La huelga de hambre que hizo el alcalde de La Vega, Cauca, Óscar Molano, protestando porque la localidad perdió este año más de $2 mil millones en su presupuesto, puso a la luz la situación de varios municipios que, por pasarse de 25 mil habitantes, no tienen derecho al 17 % de la bolsa de propósito general del Sistema General de Participaciones. 

El alcalde Molano dijo que esto se hace con base en una proyección de población que realiza el DANE, pero que en el caso de La Vega no corresponde a la realidad. Agregó que el próximo año, seis municipios en el país se verán afectados.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué cantidad de recursos perdió el municipio por esta certificación? 

ÓSCAR MOLANO ORDÓÑEZ: El artículo 357 de la Constitución indica que los municipios con población inferior a 25 mil habitantes tenemos derecho al acceso del 17 % de la bolsa de propósito general del Sistema General de Participaciones. Eso se tasa con base en las certificaciones que emite el DANE a Planeación Nacional y este a su vez remite al Ministerio de Hacienda para que gire los recursos. 

Este año el DANE hizo una proyección de 25.036 habitantes que tenía el municipio de La Vega; significa que por esos 36 habitantes nos hizo perder más del 50 % de los recursos de libre destinación y de libre inversión a que nosotros tenemos derecho.

Estábamos recibiendo aproximadamente $4.100 millones y este año fueron retenidos al municipio $2.422 millones de libre inversión y de libre destinación. Lo cual indica que perdimos prácticamente la capacidad financiera del municipio para atender todos los requerimientos y necesidades, entre ellas el funcionamiento, porque la contratación de los profesionales de apoyo se vio completamente truncada, pero también los proyectos de inversión, el transporte escolar, la alimentación escolar, la atención a población vulnerable, niños, discapacitados, mujeres, jóvenes. 

Esa situación hizo que generáramos muchos reclamos al DANE para que se corrigiera. Hasta la última mesa técnica el DANE admitió que el municipio tenía razón, que los habitantes somos 24.700, más o menos, porque estamos hablando no de censo sino de proyecciones estadísticas que se sustentan en documentos oficiales como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Sisbén. Ese rastreo lo hicimos como municipio y por eso se tiene la certeza de que tiene menos habitantes. 

Sin embargo, el DANE no quiso cambiar la certificación, y eso fue lo que nos llevó a generar la protesta, la huelga de hambre, en las instalaciones del DANE en Bogotá. 

ENS: Si bien no pudieron recuperar los recursos, entendemos que el Gobierno se comprometió con inversiones en La Vega... 

OMO: Al ver la negativa y casi que la imposibilidad de obtener los recursos directamente al municipio, lo que acordamos en la mesa de negociación, en la cual estuvo y se comprometió el DNP, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es a compensar esos recursos con proyectos de inversión.

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ENS: ¿Por ejemplo cuáles? 

OMO: La construcción de un puente vehicular que tiene acceso de la cabecera municipal al hospital, algunos proyectos de alcantarillado, proyectos de placa huella.

ENS: ¿En 2023, La Vega tendrá la misma dificultad? 

OMO: El próximo año vamos a tener la misma situación. 

ENS: ¿Tiene conocimiento de si esa situación la sufren otros municipios en su región o en el resto del país? 

OMO: Eso nos está pasando a cinco municipios: Belén de Umbría, Risaralda; Gigante, Huila; el próximo año estará en esa misma situación Villagarzón, Putumayo; San Jacinto, Bolívar; Silvania, Cundinamarca; y La Vega, Cauca.

ENS: ¿Qué le pediría al Gobierno sobre modificar esa norma o facilitar su aplicación? 

OMO: Uno de los puntos de acuerdo a los cuales llegamos es que se va a impulsar un proyecto de acto legislativo para ponerle un parágrafo transitorio en la posibilidad de acceder a los recursos del 17 % de la bolsa de propósito general. Porque lo que se pide no es que se quite ese artículo, que a todas luces es conveniente; el problema a nivel constitucional y legal es la transición, es decir, que a los municipios no nos quiten todo el dinero del tajo sino que haya un espacio progresivo: que del 100 % se perciba el 90 %, luego el 80 %, el 70 %, porque quitarle el 100 % de los recursos de libre destinación e inversión nos deja a los municipios de sexta categoría, que no tenemos otro ingreso, prácticamente desfinanciados.