Las plenarias del Senado y la Cámara votarían hoy la conciliación del proyecto gubernamental para prorrogar la Ley 418 de 1997, herramienta que requiere el presidente Gustavo Petro para adelantar conversaciones con los grupos armados ilegales en el marco de su política de paz. El texto conciliado, entre otros aspectos, acoge lo aprobado en Cámara sobre el servicio social para la paz, que sería alternativo al servicio militar obligatorio, el cual se había hundido en Senado. 

Igualmente, en la conciliación queda abierta la puerta para que el Gobierno pueda realizar una negociación de tipo político con las disidencias de las Farc e incluso con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’. 

Ello a pesar de la oposición de varios parlamentarios, como Humberto de la Calle, quien considera que como estas organizaciones traicionaron el Acuerdo de Paz, lo único que les queda es el sometimiento a la justicia.

El día de ayer se reunieron tres voceros ponentes de la Cámara de Representantes e igual número del Senado de la República con el ministro del Interior, Alfonso Prada, así como con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

En la reunión los parlamentarios explicaron al Gobierno cómo quedó la conciliación del proyecto por las diferencias que se presentaron en el articulado aprobado la semana anterior en las plenarias del Senado y de la Cámara.

El senador Ariel Ávila, de la coalición Centro Esperanza-Partido Alianza Verde, indicó: “lista la ponencia de conciliación sobre Paz Total. Se acogen 11 artículos de Cámara y nueve de Senado. Los artículos 10 y 11 sobre servicio social para la paz van. Aspiramos a que mañana (hoy) se vote en Cámara y Senado”. 

La propuesta del servicio social para la paz que hace el Gobierno va dirigida a los jóvenes que tienen la obligación de prestar el servicio militar, pero no quieren empuñar las armas. 

En este sentido el proyecto establece 11 formas en que se puede prestar este servicio social: promover la alfabetización digital; trabajo con víctimas del conflicto y promoción de sus derechos; cumplimiento de los acuerdos de paz; promover la política pública de paz; protección de la naturaleza, biodiversidad, las fuentes hídricas.

También los jóvenes podrán promover la paz étnica, cultural y territorial; trabajar en la protección y cuidado de personas en condición de discapacidad y mayores; trabajar en la reforma rural integral; ser vigía del patrimonio cultural de la Nación; trabajo con damnificados; así como educación en gestión de riesgo.

El representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, de la coalición Pacto Histórico, uno de los integrantes del equipo de conciliación del proyecto, explicó sobre el servicio social para la paz que “es importante también discutir el tema de la reglamentación, cómo va a operar, la gradualidad. Todos estos temas ya serán de la agenda del Gobierno”. 

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Otros artículos

Otros artículos que se hundieron en la plenaria del Senado, pero que fueron revividos en la conciliación al acoger lo que aprobó la Cámara, son la priorización de los planes para desminar el territorio, la publicación en un lugar especial –al que tenga acceso la ciudadanía– de los contratos relacionados con la paz y la vinculación de la naturaleza.

En este sentido, señala el respectivo artículo que “los acuerdos de paz o términos de sometimiento a la justicia podrán contener como medida de reparación la reconciliación con la naturaleza”.

Entre las principales modificaciones al proyecto que hizo la plenaria del Senado está lo que establecía el parágrafo 7º, el cual decía que “los acuerdos, acuerdos parciales y protocolos que se pacten en el marco de los diálogos y negociaciones de paz del Gobierno nacional con grupos armados al margen de la ley, que tengan por propósito la consecución y la consolidación de la paz, constituyen una política  pública de Estado, por tanto, es deber de las autoridades garantizar los mecanismos e instrumentos a su alcance tendientes a su cumplimiento”.

La oposición representada en el Centro Democrático manifestó, en el primer debate del proyecto, inquietud por esta disposición, la cual fue modificada por la plenaria del Senado. 

“Celebro que se haya aceptado la incorporación del cumplimiento de los requisitos constitucionales para poder convertir los acuerdos que se firmen con grupos ilegales o con estructuras armadas en acuerdos obligatorios”, dijo la senadora Paloma Valencia.

Añadió que “esto quiere decir que deben pasar (los acuerdos) por el Congreso o por un mecanismo de refrendación como garantías mínimas para la tranquilidad de los colombianos”.