Seis instituciones diferentes coinciden en el aumento de las cifras de violencia en distintos órdenes. Mientras que a Human Rights Watch (HRW) le preocupan los abusos cometidos por grupos armados, Indepaz y la Defensoría –aunque con cifras diferentes– alertan sobre los asesinatos de líderes sociales. A su vez, el Ministerio de Defensa informa sobre incremento del secuestro, la ONU reportó una gran cifra de personas confinadas y la Misión de Observación Electoral (MOE) también calificó el 2022 como uno de los más violentos desde la firma del acuerdo de paz.

Human Rights Watch

HRW informó que los abusos de grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, continúan siendo problemas de derechos humanos preponderantes en Colombia.

El informe señala que los grupos armados siguieron cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, reclutamiento infantil y violaciones sexuales, especialmente en zonas rurales de la región del Pacífico y a lo largo de las fronteras con Venezuela y Ecuador. La Fuerza Pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, ni garantizado un acceso suficiente a la justicia ni el desmantelamiento de los grupos armados.

Sobre los abusos perpetrados por agentes de Fuerza Pública, el informe recuerda que el 28 de marzo de 2022, 11 personas murieron durante una controvertida operación del Ejército realizada en El Remanso, departamento de Putumayo, en el sur de Colombia. “El Ejército alegó haber cumplido con el Derecho Internacional Humanitario y señaló que el operativo había estado dirigido a Comandos de Frontera. Al menos cuatro civiles murieron, entre ellos un líder indígena y un líder comunitario. Hasta octubre, continuaban en curso las investigaciones penales para determinar si el Ejército incurrió en un uso excesivo de la fuerza”, señala el informe.

También se destaca el anuncio que hizo la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Unocha) sobre 70 mil personas desplazadas entre enero y octubre de 2022 como parte de “desplazamientos masivos”, es decir, de 50 o más personas o 10 o más familias.

El documento recuerda que en 2011, el Congreso aprobó la Ley de Víctimas con el fin de asegurar la reparación a las víctimas y la restitución de millones de hectáreas que fueron abandonadas por colombianos o robadas a estos durante el conflicto. Al mes de octubre de 2022, la justicia se había pronunciado en apenas 13.507 de las más de 142 mil solicitudes recibidas. Menos del 14 % de las más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado habían recibido reparación, hasta octubre.

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Indepaz

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró durante el 2022 el asesinato de 189 líderes sociales y de 43 firmantes del acuerdo de paz. Sumado a eso se registró un total de 94 masacres. Los departamentos donde más se presentaron masacres fueron Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, Atlántico, Bolívar y Bogotá.

En cuanto a masacres, la cifra en 2021 fue de 96. La cantidad de líderes sociales asesinados también fue elevada con respecto al año anterior, cuando se llegó a 171.

Del mismo modo, Indepaz registró que en los últimos cuatro meses de 2022 se presentaron 66 enfrentamientos entre grupos armados y 44 acciones de confrontación entre la Fuerza Pública, por la toma del control del territorio.  

“En cuanto a indicadores de minas antipersona, muertes en combate, en secuestros, desaparición forzada y otros del derecho internacional humanitario, continúa una tendencia decreciente”, destaca Indepaz.

Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo, por su parte, informó que el 2022 se convirtió en el año con el mayor número de homicidios de líderes sociales que se ha registrado en Colombia desde el 2016, cuando el SAT (Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría) inició el registro de los casos. Indicó la entidad que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se reportaron 199 casos, cifra diferente a la de Indepaz.

De acuerdo con el reporte entregado, el departamento con el mayor número de asesinatos fue Nariño con 33 casos, seguido de Cauca con 25, Putumayo 20, Antioquia 20, Arauca 12, Valle del Cauca 11, Bolívar y Santander con nueve, Chocó y Tolima siete, Caquetá seis; Cesar, Santander y Meta cuatro homicidios; La Guajira, Sucre, Córdoba y Huila con tres casos; San Andrés, Magdalena, Boyacá, Risaralda y Bogotá con dos. Caldas, Cundinamarca, Casanare, Quindío, Guaviare y Amazonas reportaron un caso cada uno.

“Este año fue particularmente complejo para líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año fueron asesinados 199 líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, cifra muy superior a los 136 casos reportados en el mismo periodo de 2021”, señaló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Naciones Unidas

La ONU también había reportado en diciembre que 95 mil personas habían estado confinadas en sus hogares debido al conflicto armado en Colombia durante los primeros nueve meses de 2022. Si bien esta es la cifra más alta en una década, la entidad indicó que sí hubo una disminución de la violencia desde septiembre, en comparación con los meses anteriores.

A los confinamientos se suman las 74 mil personas que reportó la ONU como víctimas de desplazamiento forzado entre enero y septiembre.

La denuncia ocurrió en medio de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, y corrió a cargo de la representante adjunta de la ONU para esos asuntos, Monserrat Solano, quien reveló que líderes sociales han sido ultimados en ataques armados en crímenes relacionados con su labor comunitaria.

Asimismo, señaló que en la actualidad investigan 31 asesinatos más de defensores comunitarios con el objetivo de verificar si tienen relación con su liderazgo o se produjeron por cuenta de ello.

Por otra parte, Solano resaltó la pérdida para distintas comunidades tras el asesinato de sus líderes.

“Varias de las personas defensoras asesinadas eran indígenas, afrodescendientes o integrantes de juntas de acción comunal. Pero las balas, las amenazas, los ataques, no han logrado acallar a la sociedad civil colombiana, vibrante, resiliente, creativa y valiente”, indicó.

Ante estas cifras, González aclaró que hay bastantes coincidencias con las cifras de la ONU, en lo que tiene que ver con masacres y muertes de excombatientes.

“Con relación a los asesinatos de líderes, ellos tienen un registro menor, pero la Defensoría tiene como seis o siete casos más que nosotros. Esas son cifras que hacen parte de las metodologías de confirmación y de las fechas de corte, pero en general en cuanto a tendencias se coincide y lo que indica todo esto es que a pesar de las expectativas y de que hay regiones y situaciones en las cuales han disminuido dinámicas de violencia, no se puede decir que tengamos una nueva tendencia del desescalamiento de la violencia y que esta ya esté en curso. Creo que aún tenemos los retos y dificultades de violencias persistentes que no ceden”, sostuvo González. 

Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa reportó que las cifras de homicidio entre enero y noviembre de 2022 llegaron a 12.634; en el mismo periodo de 2021 llegaron a 12.950.

En cuanto a civiles no uniformados, en 2022 la cifra de homicidios fue de 12.128, mientras que en 2021 fue de 12.454 en el mismo periodo.

Sobre homicidio colectivo se presentaron 24 casos, entre enero y noviembre de este año. El año pasado se registraron 133 víctimas en 28 casos.

Lo que sí aumentó en el 2022 con respecto al 2021 fueron las lesiones personales. En el primero se alcanzaron 101.603, contra 94.792 del segundo.

Del mismo modo, aumentaron los secuestros, 183 se presentaron entre enero y noviembre de 2022 y 150 en el mismo periodo de 2021. En cuanto a los secuestros extorsivos 118 se presentaron al año pasado frente a 92 de 2021. Y el secuestro simple, 65 (2022) contra 58 (2021).   

MOE

La Misión de Observación Electoral reportó 534 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales, y subrayó que el 2022 se ubicó como el segundo con más agresiones desde la firma del Acuerdo de Paz, solo detrás del 2019 por un solo hecho violento.

El 2022 se ha posicionado como el año con la mayor cantidad de acciones armadas y amedrentamientos de las estructuras armadas ilegales, desde que la MOE empezó su monitoreo en el 2018, con un total de 1.191 en 314 municipios de 27 departamentos del país, de acuerdo con Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral.