enfrentar las elecciones del 2023, así como considerando posibles nombres, particularmente en gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales.

Un punto a favor de esa estrategia de los partidos y de los parlamentarios que están considerando lanzarse en 2023, sería que la reforma política suprima la incompatibilidad de un año en caso de renuncia, pues los congresistas tendrán hasta junio próximo para quedarse en la curul, hacer campaña mientras tanto a gobernación o alcaldía y, finalmente otear cuáles son sus posibilidades de salir elegidos, para así renunciar o no la curul.

En este escenario resultarían especialmente favorecidos los partidos y movimientos que conforman la coalición de gobierno, que defiende las políticas del presidente Petro. Es decir, el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido Liberal, La U, la Alianza Verde.

El Pacto Histórico tiene las mayorías en Senado y Cámara y ya anunció que buscará mantener unidas las fuerzas de izquierda y progresistas que conforman esta coalición, para presentar listas a concejos, asambleas y candidatos a gobernaciones y alcaldías en 2023.

También de esta forma  se verían beneficiados en las regionales del 2023 con esta disposición de la reforma política los partidos Conservador y Liberal, muy fuertes regionalmente.

En los comicios del 2019 los conservadores ganaron más alcaldías, en tanto que los liberales se hicieron fuertes en concejos y asambleas.

Así mismo el transfuguismo, otra disposición aprobada hasta el momento en la reforma política, también sería clave para los partidos, pues los congresistas podrán salirse de la colectividad por la cual ocupan escaño e irse a la formación política que consideren más fuerte en este momento.

¿Oportunidad perdida?

Los que piensan que la reforma política que estudia el Congreso, y que debe aprobar en sus primeros cuatro debates, por tratarse de una reforma constitucional, en buena medida servirá como estrategia a los partidos en los comicios del 2023, insisten que en cierta forma se está desaprovechando, pues se pierde la oportunidad de hacer ajustes y cambios necesarios para acabar los vicios subsistentes en la política.

El politólogo Juan Carlos Flórez dijo a EL NUEVO SIGLO que “el lío es que las reformas políticas son para los políticos. Nunca contienen ventajas, beneficios o cambios que favorezcan al conjunto de la sociedad”.

Agregó el exconcejal de Bogotá que “si uno sale a una calle de cualquier ciudad de Colombia, y le pregunta a un ciudadano si le interesa la reforma política, va a responder ‘¿y eso qué es, para qué sirve?’. Entonces creo que esta no es la excepción, es cambiar las reglas de juego para beneficiarse la casta política, pero en el fondo no va a tener lugar ningún cambio que beneficie al país, que signifique una propuesta para desentrabar  un sistema en que la casta política se apodere de buena parte del presupuesto”.

Por su parte, el politólogo Jairo Libreros dijo a este medio que “creo que es una jugada que busca fortalecer la capacidad que tienen el Pacto Histórico y la administración de Gustavo Petro frente a las elecciones territoriales de octubre del 2023”.

Agregó que es una medida inconveniente por “lo apresurada y en segundo lugar crea un desequilibrio político y electoral que afecta al resto de colectividades, lo cual termina siendo una medida discriminatoria que concentra el poder de una manera antidemocrática y rompe los balances y los controles propios que debe tener una democracia liberal”.

Añadió Libreros que suprimir la incompatibilidad de un año a los congresistas para que puedan ocupar otro cargo público “es inconveniente y creo que puede ser inconstitucional”.