Si el Senado empieza a tramitar la reforma constitucional el próximo lunes (1 de junio), tendrá 20 días para que sea discutida en Comisión Primera y plenaria

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Hace ocho días, el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, se mostró confiado con el avance de la reforma constitucional que restablece la cadena perpetua en Colombia.

“Tenemos el tiempo suficiente para que este acto legislativo pueda ser debatido en la Comisión Primera y en la plenaria del Senado. Incluso, si hay que hacer conciliación, los tiempos nos son favorables. Queda ajustado, pero se puede hacer”, expresó.

Pinto fue ponente (junto a Roosvelt Rodríguez, de La U) de la iniciativa en el Senado, tanto en la Comisión Primera como en la plenaria, cuando pasó por allí en primera vuelta.

La pregunta surgió luego que el proyecto de acto legislativo fuera aprobado en sexto debate por la plenaria de la Cámara, quedándole solo dos etapas para ser aprobado definitivamente.

Es que esta ya es la última semana de mayo y la legislatura concluye el 20 de junio.

El optimismo del senador Pinto sonaba razonable porque contaba con una semana para que el proyecto llegara a la Comisión Primera del Senado y su presidente Santiago Valencia, del Centro Democrático, dispusiera lo que fuere menester de cara a la elaboración de la ponencia para séptimo debate, esta semana estuviera agendado para que los congresistas lo discutieran y eventualmente, lo votaran.

Pero al mirar la agenda de esta semana, en el Senado, solo las comisiones Tercera y Séptima tienen votación de proyectos, así que estará al menos otra semana en espera el proyecto de acto legislativo número 01 de 2019 Cámara - 21 de 2019 Senado, “por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”.

Sesiones

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, en el trasfondo de las dificultades para avanzar en la agenda legislativa, están las medidas tomadas por el Gobierno nacional para afrontar la pandemia del coronavirus, que de entrada prolongó el receso de la presente legislatura por casi un mes.

El 12 de mayo, después de un largo debate, la plenaria de la Cámara aprobó una proposición por medio de la cual se le dio vía libre a las sesiones semipresenciales.

Entre tanto, el presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, no autorizó el regreso de los parlamentarios al Capitolio Nacional en espera de una respuesta del Gobierno a su petición de autorizar solo al Congreso para efectuar reuniones con más de 50 personas.

Agenda

Está previsto que en la sesión de mañana, la Comisión Tercera del Senado empiece a debatir y posiblemente, a votar proyectos.

Las primeras seis iniciativas del orden del día anunciado, recibirán tercer debate; es decir, si logran el respaldo de la Comisión quedarán listas para su discusión final en la plenaria del Senado.

En primer lugar, el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, rendirá ponencia del articulado de su autoría que busca crear un incentivo tributario para pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos clasificados como establecimientos de alojamiento, así como de hospedaje.

Otros proyectos agendados buscan destinar los recursos recaudados por el uso de la infraestructura pública turística en San Andrés, a la salud; facultar a asambleas y concejos para crear una tasa prodeporte y recreación; ampliar las emisiones de estampillas por parte de las universidades de Antioquia y del Valle; sanear los predios ocupados por asentamientos humanos ilegales, y adoptar normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil.

Las otras cinco iniciativas tendrán primer debate, al igual que las cuatro incluidas por la Comisión Séptima de Senado en el orden del día.

Último debate

Entre tanto, en la agenda de la plenaria de la Cámara aparece como primero en el orden del día de mañana, el proyecto de ley estatutaria número 62 de 2019 Senado - 314 de 2019 Cámara, “por medio del cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones”.

Este sería el último debate al proyecto denominado “Borrón y cuenta nueva” liderado por los senadores Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, y David Barguil, del Partido Conservador.

Los otros cinco proyectos agendados en la plenaria tendrán segundo debate y de ser aprobados, pasarán a ser tramitados por el Senado.

Control político
 

De resto, el Congreso se dedicará al control político, aunque todavía no debate sobre el informe del Gobierno sobre la declaratoria del Estado de emergencia, radicado el 30 de abril.

Los congresistas pasarán revista a las medidas tomadas por el Gobierno a raíz del Covid-19 al interior de los centros carcelarios; la situación de los indígenas por la pandemia; el estado de las investigaciones por sobrecostos e irregularidades en la contratación para atender la crisis sanitaria, y la condición real por la que atraviesa cada uno de los sectores económicos del país.

A su vez, la plenaria del Senado tiene previsto debatir virtualmente mañana a partir de las 3 de la tarde sobre las medidas que el Gobierno ha tomado en torno a los casos del Covid-19, al interior de los centros penitenciarios del país.

A la sesión virtual están citados la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Norberto Mujica, y de la Unidad de servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Lissette Cervantes.

El viernes, a las 9 de la mañana, Cabello y Mujica hablarán con la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado sobre la situación actual de las cárceles y penitenciarías del país, en relación con la afectación de la morbimortalidad de las personas privadas de la libertad.

El jueves, la Comisión Cuarta del Senado escuchará a las 10 de la mañana al procurador Fernando Carrillo acerca de cómo se han adelantado las investigaciones por sobrecostos e irregularidades en la contratación, para atender la crisis sanitaria de la pandemia.