LA PROPUESTA para que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) haga parte de una política de Estado ha sido diseñada para que el sistema, que beneficia a más de 160 mil estudiantes de instituciones educativas oficiales en los 123 municipios colombianos, sea sostenible en el tiempo.
Así lo aseguró el presidente de la Comisión Sexta de la Cámara y representante por el Partido Verde, Jaime Salamanca, quien consideró que esta iniciativa, radicada en el Congreso el 20 de julio, mejorará en función de las experiencias adquiridas en los territorios y permitirá la integración de más personas para que el proyecto sea exitoso.
También argumentó que el alcance del PAE está sujeto a la voluntad política del gobernante de turno, lo que consideró un grave error. “Para unos ministros y gobernadores, el programa tiene importancia y para otros, no”, manifestó en conversación con EL NUEVO SIGLO.
“A la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, que es la que dirige al PAE, le ha faltado mucha fuerza para tomar medidas y solicitar presupuestos para garantizar que este programa de alimentación funcione de una mejor manera”, destacó el representante, quien hizo referencia a que el proyecto debe depender directamente de Presidencia de la República.
Además, Salamanca aseguró que para garantizar el funcionamiento del PAE se radicó un proyecto de ley al inicio del nuevo periodo legislativo. Ya habían hecho lo propio durante la legislatura anterior, pero por falta de trámite la propuesta no prosperó en el Congreso de la República.
“En la legislatura pasada se aprobó en Comisión Primera un proyecto de ley que busca que el programa de alimentación en Colombia se convierta en una política de Estado. Se trata de una ley que se hundió por falta de trámite. El 20 de julio se radicó como ley ordinaria para tratar temas de fondos en el programa de alimentación escolar”, indicó a este diario.
El representante del Partido Verde habló de cinco ejes de interés incluidos en el texto y que serán sometidos a consideración del Legislativo. “El primero de ellos es el tema de financiación. Dos, el tema de la veeduría y control de recursos públicos. Tres, la descentralización para garantizar que el programa de alimentación escolar tenga mayor alcance. Cuatro, la estructuración del mismo programa para garantizar que llegue a la población rural dispersa y se logren los puntos de equilibrio económico para ofrecer a la gente de la ruralidad el beneficio. Cinco, ampliar el alcance en cuanto al objetivo del programa. Hemos propuesto que el PAE se convierta en una estrategia de lucha contra el hambre de niños y jóvenes del país, no solamente una estrategia de permanencia educativa”, manifestó.
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Una de las consideraciones más importantes de la iniciativa está relacionada con la salud pública, ya que entre sus propuestas está la de llevar alimentos balanceados a los chicos de las diferentes instituciones educativas, con la intención de fomentar una vida saludable.
Riesgo y calidad
Sobre los riesgos a nivel nacional si el programa sigue presentando las deficiencias muchas veces denunciadas ante los medios de comunicación y organismos gubernamentales, Salamanca respondió que al respecto hay que considerar la calidad de la prestación del servicio.
“El PAE rural tiene que ver con la lucha contra la desigualdad y el hambre, con factores estructurales de crecimiento y el desarrollo de la niñez. Eso no lo ha visto el Gobierno. Hoy el PAE se financia en muchos territorios con recursos de regalías. Esto también va en detrimento del desarrollo de las regiones”, manifestó.
Consideró como propuesta hacer enlaces entre las instituciones a cargo del programa con agricultores, para que sean estos quienes, a gran escala, puedan suministrar materia prima para la elaboración de alimentos que serán distribuidos en los colegios.
Adicionalmente, relacionó la necesidad de mayor presencia y recursos provenientes del Gobierno nacional, a fin de que se “convierta en un programa bandera del Ejecutivo”, en beneficio de la población estudiantil.
Para Salamanca, es indispensable diseñar todo un esquema de seguridad, control y veeduría que facilite la lucha contra la corrupción dentro del sistema.
“Dentro del articulado que se propone está el estímulo a las veedurías ciudadanas para el Programa de Alimentación Escolar. El fortalecimiento de los comités de transparencia ya existe, pero necesitamos darles más fuerza para que puedan controlar esos recursos. También hay que estimular la participación directa de padres de familia y de estudiantes en la ejecución directa del programa”, concluyó.