LA SOCIEDAD de Activos Especiales (SAE) inició en el año 2014 la administración de los bienes incautados a la mafia en reemplazo de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), una entidad que tuvo varios problemas por procesos legales que relacionaron a algunos de sus exdirectivos. En la actualidad tiene bajo su control más de 30.000 bienes, entre otros inmuebles, por más de $6 billones.
Al respecto, este Diario contactó a la SAE para conocer qué bienes incautados está administrando actualmente; cómo viene trabajando en el inventario y cómo está enfrentando a la corrupción, que terminó por acabar con su predecesora.
Las cifras e información entregada por esa entidad estatal se encuentran consignadas en un informe que revela la cantidad de propiedades y otros activos sobre los cuales la SAE realiza y adelanta un control con el fin de evitar hechos irregulares.
Inicialmente, se señala “que de la información suministrada por el Grupo de Aseguramiento de la Información y una vez consultado el Sistema Integrado de Gestión Misional de Activos Sigma SAE, se identificó que a la fecha la SAE S.A.S. cuenta con 36.470 bienes en las tipologías de inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y medios de transporte no sociales”.
En cuanto a bienes en proceso tiene 6.541 inmuebles rurales 6.541; 17.209 urbanos, 1.688 sociedades y establecimientos de comercio y 5.448 medios de transporte.
En lo que corresponde a bienes ya extintos son 1.622 inmuebles rurales; 2.606 urbanos; 318 sociedades y establecimientos de comercio; y 1.038 medios de transporte.
Proceso de depuración
La entidad aclaró que “el inventario de bienes administrado por SAE S.A.S., se encuentra en constante depuración jurídica y administrativa, ello en virtud del dinamismo frente al resultado de los procesos de extinción de dominio”.
Como parte de la depuración de bienes a la que se refiere la sociedad, advierte que “la Alta Dirección encabezada por el presidente José Daniel Rojas Medellín ha adelantado mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación (FGN), con el fin de armonizar la información relacionada con la depuración adelantada de los activos que componen el Frisco, así como de las bases de datos existentes donde reposa la información de los bienes administrados y que ha permitido realizar la conciliación de cifras de activos entregados por la FGN y recibidos por la SAE S.A.S. Es importante indicar que a la fecha la depuración realizada es de la vigencia 2023”.
El ente administrativo explica, además que “la valoración en inmuebles es de 6,1 billones de pesos; controla sociedades activas por 2 billones; las sociedades en liquidación se valoran en 1,3 billones, y los medios de transporte llegan a 98.000 millones”.
Otro de los aspectos señalados por el organismo es que el reglamento del “Sector Hacienda y Crédito Público estipula que los activos pueden tipificarse como productivos si generan los recursos suficientes para el pago y cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la administración de las mismas”.
Afirma en ese sentido “que los bienes improductivos son aquellos que no generan recursos suficientes para su propio mantenimiento y sostenimiento o que por su condición o estado no tienen vocación de generar recursos suficientes para su mantenimiento y/o sostenimiento”.
Frente a la venta y/o enajenación de bienes, especificó el organismo que “el proceso lo puede hacer directamente por SAE S.A.S.; través de un convenio interadministrativo celebrado con entidades estatales cuyo objeto social les permita la venta de bienes; o a través de promotores mediante el procedimiento que autorice la Junta Directiva de SAE S.A.S”.
De la misma forma, la SAE resalta que el contrato de compraventa no se ejecuta de manera instantánea, sino que es un negocio de tracto sucesivo, en consecuencia, el contrato inicia con el estado de comercialización escriturado. Son aquellos inmuebles que ya cuentan con el pago del 100% del valor de venta y escritura firmada. El estado de comercialización prometido son aquellos inmuebles sobre los cuales se suscribió contrato de promesa de compraventa y está pendiente la firma de la escritura de compraventa. El estado de comercialización registrado son aquellos inmuebles que ya cuentan con el registro de la compraventa en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.
Explica el organismo al respecto, “que la información de los contratos de compraventa celebrados en la vigencia del 2022 y 2023, están así: ventas directas por nuevos negocios registran un valor de $110.873.917.753, con 93 folios de matrículas inmobiliarias; las ventas a través de una Central de Inversiones CISA por negocios nuevos registran valores por $415.216.317.126.00, con 248 folios con matrícula inmobiliaria”.
Ahora bien, en cuanto a los bienes entregados por la liquidada DNE a la SAE en 2014, “se establecieron algunas inconsistencias en el inventario y/o falencias entre los bienes entregados”. El reporte explica que la SAE debía recibir: bienes inmuebles no sociales 19.819; sociedades 1.141; activos sociales – sociedades 3.560; establecimientos de comercio 421; sustancias 679.
Sin embargo, lo entregado a la SAE fue bienes inmuebles no sociales 77; sociedades 2; establecimientos de comercio 1; medios de transporte 15; dineros, arte y otros 4.
Cabe resaltar que en el procedimiento Identificación de Hallazgos y Generación de Acciones, la SAE evidenció una serie de bienes que fueron entregados de forma documental y no materialmente, y a la fecha los activos fueron ingresados al inventario cuya última consulta se realizó el 31 de enero de 2024.
Combatiendo la corrupción
La Sociedad de Activos Especiales afirma que las medidas anticorrupción se ejecutan “por una estrategia y con procesos estrictos basados en la Constitución Política de Colombia, la normatividad aplicable y a sus principios y valores corporativos: la solidaridad, el respeto, el compromiso, la justicia social y ambiental, la transparencia, la equidad y la confiabilidad”.
Sostiene que “desde diciembre del año 2022 conformó la Gerencia de Riesgos, Ética y Cumplimiento, con el fin de generar los lineamientos sobre la integridad, cumplimiento y lucha contra la corrupción al interior de la Sociedad para prevenir y mitigar todo tipo de irregularidades en la administración de los bienes del Frisco. Realizando actividades orientadas a la gestión, prevención, control y mitigación del riesgo involucrando a las personas naturales o jurídicas con las que se tiene vínculo con la Entidad, lo anterior en busca de garantizar una correcta administración de los activos”.
Además “cuenta con un mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en el Mapa de Riesgos por Procesos existente y con procesos, procedimientos y formatos actualizados que le permitan a esta Sociedad ejecutar acciones que permitan avanzar rápidamente en la prevención de actos que pueda afectar la administración de los bienes”.
Víctimas de la violencia
Sobre ese aspecto, la Sociedad explica que destina de manera definitiva los bienes que conforman el Frisco, según el orden preferente del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, entre los que se encuentran los siguientes beneficiarios, con bienes extintos para programas misionales: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; la Agencia Nacional de Tierras ; la Unidad Administrativa de Gestión y Restitución de Tierras; la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas; la Agencia para el Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y la Agencia para la Renovación del Territorio.
Añadió la SAE que entregan “inmuebles extintos en donde se desarrollen o se pretendan desarrollar proyectos productivos, inmuebles rurales a título gratuito, no sociales, en cualquier estado legal con fines de Reforma Rural Integral en favor de la Agencia Nacional de Tierras previa constitución de una reserva técnica por el 20% del valor comercial del bien”.
Información suministrada por la Gerencia de Inmuebles Rurales indica que a la fecha se han asignado 44 inmuebles; sin embargo, es pertinente indicar que la SAE S.A.S. entrega en destinación definitiva los bienes a otros beneficiarios, en cumplimiento lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014”.