Llama la atención que en el periodo legislativo que acaba de terminar la mayoría de proyectos contra la corrupción no fueron tramitados, algunos se hundieron y otros quedaron en tránsito para 2023, a pesar de que aquella es uno de los principales problemas del país.
Sobre el particular, la directora de Estudios y Política Pública en el Instituto Anticorrupción, Adriana María Romero, dijo que hay muchos intereses en juego que dificultan el trámite de este tipo de proyectos.
EL NUEVO SIGLO: En el primer periodo de la legislatura se radicó un importante número de proyectos de lucha contra la corrupción; sin embargo, la mayoría no avanzó. ¿Cómo observan ustedes esto?
ADRIANA MARÍA ROMERO: Creo que hay una confluencia de intereses en la que generalmente este tipo de reformas anticorrupción no salen adelante en el Congreso. Muchas veces, y pongo el ejemplo de la regulación del cabildeo, un mayor escrutinio para los congresistas generalmente no les gusta, y más en un Congreso como el colombiano, que es ampliamente criticado por sus malas prácticas.
Eso por un lado, y diría que la agenda legislativa del 20 de julio en adelante se ha concentrado en temas muy álgidos, como la reforma tributaria y la paz total. Y si bien este tipo de reformas anticorrupción requieren mucho compromiso, al mismo tiempo creo que la prioridad legislativa sí era esa. Desde ese punto de vista, las reformas anticorrupción pierden un poco de protagonismo.
Pero generalmente las reformas más difíciles de sacar adelante sí tienen que ver con la lucha contra la corrupción, y por eso mismo la 2195 (del 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción) también fue tan difícil de salir adelante.
ENS: A propósito de que usted toca el tema de la regulación del cabildeo, es una iniciativa que desde hace años está en el Congreso sin que la aprueben. ¿Por qué es tan importante tener esta normatividad?
AMR: El cabildeo no es ilegal en sí mismo y de hecho es una expresión legítima en cualquier democracia. Cada uno de nosotros tenemos el derecho de ir a velar por nuestros intereses dentro de una legislatura. El problema es cuando esos cabilderos están negociando cosas por debajo de la mesa y cuando lo hacen de manera indebida.
Pongo un ejemplo que se relaciona muy cercanamente con los financiadores de campañas: a un congresista ‘A’ lo financia la empresa ‘B’, por decir del sector del plástico. Y resulta que la normatividad de plásticos de un solo uso no sale adelante porque hay como un favor, por decirlo de esta manera, por parte del congresista que recibió la financiación.
Entonces debería ser transparente quiénes son las personas que interlocutan con el Congreso y también con los directores de las entidades, porque esto también se ve muchísimo en infraestructura; y que sea transparente el tipo de interés que está haciéndole transacción.
Si por ejemplo se tiene un registro público de cabilderos donde se explique que la persona es cabildera de determinada empresa y que esta empresa tiene tales intereses, pues de repente es clara la intención y no hay por qué sospechar que hay tratos ocultos o que haya sobornos, o tráfico de influencias, que generalmente son los riesgos de corrupción asociados a un cabildeo llevado a cabo de manera indebida.
ENS: ¿Dentro de las denuncias que llegan al Instituto Anticorrupción cuáles son las más recurrentes?
AMR: Lo que más llega son denuncias por infraestructura en temas de sobrecostos, en temas de direccionamientos, pero una cosa que es sorprendente en esto es que generalmente llegan de obras públicas territoriales.
Por ejemplo, llegan muchos temas de acueducto y saneamiento básico en territorio; llegan muchas denuncias de PTAR, las plantas de tratamiento de aguas residuales; en algunos casos son de infraestructura en contratos de obra pública; en otros, son construcción de sedes educativas.
En algunos casos también nos han llegado denuncias electorales, en ese caso la MOE (Misión de Observación Electoral) y la misma plataforma Uriel también tienen conocimiento de estos hechos.
Nosotros lo que queremos es garantizar que no se está violando ningún derecho público, que no se está haciendo ningún direccionamiento, que no se está incurriendo en ningún sobrecosto y, sobre todo, se están haciendo las inversiones dentro de las obras públicas de la mejor manera posible y que nadie se sienta robado en su buena fe.