Esperar hasta que el 12 de febrero el Consejo de Estado decidirá  la suerte de las curules para las víctimas, decidió el presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, quien se había comprometido a revivirlas.

Las 16 curules que estableció el acuerdo de paz con destino a las víctimas del conflicto armado no se han ocupado en los 18 meses del actual Congreso porque falta una reforma constitucional que les de vida.

Un proyecto en ese sentido fue impulsado por el gobierno anterior en el marco de la implementación de lo pactado en La Habana, pero terminó hundiéndose en noviembre de 2017, según la interpretación del entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, pues en la votación de la conciliación consideró que los 50 votos a favor no eran suficientes pues consideró sino que se requerían 51 apoyos.

Varios congresistas juzgaron que ese proyecto sí fue aprobado con los 50 votos a favor. Guillermo Rivera, entonces ministro del Interior, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la decisión de Cepeda.

Como lo informó EL NUEVO SIGLO, hace algunos días García anunció que revocaría el archivo del acto legislativo que creaba las curules para las víctimas, explicando que “para tomar esta decisión me basé en una decisión de la Corte Constitucional, un requerimiento de la Procuraduría y en los llamados que han hecho distintos sectores políticos y sociales”.

Sin embargo, el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, expuso que “esa sentencia es de 2019 y la interpretación que le quiere dar el Presidente del Senado es que una sentencia puede aplicarse retroactivamente a una situación de 2017, cosa que está absolutamente prohibida porque aplicar retroactivamente las sentencias de la Corte sería desbaratar el orden jurídico”.

Ceballos insistió en que el presidente Iván Duque anunció un proyecto de acto legislativo que será presentado cuando inicie la legislatura para establecer las curules de las víctimas, con unas diferencias frente al proyecto que busca revivir el senador García, por ejemplo que todos los partidos políticos puedan presentar candidatos y que las circunscripciones respondan a los lugares donde más víctimas hay.

Por otro lado, el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Orlando Burgos, le aseguró a este Diario que las curules fueron priorizadas para los municipios que tienen PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) pero muchas de las víctimas no pueden regresar a esos territorios.

“En esos municipios de forma unilateral el Gobierno asignó las curules bajo el entendido de que esos territorios eran los que habían sido más golpeados en Colombia. Seguramente sí, pero resulta que somos más de 9 millones de víctimas que de una u otra forma muchos salieron de esos territorios y no pudimos volver. Entonces grandes líderes y lideresas víctimas muy capacitadas siendo de los territorios no van a poder participar porque no tienen la más mínima posibilidad de retornar a esos territorios”, dijo Burgos.

Así mismo, indicó que “aquí no podemos esconder los intereses que tienen diferentes organizaciones que hacen parte de este país –partidos, grupos de ciudadanos– y una violencia que no se detiene, que también tiene intereses porque no podemos ocultar que los grupos al margen de la ley también tienen interés en esas curules, y que en muchas partes de ese territorio no va a poder participar de manera libre por la violencia que tiene este país. Entonces las muchas víctimas no vamos a poder participar de las curules”.