EL MENSAJE de urgencia enviado por el gobierno al Congreso “cercenaría” el debate amplio, profundo y técnico que requiere el proyecto de Ley de Humanización del sistema Penal y Penitenciario.
Así lo consideró la Comisión Accidental para el Seguimiento, Vigilancia y Control a la Situación Penitenciaría y Carcelaria del país, por lo que solicitó al presidente Gustavo Petro retirar tal solicitud, abrir espacios de análisis para amplia participación de especialistas e interesados, evitar mensajes equivocados y hacerle las correcciones que se ameriten.
Los integrantes de esa Comisión, senadores Gustavo Moreno, Lorena Ríos, Soledad Tamayo y Karina Espinoza manifestaron, a través de un comunicado, que si bien el mencionado proyecto de ley es “loable y necesario como herramienta para superar el Estado de Cosas Inconstitucionales en el sistema carcelario debe someterse a un debate mucho más profundo y técnico que permita identificar otros aspectos que en realidad humanicen el sistema, Io hagan más eficiente y migre hacia un sistema sostenible y productivo”.
A renglón seguido insta al Ejecutivo a que “como todo proceso democrático, es necesario garantizar espacios en los que especialistas, comunidades y otros grupos interesados en el sistema carcelario, puedan aportar y nutrir la propuesta legislativa y por ello se hace necesaria la celebración de audiencias públicas y la instalación de mesas de trabajo técnicas con la participación de los miembros de la mesa interinstitucional que se instaló en octubre del 2022”.
De otra parte solicitan a que en el trámite del proyecto se eviten “todo tipo de mensajes políticos y sociales equivocados” que siembren dudas en la opinión pública, “especialmente en lo que respecta a la protección de los menores de edad, las mujeres y la libertad religiosa que se verían vulnerados con la supresión de varios tipos penales contemplados en este proyecto, delitos contra el sentimiento y la libertad religiosa y la familia, el incesto y la inasistencia alimentaria”.
Es por ello que la Comisión Accidental argumenta que la iniciativa debe corregirse y nutrirse desde el punto de vista técnico “y que ello nos permita implementar un sistema penitenciario y carcelario eficiente y seguro que garantice la dignidad de la población privada de la libertad, que reduzca los preocupantes índices de hacinamiento en los diferentes establecimientos de reclusión, que combata de manera contundente la evidente corrupción al interior de las entidades que conforman el sistema penitenciario y que logre resultados en materia de atención en salud mental, psicosocial y física, resocialización, rehabilitación y reinserción social, como fines principales de la pena”.
Tras recordar sus ejecutorias en este tema, entre ellas la celebración de tres audiencias públicas y la radicación de dos proyectos de ley complementarios a la iniciativa de origen gubernamental, los miembros de la Comisión Accidental instan al ministro de Justicia, a los presidentes de las Cortes, a sus compañeros del Congreso, a la Procuraduría, al Defensor del Pueblo, el Consejo de Política Criminal, a las organizaciones civiles, a “trabajar de manera conjunta en la definición de propósitos de una propuesta legislativa que nos permita superar la crisis carcelaria y hacer de este sistema un sistema productivo, equitativo, eficiente, seguro y transparente”.